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Investigación

Los conflictos de interés que acechan al nuevo director de Caminos


Los primos de Fredy Chojolán Duarte controlan más de 40 constructoras que son contratistas de la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC) a su cargo. Además, la esposa y la cuñada de su primo, Marco Vinicio Romero Chojolán, trabajan en la DGC en puestos claves.

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Los hermanos Romero Chojolán, y sus primos Chojolán Duarte, llevan la construcción en las venas. Desde hace 20 años han construido un entramado de empresas constructoras que son contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

William Haroldo y Marco Vinicio Romero Chojolán controlan de forma directa y por medio de sus familiares, empleados y abogados, más de 40 constructoras que de 2006 a la fecha han sido adjudicadas con contratos por más de Q720 millones por parte de la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC) del CIV.

Las 41 empresas identificadas están inscritas y calificadas en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, y  se pudieron identificar porque entre ellas comparten representantes legales, directores de obras, direcciones y teléfonos.

Además de tener gran influencia dentro del Colegio de Ingenieros, donde William y Marco Vinicio Romero Chojolán han sido vicepresidentes, son parte de un grupo de constructores emergentes muy cercanos al nuevo Ministro de Comunicaciones.  William Romero Chojolán fue candidato a diputado al Parlacen en 2015 postulado por el partido Todos.

El nombramiento de Fredy Chojolán Duarte como nuevo director general de Caminos supone un grave conflicto de interés, no solo porque las empresas de sus primos son contratistas de Caminos, sino porque sus hermanos trabajan para dichas empresas. Además de que la esposa y la cuñada de Marco Vinicio Romero Chojolán trabajan para la DGC.

Sus hermanos: Norma Leticia, Óscar David, Arnoldo y Rony Chojolán Duarte trabajan para Construcción y Supervisión de Proyectos CSProyet de Marco Vinicio Romero Chojolán (Arnoldo es el contador de sus constructoras; Óscar es ingeniero civil, topógrafo y representante legal de Depic, que tiene registrado como director de Obras a Marco Vinicio Romero Chojolán; y su hermano Rony es ingeniero civil, valuador y consultor ambiental de varias constructoras).

Sus tíos Miguel Ángel y Emigda Reina Chojolán Racancoj de Tahuite también trabajan para Marco Vinicio Romero Chojolán y son los representantes legales de Constructora de Occidente y Constructora Reina respectivamente. Sus primas Erika Marlene y Liz Jackeline Tahuite Chojolán son las representantes legales de Servicios y Construcciones Mega, Multiservicios Manuel y Multiservicios Jackeline, mientras que Olga Leticia Maradiaga Chojolán es representante legal de Multiservicios Crespo, entre otros familiares cercanos.

La esposa de Marco Vinicio Romero Chojolán, Jessica Paola Quivaja Batres de Romero, y su cuñada Erika Marivel Quivaja Batres trabajan en la Dirección General de Caminos.

Jessica Quivaja de Romero ingresó a la DGC en marzo de 2004, ha sido asistente del despacho del Director de Caminos por muchos años y actualmente labora como asesora en el Departamento de Financiamiento Externo de la DGC; mientras que Erika Quivaja ingresó a Caminos en noviembre de 2012 y labora por contrato en el Departamento de Control de Inversión de la División Financiera de Caminos, donde se encarga de revisar que los expedientes de las constructoras vayan correctos y completos, solicitar facturas a las empresas, enviar las facturas a la División de Supervisión de Construcción, registrar los contratos, lleva el control y registro de los pagos a contratistas, entre otras funciones.

Legislar el conflicto de intereses

El conflicto de interés es un tema que ha tomado protagonismo a nivel mundial, por ser un germen de la corrupción para los empleados públicos que tienen la responsabilidad de velar por la buena administración de los recursos públicos y no favorecer intereses privados.

El Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos de las Naciones Unidas señala: los titulares de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias. No intervendrán en ninguna operación, no ocuparán ningún cargo o función ni tendrán ningún interés económico, comercial o semejante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de estas.

En Guatemala el conflicto de intereses en los funcionarios públicos no está regulado ni tipificado como un delito y ha sido una constante durante los últimos gobiernos.

Sin embargo, la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso estaba trabajando el año pasado en una iniciativa de ley para evitar que los funcionarios públicos se involucren en decisiones en los que tengan algún tipo de relación que les genere conflicto de interés.

La entonces diputada Andrea Villagrán explicó al diario La Hora que la norma sería de carácter preventivo y obligaría a los funcionarios, antes de que conozcan o se involucren en determinados casos, entregar una declaración en el que detallen sus intereses e inhibirse de conocer o tomar decisiones en casos en los que ellos estén comprometidos.

Esta iniciativa se trabajaba como una reforma a la Ley de Probidad, a la que se le agregaría un capítulo sobre el conflicto de interés con el fin de prevenir y evitar los casos de corrupción como el tráfico de influencias en la adjudicación de obras públicas, sin embargo, la iniciativa ya no fue aprobada por el Congreso de la República.

Posición oficial

Se intentó entrevistar al ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, sobre el nombramiento de Chojolán al frente de la Dirección General de Caminos y si estaba al tanto del potencial conflicto de interés que enfrenta por las empresas contratistas de sus primos, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono móvil.

Consultado al respecto, Manfredo Marroquín, asociado fundador de Acción Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, opinó que el nombramiento del nuevo Director de Caminos está rodeado de una carga de intereses por la red de empresas con la cual tiene vínculos familiares, por lo que haberlo puesto en ese cargo no son sospechas sino certezas de que dicho cargo podría ser usado para beneficiar a empresas amigas.

“Sí el Presidente y el Ministro de Comunicaciones quieren evitar repetir la historia reciente, deberían exigirle al funcionario que presente una declaración jurada de conflictos de intereses, donde tendría que manifestar qué parientes tiene con empresas de construcción, su relación, vínculos con esas empresas y los dueños de esas empresas, porque si no estamos en un escenario de repetir la historia previa a 2015, donde el presupuesto de Comunicaciones fue usado como pago de facturas”, señaló Marroquín.

Con esta declaración jurada todos sabrían sus vínculos declarados por él mismo y al tener conocimiento de que una empresa vinculada a sus familiares está participando en un concurso debería abstenerse de participar e incluso de nombrar a las juntas de licitación.

“El Ministerio de Comunicaciones ha sido la caja grande para el pago de facturas o financiamiento electoral y poner gente que tiene vínculos sean familiares, corporativos con empresas, ya es una mala señal de que ese círculo vicioso no se piensa romper”, concluyó.

¿Qué es el conflicto de interés?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define un conflicto de interés como un conflicto entre los deberes públicos y los intereses privados de un funcionario, en el cual el funcionario público tiene intereses privados que pudieran en forma indebida influenciar en el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades oficiales.

Un ejemplo simple de conflicto de interés sería que el Ministro de Comunicaciones o el Director de Caminos o de la Unidad de Conservación Vial (Covial), responsables de los contratos de construcción y mantenimiento de carreteras, tengan acciones en una constructora privada la cual se presenta a una licitación de una obra pública, pudiendo ofrecer acceso a información que les permita mejorar su oferta con tal de ganar el contrato. Está información no es ofrecida al resto de los oferentes o es ofrecida de manera incompleta.  Finalmente adjudican la obra a la empresa en la que es accionista (o fue empleado), con lo cual la empresa incrementa sus ganancias y patrimonio.

¿Quién es Fredy Chojolán Duarte?

Fredy Chojolán Duarte es ingeniero civil graduado de la Universidad de San Carlos en 2004.

Es propietario de la empresa individual Proyectos y Servicios Mega, la cual reporta como dirección la 5ª. avenida “B” 5-70, zona 12, colonia Guajitos, la misma dirección y teléfono que reporta la constructora Depic, cuyo representante legal es su hermano Óscar David Chojolán Duarte y el director de obras es Marco Vinicio Romero Chojolán.

Ha sido supervisor de proyectos de mantenimiento vial de la Unidad de Conservación Vial (Covial) de 2009 a 2016. Contratista de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez de 2019 a 2020 y de las Municipalidades de Uspantán y Chicamán, Quiché en 2017 y 2018.  Además prestó servicios de supervisión de caminos rurales al Instituto de Fomento Municipal (Infom) entre 2010 y 2012. Ha sido Director de Obras de las empresas Construcciones Civiles y Constructora Internacional Centroamericana México y el Caribe.

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