Sábado 19 DE Octubre DE 2019
Investigación

Gobierno ordenó construir mil casas sin conocer demanda real

El viceministro José Fernando Morales aseguró que construirán mil viviendas para los afectados por el volcán de Fuego por orden de la Conred, esta institución niega haber dado tal mandato. No existe estudio alguno que respalde este número de viviendas.

Fecha de publicación: 16-12-18
Ha pasado medio año desde la tragedia del volcán de Fuego y el FSS no ha logrado terminar una sola de las viviendas prometidas.
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt

“Nunca nos preguntaron si estábamos de acuerdo con esas casas y quieren hacerlas con paredes más delgadas” reclama Abraham García, integrante de Comisión de búsqueda de cuerpos y reconstrucción de San Miguel Los Lotes.

El problema: el gobierno de Jimmy Morales prometió construir mil casas sin consultar si el modelo de vivienda era adecuado para las comunidades, y sin saber cuántas se necesitaban realmente.

La promesa de gobierno surgió a raíz de la tragedia del volcán de Fuego en junio de este año, el lahar que descendió del cráter destruyó los hogares de las comunidades de la zona y provocó la muerte de más de cien personas.

La comunidad San Miguel Los Lotes fue la más afectada. El gobierno de Morales, por medio del Fondo Social de Solidaridad (FSS), se comprometió a gestionar los recursos para proveer de una casa a las personas afectadas.

El viceministro Osmar Barrios (de blanco) y Manuel López Custodio (detrás de azul) mientras se dirigen a los vecinos de San Miguel Los Lotes. En dicha reunión Barrios aseguró que construirán mil casas porque Conred así lo determinó, esta institución asegura que nunca dieron tal orden.

Todo lento

“Una vez me pusieron una nota” –dijo la semana pasada el viceministro de Comunicaciones José Fernando Morales, en una reunión con los vecinos de San Miguel Los Lotes– “me pusieron: Quisiera besarlo tan lentamente como un trámite del Estado”.

Con su broma –que no causó risa entre los asistentes– Morales intentaba explicar el por qué de los retrasos en el proyecto. Medio año después de la tragedia, aún no ha terminado la primera vivienda.

En el video transmitido por un asistente se ve también a Manuel López Custodio, amigo del presidente Morales y director del FSS.

El reclamo de la comunidad, asegura Abraham García, nació porque el contrato de adjudicación se suscribió desde julio, pero fue hasta hace un mes que las autoridades se acercaron al Comité Comunitario de Desarrollo (Cocode) para que autorizaran el proyecto. Al ver el diseño de los hogares, los vecinos no lo aceptaron, pues no satisface sus necesidades mínimas. Las razones del desacuerdo son varias.

García junto con Fernando Barillas, de Antigua al Rescate, una asociación que ha acompañado a las familias afectadas desde el día de la tragedia, explican que la negativa de la comunidad no es un simple capricho, pues en realidad el modelo de vivienda es muy pequeño para las familias que en promedio tienen cinco integrantes. “Los vecinos han propuesto que les den un terreno más grande y ellos terminan de construir” asegura Barillas, pero el plan ya está hecho.

Según los planos aprobados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), las viviendas tendrán un espacio de construcción de 42 metros cuadrados, con dos habitaciones (diseñadas para una cama cada una), sala, comedor y cocina unidos, un baño y una pila afuera. Cada familia tiene entre cinco y siete miembros.

“El espacio es finito, yo tengo el mandato de construir mil casas” –aseguró el viceministro Morales– “¿Y por qué mil casas?” –cuestionó un vecino– “el mandato de la Conred nos manda (a construir) mil casas” respondió para escudarse.

Al ser consultado David De León, vocero de la Conred, asegura que esta institución nunca emitió tal orden, y que ellos se limitaron a proporcionar los datos del número de las familias albergadas, de las cuales no necesariamente todas necesitaban un nuevo hogar.

“En cuanto al tema de las familias, la cantidad de viviendas no fue una recomendación de Conred” –reiteró De León– “Solo se estableció cuántas familias estaban albergadas durante la emergencia, luego fue decisión del Ejecutivo dar la ayuda para las familias”, recalcó el vocero.

Barillas explica que esta falta de coordinación implicó otro error. Hay comunidades como La Trinidad y Don Pancho a quienes no les resulta útil una vivienda como la propuesta por el FSS, pues ellos viven de la agricultura y un sistema de cooperativas para vender sus productos. Es decir, si no tienen tierras para cultivar, perderán su fuente de ingresos y se verán seriamente afectados por la pobreza.

Millones sin respaldo

Si bien es cierto que el déficit habitacional en Guatemala es de 1.78 millones de hogares, y que construir viviendas nunca está de más, hay un problema de origen que hace cuestionable este proyecto debido a la sobrevaloración del mismo.

El proyecto de construcción de las mil viviendas fue adjudicado por el FSS en junio de este año bajo la modalidad de contratos por excepción, amparado en el Estado de Calamidad autorizado por el Congreso de la República.

Un reportaje de elPeriódico reveló que el contrato, por la calidad y las especificaciones de las viviendas, estaba sobrevalorado en al menos Q28.5 millones. La empresa beneficiada fue V&T S.A. y el contrato se suscribió por Q172.7 millones.

Según los costos presentados por la constructora, cada vivienda tendrá un precio de Q172 mil 700, esto incluyendo el costo de urbanización sin el valor del terreno, que fue una donación de distintas entidades de gobierno. Distintas publicaciones inmobiliarias indican que, en un sector similar, por Q118 mil se puede comprar una vivienda dentro de un lote urbanizado, con unos metros más de construcción y un terreno más grande.

Según el censo hecho por los propios vecinos y los Cocodes –información que los vecinos aseguran nunca fue tomada en cuenta por el CIV o FSS–, en las comunidades San Miguel Los Lotes y El Barrio hay 416 familias que necesitan un hogar.

Las casas restantes se repartirán entre el resto de comunidades, sin embargo, existen al menos dos comunidades a quienes les resultaría más perjudicial mudarse a un área lotificada pues perderían el acceso al cultivo y por tanto sus fuentes de ingreso.

Tony Santos, presidente del Cocode de San Miguel Los Lotes, confirmó que actualmente se discute la propuesta de gobierno, pero prefirió dar declaraciones solo si su comunidad estaba presente. En los próximos días convocarán a una conferencia de prensa para brindar más detalles.