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Investigación

La caja chica de Sandra Torres


Maquillaje, salón de belleza, su seguridad personal, los honorarios de la empresa de su hijo que le manejaba sus redes sociales, los salarios de su personal doméstico y hasta los gastos del supermercado le eran cancelados a Sandra Torres Casanova, ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con los fondos aportados a dicho partido político por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por concepto de financiamiento público (deuda electoral).

foto-articulo-Investigación

Casi Q14 millones recibió el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) entre 2016 y 2019 (unos Q3.5 millones anuales) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por concepto de financiamiento público por los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2015.

Cada año los partidos políticos que obtuvieron más del cinco por ciento de los votos válidos y/o que hayan colocado al menos un diputado al Congreso en el anterior proceso electoral reciben el equivalente a US$2 por cada voto válido obtenido de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como aporte del Estado para el financiamiento de sus actividades, la denominada “deuda electoral”; la cual de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) debe destinarse exclusivamente a la formación y capacitación de sus afiliados, actividades y funcionamiento de la sede nacional, del partido y gastos de campaña en el año electoral.  

elPeriódico tuvo acceso a algunos documentos que muestran los gastos realizados por Sandra Torres, entre ellos pagos de seguridad, salon de belleza, contratos a empresas de familiares, así como cheques a los representantes legales de las empresas la ex candidata presidencial de la UNE.

La agrupación política mantiene una disputa legal a lo interno del partido por el control, esto luego de que la secretaria general electa en la última asamblea, Sandra Torres, fue acusada por el Ministerio Público y quedó ligada a proceso por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

Torres está ligada a proceso tras revelarse varios audios donde hablan de sumas millonarias, de la forma en la quienes van a recibir el dinero, así como de quiénes van a aportar y en qué forma. 

Además existen testimonios de empresarios que aportaron recursos a la campaña de Torres y que no fueron reportados al TSE; algunos aceptaron haber entregado cheques a la agrupación política, pero no han sido suficientes para que el proceso en contra de la excandidata avance.

Los documentos a los que tuvo acceso elPeriódico revelan cómo eran manejados los fondos del partido por parte de la ex candidata presidencial.

Su hijo, su “community manager”

Entre los gastos realizados por la UNE bajo la gestión de Sandra Torres y que fueron reportados al TSE para justificar el uso de los fondos públicos figuran varios pagos a la empresa Blackbox, de la cual su hijo Edgar de León Torres es fundador y representante legal, la que estaba a cargo de manejar las redes sociales del partido y de la excandidata.

Blackbox fue fundada por Edgar de León Torres y su amigo Nery Fernando Guzmán Castañón, excandidato a diputado de la UNE, quien también es presidente del Consejo de Administración de Confecciones con Estilo S.A., una empresa maquiladora propiedad de Sandra Torres.

De acuerdo con los documentos, Blackbox y los amigos de Edgar de León Torres daban capacitaciones y manejaban las redes sociales del partido y de la candidata, por lo que entre 2016 y 2020 percibieron Q1.06 millones del financiamiento público.

Solo Blackbox facturó entre septiembre de 2016 y diciembre de 2019 un total de Q521 mil 370.66.

Además del abogado, el partido también pagaba el maquillaje a la excandidata a la Presidencia, según archivos a los que elPeriódico tuvo acceso.
Fotos Edgar Pocón

Para maquillaje y para el súper

Otros de los gastos que cubría el partido UNE fueron los “gastos blandos”, los cuales eran liquidados por Mario Valdeavellano Hernández, su encargado de seguridad y actual diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Por concepto de “gastos blandos” se pagaban desde las listas del supermercado hasta el maquillaje para la ex candidata presidencial; los documentos presentados por la UNE al TSE dan cuenta de más de Q336 mil gastados entre enero de 2016 y diciembre de 2019, es decir un gasto promedio aproximado de Q7 mil mensuales provenientes del erario nacional.

Para su seguridad personal

Otro de los avances preliminares de la auditoría revela que los fondos aportados por el Estado a la UNE eran utilizados para pagar la seguridad personal de Sandra Torres. La justificación de los gastos entregada al TSE reporta la contratación de varios agentes de seguridad que, según el Comité Ejecutivo, cuidaban a Torres y no la sede de la agrupación.

La UNE pagó a un total de 16 personas para que cuidaran a Torres, quien siempre tenía una escolta de dos guardaespaldas (el reporte revela una alta rotación de personal), por los que se desembolsaron  más de Q599 mil en salarios entre mayo de 2017 hasta enero de 2020.

Pagos a personal doméstico 

Los documentos también revelan que personal al que se le pagaba su salario no prestaba sus servicios en la sede del partido, como se puede justificar el uso de los recursos que entrega el TSE para el funcionamiento de las organizaciones políticas. 

Según los hallazgos, al menos 13 personas a quienes el partido les pagó en algún momento, laboraban como personal de mantenimiento en la casa de Torres. Este rubro la agrupación política lo ha cuantificado en poco más de Q198 mil pagados entre 2016 y enero de 2020. 

Los pagos de Torres
Los documentos preliminares de la auditoría realizada por el partido, a los que elPeriódico tuvo acceso, muestran algunos de los pagos realizados por el partido a empresas como la sociedad en la cual el hijo fue fundador y representante legal, así como pagos al mismo hijo de Torres, liquidación de pagos por maquillaje y pagos a su testaferro entre otras.

 

 

Analizarán acciones legales

Óscar Argueta, quien en octubre de 2019 asumió la Secretaría General luego de que Torres fuera ligada a proceso por el caso de financiamiento electoral no registrado, señala que cuando concluyan las auditorías definirán qué acciones legales tomarán por el uso de los fondos.

“En octubre que asumimos la conducción del Comité Ejecutivo Nacional, coincidió con la auditoría externa anual que por ley se debe realizar, entonces la auditoría nos hizo observaciones y, para desvanecer los posibles hallazgos, revisamos varios años para atrás, buscando contratos y términos de referencia. Nuestra desagradable sorpresa fue que muchos gastos mensuales no tenían respaldo, no habían productos o servicios entregados al partido, mismos que además de inmorales son injustificables. En esas semanas el Comité Ejecutivo Nacional decidió dar por terminados esos contratos, buscar nueva sede hacia una que sí tuviera las condiciones y que fuera contratada institucionalmente”, señaló Argueta.

elPeriódico intentó contactar a Torres para conocer su opinión sobre la auditoría que se realizó al uso de los recursos públicos que se le entregaron al partido, pero el último celular con el cual se sabía que respondía, se encuentra deshabilitado.

TSE y Contraloría evaden responsabilidad

De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su Artículo 19 establece que el Secretario General Nacional de cada partido político queda sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y del TSE, cada quien dentro de su competencia constitucional, por la administración o manejo de los fondos provenientes del financiamiento público o privado establecido en la presente ley, en la proporción que a cada quien se le asigne y son personalmente responsables en cuanto al cumplimiento de los fines establecidos en esta ley.

José Alberto Ramírez, subcontralor de la Contraloría General de Cuentas, señaló que su institución, a quien audita de forma directa es al Tribunal Supremo Electoral, quien es la institución del Estado que recibe los recursos y los traslada a los partidos políticos. El TSE, según el Contralor, es quien debe realizar las auditorías a cada partido para fiscalizar el uso que le dan a estos recursos y a partir de estos hallazgos es que la Contraloría puede intervenir.

Según Ramírez, este año tienen contemplado partir de los informes que emita el TSE, auditar los gastos en los que incurrieron las agrupaciones políticas con los fondos públicos entregados.

elPeriódico intentó conocer también la postura del TSE respecto de los hallazgos hechos por la agrupación política, sin embargo, al cierre de la edición no se había obtenido una respuesta por parte del Departamento de Comunicación Social de la institución.

Para Manfredo Marroquín, especialista en temas de transparencia, los fondos entregados por el TSE deberían de ceñirse al uso que está establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Se supone que hay destinos fijados para esos fondos, una parte debería de estar dirigida a gastos operativos, otra parte a temas de capacitación y formación, pero esos gastos no deberían de ser aceptados por el TSE, debería de haber una auditoría que compruebe que hay mal uso de esos recursos para favorecer a familiares y allegados. Los fondos públicos no deben ser una caja chica de los candidatos a la Presidencia, ni de los integrantes de los partidos políticos”, señaló Marroquín.

 

El abogado de Torres pagado con fondos del Estado
Leonel Enrique Castañeda, quien ha sido abogado de Sandra Torres en varios proceso legales incluido el de financiamiento electoral no registrado por el cual se le ligó a proceso, percibió honorarios profesionales desde noviembre de 2017 hasta enero de 2020. En total el defensor de Torres recibió al menos Q151 mil provenientes del dinero público entregado a la UNE.

Castañera fue el encargado de censurar a elPeriódico por medio de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de delitos de Femicidio, en el cual se ordenó a los editores del medio, así como a su presidente, que no hablaran acerca de la excandidata en mayo de 2019.

Testaferro de Sandra, bodeguero en la UNE

En la planilla de empleados de la UNE, que eran pagados con fondos provenientes con financiamiento público, figura Jorge Ricardo Arévalo Solorzano, fundador y representante legal de Mini Bodegas de Mixco, Sociedad Anónima, empresa propiedad de Sandra Torres. Arévalo  también fue representante legal de Confecciones con Estilo, S.A. 

Arévalo estaba contratado como “bodeguero” de la UNE y percibía un salario mensual pagado con fondos de la deuda electoral, a pesar de que el partido carecía de bodega.

Arévalo, según las escrituras públicas, era el “dueño” del 50 por ciento de las acciones de Mini Bodegas de Mixco, que ahora es representada por Nadia de León Torres, hija de la excandidata. 

Arévalo fue electo como diputado suplente del Parlamento Centroamericano por la UNE en las elecciones de 2019. También estuvo contratado en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno de la UNE (en 2009 y 2010) y en el Ministerio de Desarrollo Social con el gobierno de Jymmy Morales (de 2016 a 2018), en total percibió del Estado Q213 mil por dichos contratos.

Torres antes de involucrarse en la política fue dueña de maquilas y aseguraba en cada campaña que vivía de la renta de sus bodegas en Mixco; pero también tenía a por lo menos dos empleados de sus empresas percibiendo los recursos del Estado entregados al partido.

Otro representante legal de Mini Bodegas de Mixco S.A. es Nery Guzmán Castañón, quien además de ser socio de Edgar de León Torres (hijo de Sandra) en la empresa Blackbox, percibió recursos por “creación de contenido digital” por más de Q73 mil entre enero y julio de 2017.

El contrato que firmó el asesor de Allan Rodríguez

Dentro de las cuentas que pagaba el partido UNE cada mes, se encuentra el alquiler de la sede del partido ubicada en la zona 10 de la ciudad; por esta casa la agrupación política desembolsaba cada mes US$1,800 provenientes de los recursos de la deuda electoral.

Sin embargo, en el contrato de alquiler no fue firmado por la Secretaría General de la UNE, sino que por un afiliado.

El contrato con los dueños de la propiedad fue hecho, según los documentos públicos, por Bryan Wellmann, exdirector de Educación Física durante el gobierno de la UNE y secretario de Organización en la campaña 2011, en la cual Torres no compitió por su impedimento legal. 

Wellmann es actualmente la mano derecha del presidente del Congreso Allan Rodríguez, en donde está contratado como asesor.

Wellmann pasó también por las filas del partido Lider, regresó a la UNE de Sandra Torres y luego con Rodríguez, a quien conoció cuando ambos militaron en el Partido de Avanzada Nacional (PAN).

El contrato fue firmado en febrero de 2012 por el ahora asesor de Rodríguez y firmó como fiadora a Dunia Dayana Fuentes Ayala, pareja de Wellmann, quien trabajó para el gobierno de la UNE prestando servicios de animación y recreación para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y para el Ministerio de Cultura y Deportes.

En el contrato en ningún momento se menciona que el inmueble servirá para la sede del partido político, sin embargo, desde 2012 hasta marzo pasado, el partido UNE desembolsó un total de Q1 millón 273 mil 114.50 por concepto de alquiler en el inmueble rentado por Wellmann y su pareja, según los documentos de la auditoría realizada.

 

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