Miércoles 23 DE Septiembre DE 2020
Investigación

Gobierno adjudica obra a constructora vinculada a caso de corrupción

El Ministerio de Comunicaciones adjudicó a un constructor señalado en el caso Asalto al Ministerio de Salud un contrato para la reposición de una carretera, aunque este presentó una oferta Q12 millones más alta que la de menor valor.

Fecha de publicación: 03-08-20
Caminos adjudicó un contrato a la empresa que presentó la oferta más alta, la cual además, se encuentra vinculada a un caso de corrupción y habría incurrido en “pacto colusorio” con la empresa que lo tiene en su planilla.
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt

El Ministerio de Comunicaciones adjudicó el pasado 21 de julio, un proyecto por Q79 millones a la empresa individual Constructora e Inversiones Insol, propiedad de Patricio Estanislao Ralón Ordóñez, a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron en el caso Asalto al Ministerio de Salud y le imputaron los delitos de testaferrato y cohecho activo, al haber pagado soborno a cambio de un millonario contrato por excepción en esa cartera.

La licitación para la reposición de la cinta asfáltica en la carretera CA-01 occidente en el tramo de San Lucas Sacatepéquez a Sumpango, Sacatepéquez, fue entregada a la empresa que ofertó más alto, pese a los reclamos de los otros competidores.

Ralón Ordóñez, propietario de la empresa ganadora, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), obtuvo por excepción la reconstrucción del Hospital de Sololá, por Q6 millones 500 mil, el cual fue ampliado hasta los Q8 millones 846 mil, de los cuales pagó sobornos por Q1 millón 946 mil 146.57, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Los sobornos, según las investigaciones, se dividieron entre Saraí Villavicencio, hija del fallecido exministro de Salud, el exdiputado Luis Fernándo Pérez, Jorge Estévez Cabrera, asesor de Jorge Villavicencio y primo de Jimmy Morales, así como el uno por ciento para la Junta de Licitación y el porcentaje mayor para Juan de Dios Rodríguez, entonces secretario privado de la Presidencia, quien recibió la mayor cantidad junto a su intermediario Roberto Dávila Meza.

El Asalto a Salud

En julio de 2019, la FECI y la CICIG realizaron decenas de allanamientos en distintos puntos del país, para capturar a exfuncionarios, empresarios y particulares que integraron una red de corrupción en el Ministerio de Salud, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Según las investigaciones, en 2012 con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como ministro de Salud surgió una estructura criminal, que realizó negocios ilícitos en dicha cartera.

De acuerdo con las pesquisas, Villavicencio junto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado, su asesor Jorge Estévez Cabrera y el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez lideraron esta estructura criminal integrada por más de 50 personas, entre funcionarios públicos, diputados, empresarios y particulares.

Al tomar el control del Ministerio de Salud, dicha estructura criminal “exploró” qué negocios se podían realizar en esa institución, sin embargo, al no poder acceder a las comisiones por la compra de medicamentos, la cual estaba “cubierta por la vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín”, los señalados identificaron otros rubros, como las compras de bienes y servicios, la construcción de hospitales y centros de salud, las contrataciones de personal y la adquisición de otros medicamentos y equipos médicos, según consta en declaraciones de los testigos del caso.

La estructura se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y el remozamiento de hospitales y centros de salud, el cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas fantasma.

Además, se estableció la “participación” en los negocios de algunos, en ese entonces diputados, como Estuardo Galdámez, Boris España, Roberto Kestler y Rolando Pérez; así como de otros funcionarios como Heber Cabrera, en ese entonces gobernador de Quiché, y Juan de Dios Rodríguez, quien fungía como secretario privado de la Presidencia y posteriormente presidente de la Junta Directiva del IGSS.

Nuevo gobierno, nuevos negocios

Además de haberlo adjudicado a una empresa involucrada en actos de corrupción, la Junta de Licitación de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones le adjudicó a la constructora que presentó la oferta más alta.

La empresa Constructora El Tuno presentó una inconformidad ante la junta alegando que su empresa había presentado una oferta Q12.8 millones más baja, lo cual era conveniente para los intereses del Estado, sobre todo en un caso de emergencia como el que vivía el país, en donde el Estado se podía ahorrar Q12.8 millones.

La oferta de Constructora El Tuno fue rechazada alegando que no contaban con la experiencia solicitada, ya que solo había presentado dos contratos privados de colocación de cinta asfáltica. La oferta de la empresa fue de Q66 millones 184 mil 221.20, mientras las otras dos que participaron ofertaron Q71 millones 110 mil 506.76 es decir Q7.9 millones menos que la oferta adjudicada y Q75 millones 402 mil 360.78, unos Q3.6 millones menos.

En julio del año pasado, Ralón y su empleador concursaron en una licitación en la Municipalidad de Panajachel, Sololá, ambos aparecen como empleados del otro, según las planillas del Seguro Social, por lo que habrían incurrido en “pacto colusorio”.

Tres empresas, ¿un mismo dueño?

Patricio Estanislao Ralón Ordóñez, Edwin Tobías Muñoz y Gerson Ivánn de León Girón, no solo tienen en común ser propietarios de empresas dedicadas a la construcción y haber recibido millones en contratos con el Estado, los tres, además, aparecen en las planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de los otros, según pudo documentar elPeriódico.

Por ejemplo, Ralón que tiene contratos de 2004 a la fecha por Q369 millones 929 mil 348.21 con el Estado, ha estado en las planillas de Tobías y de De León, con el primero laboró al menos de abril de 2014 a septiembre de 2016, mientras que con De León ha estado desde octubre de 2016 hasta la fecha. En tanto, De León que ha recibido contratos con el Estado por Q28 millones 122 mil 36.33 de 2005 a la fecha y que tiene en su planilla a Ralón, labora al menos desde enero de 2017 hasta la fecha para Ralón.

Mientras tanto, Tobías que por medio de su empresa individual ha recibido contratos por Q17 millones 940 mil 494.01 de 2015 a la fecha, y que tuvo como empleado a Ralón, aparece en la planilla de este al menos desde septiembre de 2013 hasta enero de este año.

Se intentó conocer las razones por las que el Ministerio ha adjudicado en las últimas semanas proyectos a empresas señaladas en actos de corrupción, sin embargo, no hubo respuesta.

Las otras adjudicaciones a empresas vinculadas con casos de corrupción

Esta es la cuarta adjudicación que elPeriódico documenta que se entrega a empresas vinculadas a casos de corrupción, en donde los propietarios o representantes legales se encuentran en un proceso legal señalados por la FECI.

Los casos anteriores documentados por elPeriódico fueron en la adjudicación de dos proyectos de la Unidad de Construcciones del Estado (UCEE), el primero para la construcción de un edificio de la delegación departamental de Petén en el municipio de Flores, a la empresa mercantil Construvías por un monto de Q3 millones 638 mil 539.23

Mientras que la sociedad anónima Diseño e Ingeniería de Riego y Agua se le adjudicó la construcción de un instituto diversificado e instituto básico en la cabecera municipal de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. El costo de esta obra asciende a Q4 millones 125 mil.

Ambos están señalados también en el caso Asalto al Ministerio de Salud y se les sindica de los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y fraude, así como de testaferrato y cohecho activo.

El otro caso reportado por elPeriódico es el de Opción Técnica S.A., adjudicada con un contrato por más de de Q91 millones en el Ministerio de Comunicaciones y sindicada también en el caso Asalto al Ministerio de Salud, en donde, según las investigaciones, recibió cuatro contratos por excepción de los cuales pagó el 15 por ciento en sobornos a la estructura integrada por el exministro de Salud Jorge Villavicencio, su hija Saraí, así como el exdiputado y excandidato a la presidencia Luis Fernando Pérez.

Los amigos colusores

> En julio del año pasado, la Municipalidad de Panajachel, Sololá, solicitó la contratación de un proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 14 de febrero de ese municipio, en la misma participaron tanto Patricio Ralón como Gerson de León, ambos presentaron ofertas, el primero por Q1 millón 199 mil y el segundo por Q1 millón 195 mil, el ganador del “concurso” fue De León, quien presentó la “oferta más baja”, todo estaría bien en este concurso, a no ser porque en esa fecha, Ralón trabajaba para De León, mientras De León trabajaba para Ralón, según la información de las planillas de Seguridad Social. Es decir, con este hecho, pudieron haber incurrido en un pacto colusorio  (ponerse de acuerdo para ganar un concurso de obra pública) al haber participado ambos en el concurso sabiendo que uno era empleado del otro, siendo ambos propietarios de las empresas contrarias.

Lo mismo sucedió un mes antes en la Municipalidad de San Lucas Tolimán, en donde también ambos participaron y presentaron ofertas. En este caso el municipio solicitó la ampliación de una escuela, y le fue adjudicada a De León por Q1 millón 423 mil 900, Ralón había ofertado Q1 millón 439 mil.

Lo que establece la Ley

> Artículo 25 Bis.* Pacto colusorio en las adquisiciones públicas. Comete el delito de pacto colusorio en las adquisiciones públicas, quien realice un convenio, acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, en la presentación de ofertas en procesos de adquisición pública, que tenga por objeto o produzca el efecto de impedir, restringir o afectar la libre competencia en un determinado proceso o acto. También se entenderá que existe pacto colusorio, cuando dos o más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial o corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición pública. Los responsables de este delito serán sancionados con prisión de uno a cuatro años y con multa de cinco mil a veinticinco mil quetzales. Las personas individuales o jurídicas que hayan participado o se hayan beneficiado del pacto colusorio, ya sea de manera directa o por medio de sus accionistas o representantes, serán sancionadas con la cancelación de su inscripción en el Registro General de Adquisiciones Públicas, la que deberá efectuarse a la mayor brevedad posible.