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Buscan criminalizar la libertad de expresión, señalan expertos


La hija de la magistrada Dina Ochoa intentó censurar a “elPeriódico” por exponer que el TSE le renovó su contrato.

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Esta semana se conoció que el Juzgado de Femicidio giró una orden de restricción firmada por la jueza Anaelsee Ramírez Pérez, contra Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico; Gerson Ortíz, jefe de Redacción, y Cristian Velix, reportero.

Dicha denuncia se hizo luego de una nota que se publicó el 22 de abril de 2022, titulada TSE renueva contrato de la hija de la presidenta de la CC. La publicación tuvo como fin sacar a la luz un hecho de interés público, como la contratación de la denunciante en el Tribunal Supremo Electoral.

Expertos consultados consideran que esa acción puede constituir un intento por criminalizar la libertad de expresión en Guatemala, ya que se está desnaturalizando la Ley de Femicidio para censurar a un medio de comunicación. 

El presidente del Instituto de Derecho Constitucional, Garantismo y Justicia, Erwin Lobos Ríos, aseguró que una ley ordinaria no puede ir en contra de un principio constitucional. 

“No se puede utilizar una ley ordinaria de jerarquía inferior en contra de un principio constitucional como la libertad de expresión. Un periodista puede exponer hechos u opinar, y no se le puede criminalizar sobre la base de una ley de femicidio”, dijo. 

Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), calificó como preocupante ese tipo de resoluciones; asegura que esto deslegitima las denuncias que en realidad requieren protección del Estado.

Barrios ejemplificó la situación de exfiscales (Siomara Sosa y Leyli Santizo) que fueron agredidas por un integrante de la Fundación contra el Terrorismo; afirmó que aunque hubo agresión verbal e intimidaciones, el Estado les negó la protección. “Acá recae en los jueces la responsabilidad de mantener los fines para los que la Ley contra el Femicidio fue creada”, añadió.

El abogado Édgar Ortiz considera que ve una tendencia alta en que se repitan casos en los que se utilice una ley de violencia contra la mujer en contra de periodistas. Añade que existe un problema en la aplicación de esa norma. 

“Es delicado que los jueces acepten esos casos. Al final cualquier persona puede presentar la petición que quiera. Se ha desnaturalizado la figura y también siento que hay ignorancia de algunos jueces en aceptar esas quejas que entran en conflicto con la libertad de expresión”, añadió Ortiz. 

El 9 de mayo de 2019, durante el proceso electoral, Sandra Torres denunció a seis editores de elPeriódico. Aunque en principio la demanda fue rechazada, una Sala de Apelaciones revirtió el fallo, con lo cual se ordenó no escribir ni publicar nada de ella.

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