Domingo 24 DE Junio DE 2018
Investigación

La insaciable codicia de Jurg W. Probst, el “Rey (prófugo) de las Portuarias”

Este 31 de mayo Puerto Quetzal debe renovar un contrato por Q 360 millones que desde hace 17 años ha favorecido a la empresa Servicios Bayside (propiedad de Probst), pero que a todas luces es ilegal y lesivo para los intereses del Estado. La empresa de Probst está peleando con uñas y dientes mantener sus privilegios acudiendo a demandas penales contra funcionarios portuarios, y a presuntas coimas, que han sido hasta ahora su visa ganadora.

Fecha de publicación: 27-05-18
Más noticias que te pueden interesar

 

Jurg Widmar Probst, el suizo-guatemalteco contratista del Estado, es prófugo de la justicia desde hace casi dos años, pero su imperio de negocios cuestionables sigue viento en popa, produciéndole cuantiosas ganancias en los dos principales puertos del país, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Hasta la fecha, sus contratos con el Estado sobrepasan los Q 3 millardos y, según las autoridades judiciales, los ha obtenido en base a sobornos millonarios. En el caso Cooptación de Estado, que se desveló en julio de 2016, el MP y la CICIG documentaron que Probst pagó al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Q9 millones de comisión por un contrato de Q92 millones en Empornac, más Q250 mil mensuales por el negocio de las grúas en los dos puertos, durante 2014.

Probst es dueño del Grupo Interport, del cual son parte cuatro empresas: Servicios Bayside, que desde mayo del 2001 proporciona las grúas en EPQ; Caribe Gru, que da el mismo servicio en Empornac; Arrendadora Continental, que es una remolcadora de buques, y Swisstec, que alquila máquinas para apilar contenedores. Con una estructura aparte, el mismo Probst tiene Dragados Marinos, que factura Q90 millones en promedio en Empornac; Novacom, que vende repuestos y maquinarias a los dos puertos y al INDE, y la Comercializadora Pahomé, que carga y descarga el granel sólido (carbón, níquel etcétera) de los buques.

Un contrato lesivo

El contrato de Bayside con EPQ data de 2001 y es para la prestación de servicios portuarios “con grúas móviles y multi-propósito marca liebherr, bajo el régimen de gestión indirecta”, según reza el documento. Probst, como operador portuario, proporciona dos grúas móviles para el manejo de contenedores de 20, 40 y 45 pies.

Sus contratos tienen vigencia de cinco años y, desde entonces, se han renovado automáticamente cinco veces. Pero en el suscrito el 18 de agosto de 2010 (Escritura Pública número 76), gobierno de Álvaro Colom y la UNE, se introdujeron modificaciones lesivas para el Estado y probablemente también son inconstitucionales.

En la cláusula Definiciones se introdujo un inciso k), “Actos de gobierno”, según el cual “cualquier cambio en las leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos… cualquier acción u omisión… que afecten el contrato” libran al operador frente al Estado.

De acuerdo a juristas consultados, que trabajan para el Estado pero que pidieron no ser citados, “esta cláusula es nula de pleno derecho, toda vez que intenta, por medio de una escritura pública, limitar la actividad gubernamental para incentivar la libertad de comercio e industria”. No solamente eso, afirma un asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la República, “de cierta forma pretende ejercer superioridad sobre la Portuaria, limitando su libre disposición de bienes y negocios”.

La segunda modificación está localizada en la cláusula octava, Obligaciones de la Empresa, en su literal h), indica que Puerto Quetzal debe de utilizar “prioritariamente” las cinco grúas de Probst en todos los contenedores, de lo contrario EPQ “pagará al operador” (o sea, a Bayside, propiedad de Probst) “lo relativo al lucro cesante”, que se calcula en base a la facturación promedio de los últimos nueve meses “multiplicado por el plazo restante de vigencia del contrato”.

Para los propios asesores de gobierno, esta es una cláusula inconstitucional que beneficia el monopolio.

 

Un alto a la lesividad… y el contraataque

Ese contrato lesivo para los intereses del Estado vence el próximo jueves 31 de mayo. Desde el pasado febrero, las autoridades de EPQ hicieron saber a la empresa de Probst que no sería renovado automáticamente, como hasta ahora, por las lesiones e ilegalidades que contiene. Los personeros de Bayside lo aceptaron en un primer momento, sometiéndose a nuevas cláusulas y competencia de ofertas.

Pocas semanas antes de que la Portuaria adopte la decisión, los representantes de Probst, que están encabezados por su gerente y pariente político, Carlos Antonio García Pilón, decidió dar marcha atrás. El 8 de mayo pasado presentó denuncia penal en contra del Gerente General de EPQ, José Enrique Gil Natareno; Édgar Antonio Lorenzo, jefe de la Unidad de Comercialización y Mercadeo de EPQ, y otros, eventualmente.

No existe una sola versión sobre porqué la empresa de Probst cambió inesperadamente su decisión de competir por un nuevo contrato, cuestión que no había hecho hasta ahora, pues siempre ganó el favor de las autoridades a través de coimas y promesas de participación directa en el negocio. Un funcionario administrativo de EPQ nos aseguró que los personeros volvieron a la vieja práctica de soltar “coimas” mensuales de Q250 mil y por eso creen haber ganado anticipadamente el derecho de picaporte en el puerto.

Otra fuente, cercana a la Presidencia de la República, anota que la empresa de Probst utiliza a un abogado, expresidente del Colegio de Abogados y amigo del presidente Jimmy Morales, como canal del soborno. “Es muy probable que el intermediario se quedó con el mandado, pues las autoridades del Puerto Quetzal siguen con su idea de botar el contrato lesivo, mientras el abogado de Jimmy Morales hizo circular por las redes sociales una foto suya, al lado del Presidente y con la delegación que asistió a la inauguración de la embajada de Guatemala en Jerusalén. Esa sería su prueba de que cumplió con el trato”.

Fuentes independientes señalan que hay varios diputados y abogados que “olieron el negocio” y quieren tajada. Mencionan, por ejemplo, al jefe de bancada de MR, Luis Hernández Azmitia, al también jefe del oficialista FCN, Jaime Hernández, y al influyente abogado del presidente de la República, el doctor Fredy Cabrera. Ellos estarían reforzando a los testaferros de Probst para no perder el negocio, de acuerdo a nuestras fuentes calificadas.

En la recta final

La prestación del servicio de grúas, de todos modos, lo puede ganar, con competencia, la empresa del suizo Probst. “No es fácil hacer una oferta competitiva y proporcionar el servicio inmediatamente”, admite un directivo de la Cámara de Industria. “Hay que traer la maquinaria y pensar que en cinco años se adquiere el punto de equilibrio y es hasta el año siete (segundo contrato) que se adquieren las utilidades plenas”.

No obstante, Probst no está de acuerdo. Quiere mantener el contrato bajo las cláusulas lesivas para Guatemala.

El pasado sábado 26, un personero de Probst, Marlon Orlando Paredes Góngora, gerente de puerto de Bayside, hizo circular entre los directivos de la EPQ una nota en la que enumera las ventajas de seguir como hasta ahora con su empresa, y advierte que el 31 de mayo a la medianoche el Puerto se quedará sin servicios. “Quiero estar con la tranquilidad en la conciencia que se hizo todo lo posible para dar detalles ante la posible crisis”, se exime.

En efecto, el plazo fatal está por llegar. La adjudicación está en curso, pero la demanda de Probst también. Probst sabe que va a ganar la concesión del servicio, pero, aunque esté con el agua al cuello por la persecución penal en su contra, precisamente por corrupción, no dará un paso atrás. Quiere seguir en lo mejor de los dos mundos: haciendo trizas las leyes nacionales, que engordan plenamente sus bolsillos, mientras mantiene su impunidad, protegido por su nacionalidad de origen.