(El Periódico reproduce la nota completa de The New Yorker). Crédito fotografías: The New Yorker. En una mañana de enero, Rudy Herrera, un fiscal federal de 37 años, estaba trabajando en su oficina en el cuarto piso del Ministerio Público, en el centro de Ciudad de Guatemala, cuando un colega lo apartó para preguntarle sobre un caso. Entraron en un baño cercano, donde no había nadie más alrededor. El caso en cuestión, conocido como “ comisiones paralelas”, involucró a un grupo de operadores políticos y funcionarios públicos que conspiraron ilegalmente para colocar jueces favorables en dos tribunales superiores. La unidad anticorrupción de élite del…