El pasado 25 de enero, el Ministerio Público (MP) recibió una denuncia de parte de un grupo de trabajadores del Fondo Social de Solidaridad (FSS), entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, en contra del diputado Armando Castillo. Según consta en la denuncia es por la comisión de los delitos de coacción, amenazas, extorsión, abuso de autoridad y cobro ilegal de comisiones.  Según se expone, fue gracias al legislador que estas 15 personas consiguieron una plaza en el FSS y que el acuerdo era que al tener trabajo estos pasarían una cuota en agradecimiento por haberlos colocado. “Nosotros hemos cumplido con…