Cuatro mujeres presentaron ayer un amparo en contra del Decreto 18-2022 que contiene la Ley de Protección a la Vida y la Familia.  La normativa sanciona con hasta 10 años de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause». Actualmente la pena máxima es de tres años.  La abogada Marisa Carrascosa, una de las mujeres que pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) dejar sin efecto el decreto, indicó en un mensaje en Twitter que considera importante que el Código Penal no tenga conceptos que criminalicen las pérdidas.  Carrascosa expresó que “la…