Jueves 1 DE Octubre DE 2020
Investigación

De Italia a Miami vía Nicaragua: la fuga de la dueña de los canales

Alba Elvira Lorenzana Cardona de González, esposa del magnate de la televisión abierta Ángel González y exrepresentante de uno de sus canales en Guatemala, tiene una orden de captura internacional activada por el caso de corrupción “Cooptación del Estado”, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Fecha de publicación: 17-08-20
De acuerdo con investigaciones del MP y la CICIG entre 2008 y 2011 dos empresas de Ángel González aportaron Q17 millones 525 mil 200 de forma anónima al Partido Patriota.
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt

Una disputa que se ventila en la Corte de Delaware, Estados Unidos, entre el magnate de la televisión latinoamericana Ángel González, y el abogado argentino Carlos Eduardo Lorefice Lynch, por el control de un canal en Argentina, reveló detalles de la fuga de su esposa Alba Elvira Lorenzana de González, sindicada en un caso de corrupción en Guatemala.

El documento legal revela que su esposa Alba Elvira Lorenzana de González emprendió una fuga desde Italia hasta Miami, Estados Unidos, con la ayuda de un empleado de Gónzalez, luego de que se anunciara la orden de captura internacional por la Interpol, tras revelarse las investigaciones que la involucraron por ser la representante legal de las empresas que habrían participado en la cooptación del Estado durante el gobierno del Partido Patriota, financiando de manera ilegal a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

En el caso se revela la trama en la que un abogado argentino, Carlos Eduardo Lorefice Lynch, habría ayudado a González en varias operaciones poco ortodoxas se llevó a cabo en el Estado de Delaware, en donde González creó una serie de empresas para ocultar la propiedad de varios canales de televisión a lo largo de América Latina revela el documento.

Lorefice habría contado a las autoridades estadounidenses que él participó en cuatro movimientos para González que estaban fuera de su trabajo regular, por los cuales a cambio, habían acordado con González quitar a Lorefice algunas de las obligaciones contractuales que Lorefice mantenía con González.

Entre estos “servicios extraordinarios”, Lorefice asegura que facilitó que Alba Lorenzana llegara a Miami sin ser detenida por la Interpol desde Italia, en donde se encontraba cuando fueron revelados los hechos por los que se le buscaba en el país.

“3) ayudó a movilizar ilegalmente a la esposa de González de Italia a Nicaragua y de Nicaragua a Florida, cuando se emitió la alerta roja de la Interpol”, señala el documento sobre el caso en el que Lorefice Lynch buscaba quedarse con la mayoría de las acciones de un canal de la televisión argentina en donde González alegaba ser el propietario mayoritario por medio de sus empresas creadas en Delaware para ocultar ser el verdadero dueño.

Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, tiene una orden de captura vigente desde junio de 2016.

Otros de los “servicios extraordinarios” que Lorefice Lynch reveló que había hecho para González y por los cuales buscaba que se le compensará condonándole los compromisos contractuales estaban: “En particular, Lynch reclama que ayudó a cubrir el uso de fondos de la compañía para adquirir un inmueble en Florida para una “amiga” de González, (2) además, ayudó a resolver los problemas que Lynch y González estaban teniendo con el Gobierno argentino, mediante la identificación y contratación de empresarios aliados… 4) Además de hacer pagos en nombre de González en los cuales él no quería figurar directamente”, señala el documento.

Aunque el documento señala que Lorefice Lynch no participó como una pieza clave en realizar estos trabajos para González, no niega que hayan sucedido y solo lo involucra como una parte de la trama aunque no se indica que no hayan sucedido.

“Lynch tuvo un mínimo de participación en la “llegada ilegal” de la Sra. González desde Italia). E incluso si Lorefice Lynch tuvo un papel clave, los servicios se prestaron antes de que los Acuerdos de Reestructuracion de mayo de 2016 fueran preparados y ejecutados en 2017”, señala el documento de la corte, sin desmentir que Lorenzana González habría sido llevada de forma ilegal a Estados Unidos para evadir una captura de Interpol. La alerta roja internacional fue levantada por la Interpol en septiembre de 2016.

El caso contra la esposa de González

En junio de 2016, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público revelaron el caso Cooptación del Estado, en el cual estaban involucrados decenas de empresarios, constructores y políticos que se habían visto beneficiados con recursos del Estado a cambio de financiar de manera ilegal la campaña electoral de Otto Pérez Molina, candidato presidencial del Partido Patriota (PP).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la CICIG y la FECI, las empresas Radio Televisión Guatemala, S.A. y Televisiete, S.A., razón social de los canales 3 y 7 y propiedad de Ángel González y cuya representante legal en ese entonces era la esposa de González, habrían realizado aportes anónimos a la campaña política de Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías a cambio, recibieron millonarios contratos durante el gobierno de estos.

Las investigaciones del MP y la CICIG lograron poner en evidencia, con cheques y facturas, la forma de operar de Ángel Remigio González.

La documentación incautada durante los allanamientos por el caso “La Línea” demostró cómo las dos empresas de González aportaron entre el 2008 y el 2011 un total de Q17 millones 525 mil 200 para el PP, fondos que no fueron declarados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como parte de los aportes de campaña, y que fueron utilizados parcialmente para las compras de vehículos e inmuebles de Baldetti y Otto Pérez Molina.

Los aportes se realizaron mediante la simulación de servicios de empresas de cartón, sin ninguna actividad económica real. El 5 de mayo de 2008, Radio Televisión Guatemala, S.A. emitió un cheque por Q215 mil 800 a Comercial Urma, S.A. por un supuesto servicio de impresión de manuales de funcionamiento.

Comercial Urma no reporta pagos de planillas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) u otro comprobante que haga constar que desarrollaba una actividad económica real. Desde el 2008, año en que captó el financiamiento ilícito de parte de González, fue representada por German Velásquez, quien en las elecciones de 2011 fue electo diputado por el PP por el distrito de Quetzaltenango. Comercial Urma, S.A. es una de las siete sociedades del “Grupo Estrella” que administró Estuardo González, alias Eco, y con las cuales buscaba justificar el creciente patrimonio financiero de la ex vicepresidenta.

Producto de este financiamiento, en 2012 mediante el Decreto 34-2012, el Congreso de la República amplió de 15 a 25 años los usufructos de las cuatro frecuencias de González, esto sin que el plazo de vencimiento estuviera cercano.

La pauta gubernamental recibida por los canales de González durante el gobierno del PP asciende a Q163 millones 587 mil 513.15. Esto equivale a nueve veces más de lo que sus canales aportaron a la campaña de Pérez y Baldetti.

Nuevos contratos durante la pandemia

Desde que inició la emergencia sanitaria por la crisis del COVID-19, el Gobierno actual ha otorgado contratos por Q3 millones 401 mil 035.50 a las empresas de comunicación que pertenecen al mexicano Ángel Remigio González.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) aprovechó la vigencia del Estado de Calamidad Pública a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19, la cual permite a las entidades gubernamentales adjudicar contratos obviando los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones.

De esa cuenta Radio Televisión Guatemala, S.A. (Canal 3) fue beneficiada con un contrato que asciende a Q1 millón 060 mil 560 a cambio de transmitir 3 mil segundos en spots publicitarios del Gobierno.

Televisiete, S.A. (Canal 7) obtuvo una adjudicación de Q1 millón 194 mil 750 también por la reproducción de 3 mil segundos en spots publicitarios del Gobierno.

En tanto Trecevisión, S.A. (Canal 13) fue beneficiada con Q363 mil 528 a cambio de transmitir 3 mil 600 segundos en spots publicitarios del Gobierno.

Todos los spots publicitarios del Gobierno que serán transmitidos en los canales 3, 7 y 13 tendrán una duración de 30 segundos y harán referencia a los programas de apoyo a la población vulnerable por la crisis del COVID-19.

El Gobierno también compró espacio para publicidad a Grupo Radial El Tajín, S.A. (incluye a las Radio Éxitos, FM Joya, Radio Ranchera, Radio Fiesta, Flix y Radio Éxitos Suroccidente) que también forma parte del consorcio de empresas de Ángel González.

Grupo Radial El Tajín, S.A. ganó un contrato de Q283 mil 440 a cambio cada radio de dicha sociedad deberán transmitir 6 mil segundos de publicidad del Gobierno durante los próximos 20 días.

Central de Radio, S.A. también ha sido beneficiada por la actual administración. El Ministerio de Educación (Mineduc) les ha contratado en dos ocasiones minutos para la transmisión de una campaña en idiomas kaqchikel, k’iche y español a nivel nacional para la contención del coronavirus, a cargo de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural.

La primera ocasión sucedió el 7 de abril y les fue adjudicado un contrato por Q431 mil 082 mientras que en la segunda oportunidad fue el 7 de mayo y el contrato ascendió a Q431 mil 203.50.

Las estaciones de Central de Radio, S.A, son Radio Cadena Sonora, Galaxia La Picosa, Radio Disney, La Marca, Alfa, Xtrema y Tropicálida.

La casa de playa pagada por los canales

Ángel González y su imperio de medios no solo fueron generosos con Baldetti entregando fondos para financiar la campaña electoral por medio de empresas que supuestamente prestaron servicios a los canales. González y sus empresas pagaron también por la exclusiva casa de playa en las costas del Pacífico guatemalteco.

En total, Televisiete y Radio-Televisión Guatemala, de Ángel González, le entregaron a Fredy Armando Dardón Marroquín cuatro cheques por un Q1 millón 775 mil 200 que fueron a parar a manos de Baldetti, se desconoce si estos eran aportes para la campaña electoral del Partido Patriota o simples aportes para congraciarse con Baldetti; sin embargo, ella los utilizó para adquirir el lujoso chalé.

El resto de los fondos para comprar el chalé de Baldetti, cuyo valor ronda los Q3 millones 293 mil 966, provinieron de Medicina Corporativa, S.A. (Medicorp), un proveedor del IGSS que aportó Q500 mil; y Grupo DAF, S.A. que aportó Q300 mil, así como Q602 mil 627 aportados por la diputada.

Esta información fue publicada en 2013 en el suplemento Un cuento de hadas sin final feliz, elaborado por Jose Rubén Zamora y la periodista estadounidense Ana Arana.

La casa de playa le fue embargada a Baldetti quien no pudo justificar el origen de los fondos con los que adquirió la propiedad y entró en proceso de extinción de dominio para ser propiedad del Estado.