Domingo 27 DE Septiembre DE 2020
Investigación

La funcionaria multiempleos

Gabriela María Guzmán Pérez pasó de asesorar en compras a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), a realizar evaluaciones para la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), vender mascarillas al Ministerio de Salud y varias municipalidades, fue subjefa de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), capacitadora de empleados portuarios y además vendía cemento, todo en siete meses burlando la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Fecha de publicación: 07-09-20
Gabriela Guzmán, subsecretaria de la SOSEP, en una reunión en el Congreso de la República.
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt

Con cada gobierno surgen oportunidades de hacer negocios o de conseguir empleo o ambos.

Esto lo tenía bien claro Gabriela María Guzmán Pérez, una administradora de empresas originaria de Zacapa, experta en finanzas y desarrollo de negocios, que en apenas siete meses de la actual gestión pasó de asesora a proveedora, funcionaria y de nuevo a contratista del Estado.

Primer contrato

Su primer trabajo con el actual gobierno lo consiguió el 13 de febrero pasado en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac). Milton Anderson no tenía ni tres semanas de haber asumido el cargo de gerente general de la Empornac cuando aprobó la contratación de Guzmán Pérez para prestar sus servicios profesionales de asesoría y análisis del área administrativa y financiera de la Empornac además de analizar y evaluar los proyectos relacionados con las distintas adquisiciones de bienes, servicios y suministros de la Portuaria.

Guzmán Pérez suscribió un contrato administrativo por 10 meses y 18 días del 13 de febrero al 31 de diciembre de 2020 por los que percibiría Q319 mil mediante 11 pagos mensuales de Q29 mil. 

Los negocios portuarios son la especialidad de Guzmán Pérez y su socio José René Delgado Lorenzana, con quien tiene empresas que prestan servicios de consultoría, logística, pesaje, venta de equipo portuario, arrendamiento de grúas y reparación de remolcadores, etcétera.

En diciembre de 2017 la empresa Cashman Industries, S. A., de la cual fue representante legal Gabriela María Guzmán Pérez, cobró Q66 mil 167.82 por reparar y dar mantenimiento a los guardacostas Kaibil Balam y Kukulcán del Ministerio de la Defensa Nacional. 

Pero Guzmán Pérez no llegó sola a la Empornac, junto con ella fue contratado su padre, Oliver Guzmán Orellana, un agrónomo de 61 años oriundo de Zacapa, el 17 de febrero pasado por un plazo de 10 meses y 13 días, del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020, para asesorar en temas de medioambiente, saneamiento y catastro e igualmente en la elaboración de pedidos para que las diferentes modalidades de adquisición de bienes, suministros y servicios de la portuaria cumplan las disposiciones ambientales contenidas en la legislación guatemalteca e internacional.

Por sus servicios Guzmán Orellana percibiría Q319 mil anuales, mediante 11 pagos mensuales de Q29 mil. Padre e hija obtuvieron los dos contratos más onerosos de la Empornac.

El 13 de julio pasado la Empornac modificó el contrato de Guzmán Orellana a dos meses que finalizaron el 31 de agosto por lo que percibió Q58 mil divididos en dos pagos de Q29 mil.

Padre e hija contratados en la Empornac: Gabriela Guzmán y su papá Oliver Guzmán fueron contratados como asesores de la portuaria Santo Tomás de Castilla en febrero pasado. Ambos percibirían honorarios por Q319 mil (unos Q29 mil al mes), los dos contratos más onerosos de la Empornac.

También fue contratado por la Empornac Rony Manfredo Hernández Linares, socio de Guzmán Pérez en la empresa Negocios e Inversiones Cuatro Amigos, S. A., gerente general de la agencia naviera TEPSA que opera en Puerto Quetzal y distribuidor de cemento, quien fue contratado el 25 de febrero para prestar servicios técnicos de operaciones portuarias por un plazo de 4 meses y 5 días por los que devengaría Q100 mil divididos en cinco pagos de Q20 mil cada uno. 

Según trabajadores portuarios, Guzmán Pérez se jactaba de tener buena amistad con diputados y autoridades portuarias, incluido el viceministro de Puertos y Aeropuertos, Mariano Díaz.

Segundo contrato

El 4 de marzo pasado, Guzmán Pérez fue contratada por Carlos Francisco Molina, jefe de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) para prestar sus servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación de los procesos administrativos del despacho superior del 4 al 31 de marzo por los que devengaría honorarios por Q45 mil.

Cómo Guzmán Pérez ya tenía un contrato bajo renglón presupuestario 029 (honorarios por servicios profesionales temporales) en la Empornac, la SBS la contrató bajo el renglón 189 (otros estudios y/o servicios técnicos y profesionales) para burlar la Ley de Contrataciones del Estado (no se puede tener dos contratos vigentes bajo el mismo renglón presupuestario –029– con el Estado).

Aunque los contratos con la Portuaria Santo Tomás de Castilla y la Secretaría de Bienestar Social no establecían horario, se desconoce cuándo prestaba sus servicios a ambas entidades públicas.

Tercer negocio, ventas al Estado

A pesar de la carga de trabajo por los contratos en la Empornac y la SBS, Guzmán Pérez se las arregló para venderle suministros a diversas entidades públicas a través de su empresa individual Variedades Gaby, ubicada en la 15 avenida “A” 10-33 zona 1, Barrio La Laguna, Zacapa.

El 23 de marzo, Guzmán Pérez le vendió botes de alcohol gel a la municipalidad de Salamá, Baja Verapaz, por un monto de Q24 mil 500 y guantes plásticos por Q6 mil 500.

El 24 de marzo le vendió mil mascarillas a la municipalidad de San Cristóbal Cucho, San Marcos, por un valor de Q5 mil. Ese mismo día, le vendió 2 mil mascarillas a la municipalidad de Pastores, Sacatepéquez, para uso de los vecinos, por un monto de Q10 mil.

El 25 de marzo, Guzmán Pérez le hizo dos ventas de mascarillas a la dirección del área de Salud de Jutiapa del Ministerio de Salud Pública por un monto de Q23 mil 750 cada una, un fraccionamiento para evitar superar el límite máximo autorizado para las compras directas de baja cuantía. 

Ese mismo día Guzmán Pérez le vendió detergente para la limpieza del edificio municipal a la municipalidad de Salamá, Baja Verapaz, por un monto de Q6 mil 500.

Todas las ventas realizadas por Guzmán Pérez a dichas entidades públicas fueron por medio de compras directas de baja cuantía (sin licitación o cotización) aprovechando la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Antes del actual gobierno, su empresa Variedades Gaby no reporta ninguna venta a entidades públicas según el portal electrónico Guatecompras y su giro de negocio es la venta de ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños.

De asesora a funcionaria

El 2 de marzo la Empornac modificó el contrato administrativo con Guzmán Pérez y redujo el plazo de diez a dos meses, que se calcularían del 2 de marzo al 30 de abril por los que percibiría honorarios por Q87 mil, divididos en tres pagos de Q29 mil (el primero lo recibió el 29 de febrero y los dos restantes el último día de marzo y de abril) contra entrega de facturas e informes de trabajo.

El 27 de marzo, Guzmán Pérez fue nombrada subsecretaria de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) según el Acuerdo Gubernativo 92-2020. Aunque aún tenía contrato vigente con la SBS (finalizó el 31 de marzo) y con la Empornac asumió el cargo. Guzmán Pérez laboró en la SOSEP hasta el 1 de agosto pasado cuando presentó su renuncia intempestivamente.

Se intentó entrevistar a Thelma Portillo, jefa de la SOSEP, para conocer las razones de la renuncia de Guzmán Pérez pero no fue posible localizarla. Fuentes internas de la SOSEP señalan que su renuncia podría deberse a que le fueron descubiertos algunos negocios privados que tenía en las portuarias donde dio una asesoría y que es accionista de una distribuidora de cemento chino.

José René Delgado Lorenzana, socio de Guzmán Pérez, es presidente y representante legal de Negocios e Inversiones Cuatro Amigos, S. A., la cual en 2019 vendió cemento por Q144 mil 389 a las municipalidades de Purulhá, Baja Verapaz; El Jícaro y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, departamentos donde tienen la distribución de dicho producto.

Gabriela Guzmán prestó sus servicios en la Secretaría de Bienestar Social del 4 al 31 de marzo pasado. El 27 de marzo fue nombrada subsecretaria de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

En marzo, Guzmán le vendió mascarillas al Ministerio de Salud Pública, así como a varias municipalidades del país.

De regreso a la Portuaria

Tras renunciar a la SOSEP, Guzmán Pérez regresó a sus empresas y a los negocios portuarios.

El 13 de agosto, la Empornac publicó cuatro concursos de compra directa con oferta electrónica en Guatecompras para contratar servicios de capacitación para los empleados de la Portuaria. 

El 17 de agosto, día de la presentación de ofertas electrónicas, la única empresa que participó fue Integral Consulting International Group, S. A. de la cual Guzmán Pérez es fundadora y CEO y donde trabaja su papá Oliver Guzmán Orellana como consultor, a la cual le fueron adjudicados tres días después las cuatro capacitaciones por valor de Q85 mil cada una (Q340 mil en total).

Sin embargo, la suerte de Guzmán Pérez se acabó luego de que el presidente Alejandro Giammattei destituyera a Milton Anderson y posteriormente a Francisco Pineda, gerente general y presidente de la Junta Directiva de la Empornac respectivamente, el 5 y 13 de agosto pasado, por retrasar la implementación de un sistema de rayos X en las instalaciones portuarias.

La nueva gerente general de la Empornac, Aura Cabrera Figueroa de Piloña, resolvió prescindir (anular) los concursos adjudicados a la empresa de Guzmán Pérez debido a las disposiciones presidenciales del Estado de Calamidad para combatir la propagación del COVID-19 ya que la realización de los mismos hubiera significado un gran riesgo por congregar a una gran cantidad de trabajadores de la Portuaria, lo cual hace inviable cualquier contratación de capacitación.

Thelma Portillo y Gabriela Guzmán encargadas de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente durante una conferencia de prensa.

Tráfico de influencias y falta de control

> De acuerdo con un abogado laboral consultado que prefiere omitir su nombre, el caso sui generis de Guzmán Pérez demuestra los abusos y el tráfico de influencias que se cometen en las contrataciones de asesores y el nombramiento de funcionarios públicos. 

Explicó que tener dos contratos simultáneos en diferentes entidades públicas es incompatible con sus horarios de trabajo, porque a qué hora laboraba en el Puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal, y en qué momento asesoraba al Secretario de Bienestar Social en la ciudad capital.

Además al vender mascarillas y alcohol al Ministerio de Salud y a las municipalidades se convierte automáticamente en proveedora del Estado y aún tenía un contrato vigente en la Portuaria, eso le impedía asumir como funcionaria en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, los contratistas del Estado no pueden ser funcionarios públicos, concluyó el abogado.

Manfredo Marroquín, analista en Temas de Transparencia, opinó que es un caso típico de personas que están muy bien conectadas con gente de gobierno y que tienen esa facilidad de lograr puestos ya que se privilegia el amiguismo y el tráfico de influencias, pero lo más grave es que tengan ese doble rol de proveedores y funcionarios, lo cual está prohibido y es un conflicto de interés total.

“Lo más preocupante es la ausencia total de la Contraloría que tendría que estar vigilante de este tipo de casos; de ser consultora pasa a ser proveedora, luego funcionaria y de nuevo proveedora, cualquier organismo de control mínimo debería de reportarlo y sancionarlo”, concluyó Marroquín.