Francia: Sarkozy, culpable de financiación ilegal de campaña

La justicia francesa condenó ayer al expresidente conservador Nicolas Sarkozy a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña, tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012, aunque podrá evitar la prisión.

El ex jefe de Estado entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, “continuó con la organización de mitines”, pese a haber sido advertido “por escrito del riesgo de superar” el límite legal de gasto, reza el veredicto.

“No era su primera campaña. Ya tenía experiencia como candidato”, agregó la presidenta del tribunal, Caroline Viguier, que le impuso un año de prisión, aunque le permite cumplirlo en su domicilio con una pulsera electrónica.

Ausente en el tribunal durante la lectura del veredicto, el líder conservador, alejado desde 2016 de la primera línea política aunque todavía muy influyente en la derecha francesa y europea, anunció por medio de su abogado, Thierry Herzog que recurrirá la sentencia, como ya hizo con la dictada en marzo pasado, lo que deja ambas en suspenso.

“Llegaré hasta el final en esta búsqueda, que va más allá de mi caso personal, porque todo el mundo puede encontrarse un día con una injusticia”, reaccionó en la noche el exmandatario en sus redes sociales.

Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República (régimen iniciado en 1958) en ser sentenciado a prisión firme (un año) por corrupción y tráfico de influencias en otro caso. Su defensa también recurrió.

La condena de este jueves se produce en el llamado caso Bygmalion, que se sumergió en las cuentas de la campaña de la presidencial de 2012, que el entonces mandatario perdió contra el socialista François Hollande.

El tribunal le impuso la pena máxima y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de “espectáculos a la estadounidense”, en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse de ellos. 

Este exceso de gastos se habría ocultado a continuación en un montaje financiero entre el entonces partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP) –actualmente Los Republicanos– y la empresa que organizó los eventos, Bygmalion.

A diferencia de los otros 13 acusados, a los que se les impuso penas de dos a tres años y medio de prisión, al ex jefe de Estado no se le acusaba del sistema de doble contabilidad puesto en marcha, sino de “financiación ilegal de campaña”.

Según la acusación, durante la campaña electoral de 2012, se gastaron 42.8 millones de euros (unos US$49.6 millones al cambio actual), casi el doble del límite legal.

Pendientes

El exmandatario también tiene abiertos otros procesos. La justicia lo acusa de corrupción pasiva y asociación de malhechores, entre otros delitos, por la presunta financiación libia de su campaña de 2007 que lo llevó al Elíseo. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo investiga además por tráfico de influencias y blanqueo de un crimen o un delito, en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.