Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Investigación

Hernández Azmitia: el diputado “interesado” en Puerto Quetzal

Durante el último mes, el congresista ha enfocado su labor fiscalizadora sobre la Empresa Portuaria Quetzal, donde la empresa de su suegro y esposa han obtenido millonarios contratos.

Fecha de publicación: 08-07-18
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
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Luis Enrique Hernández Azmitia es un diputado que cuida mucho su apariencia: siempre bien peinado, una dentadura alineada y canas estratégicamente colocadas a los costados, podría ser un candidato de esos que Televisa maquillaba en México para llevar a la Presidencia.

En cuanto a su trabajo, el congresista intentó forjar la imagen de un defensor del sistema de salud pública y fiscalizador de la ex ministra Lucrecia Hernández Mack, donde su familia tiene intereses (su madre dirige una fundación dedicada a la donación de órganos, y su padre trabaja para el Ministerio de Salud Pública y fue administrador de una empresa de centros de diagnóstico neurológico que es proveedora del IGSS y del Ministerio de Salud); y se empezó a resquebrajar cuando fue filmado intentando huir brincando sobre el techo del Congreso, mientras una manifestación impedía la salida de los diputados que aprobaron las famosas reformas legales conocidas como Pacto de Corruptos (él no votó).

Actualmente, Hernández Azmitia libra dos batallas:  una, sacar al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; y otra, lograr la renuncia de las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ),  aduciendo su incapacidad para resolver los problemas del puerto como la paralización de las grúas del prófugo de la justicia, Jurg Widmer Probst, debido a que las autoridades se niegan a renovar su contrato que contiene cláusulas leoninas a los intereses del Estado, como la exclusividad (monopolio) y lucro cesante (se les debe pagar aún si no son utilizadas).

Para ello, Hernández Azmitia ha realizado visitas de campo a la Portuaria Quetzal; ha entrevistado a los empleados quienes, en sus videos institucionales, le piden ayuda; y ha realizado varias citaciones a las autoridades portuarias donde les ha insinuado claramente que deben invertir en el dragado de la dársena y las obras de mantenimiento en la desembocadura de los ríos María Linda y Achiguate, que azolvan con sedimento la dársena del puerto.

Lo que Hernández Azmitia omite mencionar de esta lucha por la Portuaria Quetzal, es que dos empresas de las que son accionistas su esposa, suegro y cuñados han sido proveedoras de la EPQ y se han beneficiado con contratos otorgados para este tipo de obras.

Conflicto de interés

Yuli Saravia Solórzano de Hernández (esposa del diputado), Carlos Arturo Saravia Hernández (suegro del legislador), Carlos Arturo y Luis Carlos Saravia Solórzano (cuñados del congresista son los accionistas de Corporación Sam, integrada por las empresas Sistemas, Construcciones y Asesoría. S.A. (Sisco), Agregados, S.A. (Gresa), Obras Marítimas, S.A. (Marisa) y Dos Océanos, S.A., estas últimas dos empresas son contratistas de la Portuaria Quetzal, según los datos del Registro Mercantil y el portal de compras gubernamentales Guatecompras.gt.

Obras Marítimas, S.A. (Marisa) fue constituida el 26 de noviembre de 1963 y es representada legalmente por Carlos Arturo Saravia Hernández (suegro del diputado), quien es el presidente. Marisa ha recibido seis adjudicaciones de la EPQ entre 2010 y 2012 por Q103.6 millones.

Dos Océanos, S.A. fue creada el 22 de agosto de 1996 y es representada legalmente por Carlos Arturo Saravia Solórzano (cuñado del diputado), quien es el presidente, y Yuli Saravia de Hernández (esposa del diputado) fue la gerente general de la empresa de 2005 a 2006.

Beneficiados por calamidad

Fue precisamente con la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que la empresa Obras Marítimas se benefició con negocios millonarios en la EPQ. Fuentes cercanas al gobierno de turno recuerdan a un joven Luis Hernández Azmitia que visitaba frecuentemente Casa Presidencial y la Gerencia de la Portuaria.

En julio de 2010, tras el paso de la tormenta tropical Agatha, la EPQ le otorgó a Marisa un contrato por excepción (se aprovechó la vigencia de un Estado de Calamidad pública aprobado por el gobierno para no licitar obviando los procesos requeridos en la Ley de Contrataciones del Estado) por Q38 millones 698 mil para ampliar la escollera oeste del Zanjón Chilate.

 

Este contrato otorgado a dedo por las autoridades de turno de la EPQ se convirtió en una mina de oro para Marisa y la familia política del diputado, que recibió cinco adjudicaciones más para realizar el mismo trabajo, siempre bajo la modalidad de excepción (sin licitar), por lo que devengo un total de Q103 millones 646 mil 255.82 de la portuaria estatal.

La segunda fue otorgada el 26 de agosto de 2010 por Q17 millones 750 mil; la tercera fue adjudicada el 30 de diciembre de 2010 por Q6 millones 935 mil 15.43 con la justificación de ampliar la escollera oeste debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta Agatha. La cuarta adjudicación fue dada el 4 de marzo de 2011 por Q18 millones 850 mil, bajo el argumento de prevenir futuras inundaciones y facilitar el tránsito seguro de embarcaciones pesqueras.

La quinta adjudicación a Marisa fue otorgada el 20 de noviembre de 2011 por Q16 millones 623 mil 645.31 con el argumento de que la ampliación era necesaria debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Agatha (ocurrida en mayo de 2010), las cuales inundaron varias poblaciones cercanas a la bocabarra artificial del Zanjón Chilate.

La sexta adjudicación, también por excepción (sin licitar), se produjo el 21 de diciembre de 2012, ya bajo el gobierno patriota del cual Hernández Azmitia era viceministro del Mides, por Q4 millones 789 mil 595.08 bajo el argumento de la ampliación de la escollera oeste del Zanjón Chilate por la tormenta tropical Agatha (ocurrida en mayo de 2010), para prevenir inundaciones y facilitar el tránsito seguro de embarcaciones pesqueras artesanales.

 Marisa recibió otro contrato de emergencia (sin licitar aprovechando el Estado de Calamidad por la tormenta tropical Agatha) del Fondo de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones, el 17 de mayo de 2010 por Q18 millones 135 mil 968.13 para atender la emergencia en el tramo La Gabina, por el desplazamiento de la bocabarra del río La Paz.

Las mismas estrategias para los nuevos negocios

Tras varios años sin recibir contratos del Estado, otra de las empresas de la familia del diputado fue beneficiada el 22 de mayo pasado con otro contrato millonario de la Empresa Portuaria Quetzal.

El pasado 22 de mayo, la Junta de Licitación de la Empresa Portuaria Quetzal adjudicó a la entidad Dos Océanos, S.A. la realización de un Estudio para Mejoramiento de Infraestructura en Portuaria Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal por Q13 millones 975 mil.

La Junta de Licitación decidió rechazar una segunda oferta existente por parte de la empresa Innovaciones Exclusivas, S.A. que ofertó más bajo por Q10 millones 950 mil argumentando razones de papelería.

Pero el verdadero interés del legislador y su familia política sería  el dragado de la dársena de Puerto Quetzal y el rompeolas. En 2016 el gobierno patriota dejó una partida para realizar el dragado de la dársena, para lo cual presupuestó unos Q95 millones; sin embargo, las actuales autoridades determinaron en ese momento que no era necesario realizar dicho dragado.

Pero Hernández Azmitia sabe que, con un poco de presión, es posible doblarles el brazo a las actuales autoridades portuarias (de las cuales pide su renuncia); por lo pronto las autoridades de la EPQ ya integraron una comisión mixta con la Base Naval del Pacífico y otras entidades para estudiar si es necesario realizar un dragado total de la dársena o del área del rompeolas; algo para lo cual pudiera aprovecharse el actual Estado de Calamidad Pública  por la erupción del volcán de Fuego que afectó los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, por los lahares que bajan flujos piroclásticos a los ríos que desembocan en el Océano Pacífico.

 Cuestionado por un usuario en la red social Twitter sobre su insistencia en el tema del dragado, Hernández Azmitia retuiteó: “Porque tiene el mandato y el presupuesto, y por su incompetencia corre el riesgo miles de familia de Buenavista, Iztapa y Puerto de San José”.

El 25 de junio pasado el periodista Juan Luis Font le preguntó por Twitter: Diputado @lhazmitia tiene ud o alguien de su familia intereses en negocios en algún puerto nacional? ¿En cuál? ¿Puede su fiscalización en este tema verse influenciada por ese hecho –de ser cierto?  El diputado no le respondió.  En otro tuit, Hernández Azmitia arremetió contra el periodista señalandolo de estar apoyando la corrupción y la ineficiencia dentro de la Portuaria.

Alfiles en la Portuaria

El diputado Hernández Azmitia se paseó libremente por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) grabando videos con los empleados del malecón sobre los problemas del puerto y tiene acceso a información privilegiada sobre las operaciones y adquisiciones de dicha empresa.

Esto es posible gracias a que tiene dos alfiles dentro de la EPQ. Se trata de José Raúl Virgil Arias, secretario general del partido Movimiento Reformador (MR), quien labora como asesor de la autoridad superior de la Portuaria, con honorarios mensuales de Q15 mil; y Jorge Ramón Reneau Castro, también miembro del MR, quien labora como asesor específico en materia de adquisiciones para la autoridad superior, devengando honorarios mensuales por Q12 mil.

“Niego rotunda y categóricamente que existan intereses familiares”

En una entrevista telefónica, el diputado Luis Hernández Azmitia negó que su trabajo de fiscalización tenga interés en beneficiar a las empresas de la familia de su esposa. “No existe ningún interés familiar. Estas son empresas que arrancaron su vida privada empresarial mucho antes que yo incursionara en la vida política”, aseguró el legislador.

Hernández Azmitia negó haber intervenido en el caso de los contratos obtenidos por Obras Marítimas (Marisa) durante la administración de la UNE, y acusó a Guillermo González Flores, quien según el parlamentario en la actualidad con un contrato 0-29 en la Portuaria Quetzal, de ser la persona que “extorsionó a varias personas con ese contrato”.

En cuanto al contrato recién obtenido por la empresa Dos Océanos, S.A., Hernández Azmitia declaró que fue «un proceso transparente que se llevó a cabo por parte de una junta de licitación y ratificado por la junta directiva de la EPQ”.

Agregó que su trabajo de fiscalización la inició mucho antes que se diera esa licitación que benefició a la empresa de su familia política. “La fiscalización yo la inicié en 2016. Y en 2017 a lo interno de la Comisión de Gobernación, de la que yo era parte, empezamos a fiscalizar la eficiencia portuaria. Todo esto está documentado en las redes sociales porque yo todo lo que hago lo pongo allí”, acotó.

Por último, el legislador negó tener intenciones de querer impulsar una licitación para dragar la dársena y rompeolas de la Portuaria Quetzal. “El mandato de la Empresa Portuaria Quetzal va desde Iztapa hasta Puerto San José. Esa es una área de influencia en donde hay comunidades que están en riesgo en base a lo que sucedió en el volcán de Fuego y es algo que no lo digo yo, lo han dicho los expertos, lo ha dicho abiertamente la Conred. Y por lo tanto, lo único que se le hizo fue la pregunta al gerente y al subgerente porque el presidente de la Portuaria no ha querido venir y es él la persona que no ha querido contar de sus intenciones respecto al puerto. Pero cuando vinieron acá le hice la pregunta de cuál era el plan de trabajo y de acción ante estas posibles repercusiones que vayan a tener”.

El “señor”  del transfuguismo

Luis Hernández Azmitia, tiene 42 años de edad, es diputado y jefe del bloque legislativo del Movimiento Reformador (MR). Es bachiller egresado del Colegio Americano y afirma poseer estudios de Administración de Empresas en una universidad privada.

Hernández Azmitia en su vida política ha pasado por las filas de Encuentro por Guatemala (EG); pasó por Compromiso, Renovación y Orden (Creo); también colaboró con Sandra Torres, en el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y en las elecciones generales de 2011 participó como candidato a diputado por el partido Visión con Valores (Viva).

Entre marzo de 2012 y enero de 2013 fue Viceministro de Protección Social y Viceministro de Política Social, Planificación y Evaluación, los dos cargos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno de Otto Pérez Molina con el Partido Patriota (PP). El periodista Ignacio Laclériga, quien fue comunicador social del Mides, lo describe en una columna de opinión publicada por el medio digital Nómada como “megalómano” y “un pequeño embaucador con aspiraciones a Arzú, aunque le faltará talento e inteligencia para lograrlo”.

En las elecciones de 2015 fue electo diputado al Congreso postulado por Viva, sin embargo, al asumir la curul desertó para pasar a formar parte del Movimiento Reformador (que apadrinaba el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi), del cual es actualmente jefe de bloque legislativo. En 2017 fue nombrado presidente de la Comisión de Salud, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que los diputados tránsfugas no pueden presidir comisiones; por este motivo es que Hernández Azmitia busca eliminar el artículo (candado) que no permite la reelección de los diputados tránsfugas.

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