Miércoles 12 DE Diciembre DE 2018
La Columna

Sublevación y sofocamiento en la Usac

— Andrés Zepeda
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  1. Desde finales de la década anterior la Universidad San Carlos venía haciendo cada vez más explícita su afinidad con las ideas marxistas. El plan de estudios de 1975 para la facultad de Economía creaba el Área Común, un diseño en paquete de 16 cursos de carácter obligatorio por los que todos los alumnos, sin excepción, tenían que pasar –algo así como la UFM con sus cursos de Hayek y Von Mises.

 

Muchos contadores o administradores de empresas no entendían a cuenta de qué aprender esas cosas. La respuesta oficial era que se les estaba dotando de una formación humanística, que quienes aspiraran a ser profesionales no podían obviar la dinámica que existe entre las clases sociales.

 

“El mundo entero se desangra luchando unos por mantener su predominio, y otros luchando por su libertad. Un estudiante debe conocer estos fenómenos y saber explicarlos, entendiendo que las causas de los mismos se encuentran en las relaciones de producción”, expuso el entonces decano Vitalino Girón, asesinado años después, en octubre de 1984, por las fuerzas terroristas del gobierno militar.

 

Paralelamente la facultad creaba el Departamento de Estudios de los Problemas Nacionales, que denunció el contrato de concesión de la Empresa Eléctrica, la legislación sobre regalías petroleras y las condiciones en las que se negoció la extracción de níquel en Izabal. Reclamaban, además, un impuesto especial al banano y una empresa municipal de transporte público para la ciudad.

 

Desde octubre de 1978 crecía cada vez más la ola de crímenes políticos. En los dos años siguientes fueron desmanteladas las estructuras en las que había trabajado el PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo, prohibido y perseguido desde el golpe de Estado de 1954). La inteligencia militar, la Policía Judicial y los escuadrones de la muerte asesinaron a los principales dirigentes estudiantiles. El resto huyó al exilio.

 

Febrero de 1984. En un retén policial secuestran a Édgar Fernando García, sindicalista y estudiante de la USAC (el protagonismo mediático de su entonces esposa, Nineth Montenegro, surge de ahí). Tres meses más tarde, el 15 de mayo, desaparecen a Rubén Amílcar Farfán, también sindicalista y estudiante carolingio. Ese mismo día secuestran a Carlos Cuevas y a Otto Estrada. Seis días después capturan a Gustavo Castañón. Todos eran militantes del PGT.

 

Sus esposas y hermanas emprendieron una cruzada frenética, desesperada, por hallar su paradero. Visitaron cuarteles, hospitales, morgues, manicomios. Ni un rastro. Ni una respuesta. Cero. Nada. Golpeaban cacerolas enfrente del Palacio Nacional hasta que las vencía el cansancio. Eran mujeres de clase media, sin actividad política hasta ese momento. Se conocieron en los pasillos y recepciones de las instancias públicas que visitaban día tras día, una y otra vez. Juntas formaron el denominado Grupo de Apoyo Mutuo.

 

“Yo las voy a llamar para avisarles en dónde tienen que ir a recogerlos”, les prometió el rector Eduardo Meyer. Fue un jueves de junio. Esperaron el viernes, y el sábado, y todo el domingo, pero el teléfono nunca sonó. El lunes volvieron a la universidad, pero el rector “estaba ocupado y no podía atenderlas”.

 

“Meyer dijo que se sentía hipócrita recibiendo a los familiares de los secuestrados y prometiéndoles ayuda cuando sabía que el Gobierno no acabaría con la violencia”, consigna un cable de la Embajada de los EE.UU. fechado 24 de mayo de 1984.

 

Continuará.

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