Con rivales presos, se despeja el camino para la reelección de Daniel Ortega

La detención del domingo de un quinto opositor con intenciones de postular a la presidencia augura unas elecciones con el campo libre para un cuarto mandato de Daniel Ortega en Nicaragua, aunque probablemente deba negociar para evitar el aislamiento internacional.

A cinco meses de los comicios han sido detenidas 17 personas, entre líderes políticos, exguerrilleros disidentes, periodistas, empresarios y hasta un banquero, acusados de “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, en el poder desde 2007.

“Ortega está demostrando que no está dispuesto a jugarse el poder. Él llegó para quedarse y pagará cualquier costo para perpetuarse”, dijo la escritora nicaragüense Gioconda Belli, vía WhatsApp desde Estados Unidos. Para ella, las elecciones “serán un teatro”. Con la detención de varios precandidatos, cree que “la oposición no debe participar”.

Las acciones del gobierno de Ortega, líder de la exguerrilla de izquierda Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), han motivado sanciones de la comunidad internacional por socavar la democracia y atentar contra los derechos humanos. 

La Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), mantiene su posición de acudir a los comicios con el candidato disponible. El registro de participantes se realizará entre el 28 de julio y 2 de agosto.

“En este escenario de debilidad (Ortega) está buscando culpables, tomando rehenes con la esperanza quizá de negociar y haciendo demostraciones ridículas de fuerza”, dijo la líder del CXL, Kitty Monterrey, a la revista digital ‘Confidencial’.

Para el sociólogo Oscar René Vargas, la lógica de Ortega es eliminar a cualquier potencial rival que ponga en riesgo su reelección. El proceso electoral se desarrolla “bajo un Estado de Sitio de facto”, indicó. Según Vargas, la estrategia de Ortega es permitir la participación de candidatos a su medida “para ganar un mínimo de legitimidad”.

Pero, ante la reacción internacional, “podría verse obligado a llamar a una negociación antes de la votación”, estimó Vargas, quien está exiliado en Costa Rica tras las protestas de 2018. 

Vargas advirtió que “Ortega tiene que valorar que se está quedando solo (…) porque si México y Argentina han desistido de ayudarlo es evidente el aislamiento y se expone a mayores sanciones”.

Para la canciller de Panamá, Erika Mouynes, “estamos viviendo lo que se vivió en algún momento cuando la situación con (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro recrudeció” y se reaccionó con sanciones.

“Es poner a prueba a la comunidad internacional: si utilizamos la misma receta y no tenemos soluciones concretas, o vamos a encontrar alguna manera de tratar de aliviar la situación (…) en beneficio del pueblo nicaragüense que realmente se merece unas elecciones transparentes”, manifestó.

Quinto candidato

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) instó ayer al Gobierno de Nicaragua a “liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente” en el país, tras el arresto del quinto precandidato opositor a la Presidencia.

El último aspirante preso fue Miguel Mora, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por el Gobierno en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, Mora lanzó su precandidatura el 6 de marzo pasado, y ya estuvo preso entre diciembre de 2018 y junio de 2019 acusado de “conspiración para cometer actos terroristas”, entre otros. -EFE/AFP

A consultas

México y Argentina llamaron ayer a consultas a sus embajadores en Nicaragua por “las preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno de Daniel Ortega, aunque sin condenar sus acciones.

“Han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”, indicó el boletín. México y Argentina han manifestado “su preocupación”, pero se negaron a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”. -EFE