Sábado 15 DE Agosto DE 2020
Investigación

CIV entrega proyectos a implicados en caso Asalto al Ministerio de Salud

Según las investigaciones de la FECI, Gerardo Galdámez Orantes y Víctor Manuel Chávez Castañeda, dueños de las constructoras adjudicadas, pagaron sobornos para recibir contratos para reparar hospitales y centros de salud durante el gobierno Patriota.

Fecha de publicación: 13-07-20
La construcción del Hospital de Rabinal se adjudicó en 2013 a la empresa Construvías, propiedad de Gerardo Gustavo Galdámez Orantes. Sin embargo, a la fecha es aún una obra inconclusa.
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó el pasado 18 de junio la construcción de dos obras a empresarios que tienen cuentas pendientes con la justicia.

De acuerdo con el acta de adjudicación 020-2020, la UCEE entregó un proyecto para la construcción de un edificio de la delegación departamental de Petén en el municipio de Flores a la empresa mercantil Construvías por un monto de Q3 millones 638 mil 539.23.

Mientras que el acta de adjudicación 021-2020 establece que la UCEE encomendó a la sociedad anónima Diseño e Ingeniería de Riego y Agua la construcción de un instituto diversificado e instituto básico en la cabecera municipal de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. El costo de esta obra asciende a Q4 millones 125 mil.

En el caso de la empresa Construvías esta es propiedad de Gerardo Gustavo Galdámez Orantes, que de acuerdo con el portal de Guatecompras ha obtenido Q319 millones 850 mil 928.05 en contratos con el Estado de 2006 a la fecha.

En tanto, Diseño e Ingeniería de Riego y Agua,S.A. que es representada legalmente por Víctor Manuel Chávez Castañeda ha ganado Q163 millones 078 mil 925.44 de 2005 a la fecha en adjudicaciones con diferentes entidades estatales.

Curiosamente ambas personas forman parte del expediente judicial denominado Asalto al Ministerio de Salud, el cual fue develado el año pasado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Cuentas pendientes con la justicia

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) acusa a Gerardo Gustavo Galdámez Orantes de cometer los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y fraude. Mientras que a Chávez Castañeda se le señala de testaferrato y cohecho activo.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, comentó que Galdámez Orantes ya se encuentra ligado a proceso penal por el delito de cohecho activo y goza de medida sustitutiva en este momento.

Mientras que Chávez Castañeda está citado junto a un grupo de seis constructores y está pendiente de que se programe la audiencia de primera declaración.

Actuaciones ilícitas

Galdámez es señalado de participar en negociaciones ilícitas realizadas en el evento de construcción del hospital de Rabinal, Baja Verapaz. De acuerdo con las investigaciones, el constructor le entregó Q150 mil a Jorge Estuardo Estévez Cabrera, asesor del ministro de Salud, Jorge Villavicencio, de forma anticipada por la adjudicación del evento.

El Ministerio Público señala al ex ministro de Salud, Jorge Villavicencio y su hija Cándida Saraí, de liderar una estructura criminal que funcionó en el Ministerio de Salud de 2012 a 2014.

Por su parte, a Víctor Chávez se le acusa de estar involucrado en la reconstrucción de hospitales a través del Estado de Calamidad Pública que decretó el gobierno en noviembre de 2012 luego de los daños ocasionados por un sismo de 7.2 grados Ritcher y que afectó a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez.

A Chávez Castañeda se le relaciona específicamente con la reparación del Centro de Salud de Génova Costa Cuca, Quetzaltenango.

De acuerdo con las pesquisas de la FECI, la contratación de Diseño e Ingeniería de Riego y Agua,S.A. fue una imposición de Juan de Dios Rodríguez de la Cruz, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y su operador Roberto Samuel Dávila Meza. Sin embargo, ante el Ministerio de Salud la empresa que se utilizó fue Grupo Reish, S.A. propiedad de Jorge Palomo Leppe.

Los fiscales determinaron que Palomo Leppe transfería a Chávez Castañeda el dinero que le depositaba el Ministerio de Salud por el contrato 13-2013N7 que hace referencia a la reparación del Centro de Salud de Génova Costa Cuca y que asciende a Q390 mil.

Los empresarios Gerardo Gustavo Galdámez Orantes y Víctor Manuel Chávez Castañeda, están acusados de cometer delitos a cambio de obtener contratos en la construcción y reconstrucción de hospitales durante la administración del Partido Patriota.

El caso Asalto al Ministerio de Salud

Este caso fue presentado por el MP y la CICIG en julio del año pasado. Los investigadores sostienen que entre 2012 y 2014, funcionó una estructura criminal que cooptó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como Ministro de Salud durante el periodo 2012 al  2014, se inicia el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y junto con el exdiputado y excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.

Al llegar al Ministerio de Salud la estructura criminal “exploró” qué negocios se podían realizar en dicha institución.

Los ámbitos identificados fueron las compras de bienes y servicios, la construcción de hospitales y centros de salud, las contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Según consta en declaraciones ministeriales, la estructura no pudo acceder a la compra de medicamentos, pues estaba “cubierta por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín”.

Es por ello que la estructura se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, el cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas fantasma.

Además, se estableció la “participación” en los negocios de algunos, en ese entonces diputados, como Estuardo Galdámez, Boris España, Roberto Kestler y Rolando Pérez; así como de otros funcionarios como Heber Cabrera, en ese entonces gobernador de Quiché, y Juan de Dios Rodríguez, quien fungía como secretario privado de la Presidencia y posteriormente presidente de la Junta Directiva del IGSS..

La FECI también estableció que de las comisiones ilegales por la adjudicación de obras encargadas a raíz del Estado de Calamidad Pública, Juan de Dios Rodríguez y su intermediario Roberto Samuel Dávila Meza, obtuvieron al menos la cantidad de Q7 millones. En tanto que la estructura dirigida por Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez Martínez (así como a otros particulares y personal del Ministerio de Salud), les correspondió la suma de Q12 millones.

El caso cuenta con un colaborador eficaz, el entonces asesor del Ministro de Salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera, quien aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios. Estévez Cabrera también es primo del expresidente, Jimmy Morales Cabrera.

“Es una red político-económica”

Renzo Rosal, analista en temas políticos, comentó que este es el típico caso de cómo funcionan las redes político-económicas.

“Este tipo de empresas cuestionadas funcionan de la siguiente manera: pasan permanentemente licitando obras con diferentes entidades del Estado, entiéndase gobierno central y entidades descentralizadas como municipalidades. Generalmente para ganar los proyectos recurren al amiguismo con políticos a quienes les entregan coimas o dávidas”, señaló Rosal.

El politólogo agregó que es lamentable que las entidades que les adjudican no hagan una revisión a profundidad a las empresas que contratan. Además, hizo un llamado para que la Comisión Presidencial Contra la Corrupción actúe en contra de este tipo de contrataciones dudosas que empiezan a ser una constante en la nueva administración.