Lunes 12 DE Noviembre DE 2018
Investigación

El kaibil que entrenaba al Barrio 18, y otros vínculos

El Ejército ha sido uno de los mayores respaldos políticos para Jimmy Morales. No obstante, cada vez más militares son acusados de involucrarse con las pandillas. Este joven kaibil fue detenido mientras adiestraba a cuatro elementos del Barrio 18, dos de ellos menores de edad.

Fecha de publicación: 13-05-18
Selvin Escobar (playera 77) fue detenido el año pasado junto a integrantes del Barrio 18. Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
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Ese día, 20 de julio de 2017, Selvin Escobar, un kaibil de 22 años, viajó al menos dos horas desde su casa para llegar a la aldea Concepción, del Municipio de Palencia, Guatemala. Se sabe que fue así porque esa fue la explicación que Alvin, miembro del Barrio 18, dio vía telefónica al que parecía ser el jefe de su clica. El objetivo de su recorrido fue compartir sus conocimientos sobre el manejo de armas con cuatro jóvenes, dos de 19 años y dos menores de edad.

Escobar, apenas vio las chivas (armas) que Alvin llevó, empezó a disparar sin importarle las casas que había pocos metros abajo. Aunque fueron las detonaciones las que los evidenciaron, más tarde creerían que el operativo fue a raíz del asesinato de una chica, por eso a alguien le dio por “ponerse rata” (quejarse / delatarlos con la Policía).

Con la metro (una subametralladora Mini Uzi muy oxidada) hizo varios disparos de prueba, según lo narrado por Alvin, Escobar no tuvo problemas. Después, el exmilitar hizo a un lado la primera arma y se fijó en el fusil M16, un arma diseñada para la guerra, con la mitad del peso de un AK-47, una velocidad de disparo de 948 metros por segundo y una precisión a 550 metros de distancia.

Si Escobar se sentía cómodo con estas armas es porque su formación de militar, iniciada el 1 de mayo de 2014 como soldado de la Segunda Brigada Militar Mariscal Zavala, le permitió familiarizarse con ellas, en especial con el M16. El teléfono incautado demostró que gustaba de tomarse fotografías posando con el ojo detrás de la mira del fusil.

Oportuno retiro

Según las leyes guatemaltecas, el M16 es un arma de uso exclusivo del Ejército, fue utilizado por las Reservas Militares para patrullar las zonas rojas de la ciudad capital. No obstante, también fue utilizada en agosto de 2017, cuando un grupo de la Mara Salvatrucha mató a siete personas e hirió a 12 para rescatar a uno de sus líderes en el Hospital Roosevelt.

Cuando los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al barranco, se encontraron con los cuatro jóvenes del Barrio 18 aprendiendo a operar el fusil, la Mini Uzi y un arma hechiza. Al verlos, los pandilleros “tiraron a los juras de pinta” (dispararon a los policías). Solamente el kaibil no abrió fuego, según Alvin, fue porque en ese momento no “tenía mazo” (arma).

Durante los procedimientos de confirmación de identidad, el Ejército de Guatemala confirmó que Selvin Guadalupe Escobar Jolón fue parte de las fuerzas armadas como Policía Militar en la Primera Brigada de Infantería “Luis García León”, Santa Elena, Petén. Según la certificación de servicio, Escobar no laboraba ahí –para alivio de la fuerza armada, o coincidentemente– desde hacía 27 días antes de ser capturado. Su retiro voluntario fue autorizado el 30 de junio, Día del Ejército.

 

Frecuentes vínculos

Si bien la captura del joven kaibil fue en flagrancia, y por el momento no se cuentan con indicios que refieran una vinculación con la pandilla más allá del plano personal, este caso se suma a otros recientemente descubiertos.

Un caso muy similar al anterior fue el de Luis Ángel Sierra Arévalo, un soldado de 19 años asignado a la Primera Brigada Militar Mariscal Zavala, la misma donde inició su servicio el kaibil Escobar. Según las autoridades, el joven era distribuidor de armas para el Barrio 18. En esa ocasión el entonces ministro de la Defensa, Williams Mansilla, aceptó que la pandilla se infiltró en el Ejército por la falta de controles.

Otro de los casos más relevantes fue la captura del coronel Ariel Salvador de León, quien fue detenido en Quetzaltenango por su participación en una estructura de lavado de dinero que favorecía a la clica Hemster Locos, de la Mara Salvatrucha. Según las investigaciones, el Coronel pudo haber recibido al menos Q13 millones producto de extorsiones.

Respecto del abastecimiento de armas, en abril de 2016 un vehículo de la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala S.A. (Visegua) fue detenido mientras entregaba armas a miembros del Barrio 18. En el operativo, llevado a cabo en la zona 12 de Villa Nueva, se incautó una Mini Uzi, una escopeta, dos pistolas, tolvas, cartuchos y municiones.

Según el portal de Guatecompras, existen dos empresas con este nombre, una sociedad anónima y una individual. El propietario de una de ellas es el exjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) Jorge López Jiménez, quien fue nombrado para el cargo por el presidente Jimmy Morales.

De acuerdo con las investigaciones, los tres agentes laboraban para la empresa de seguridad y pertenecían a la pandilla, su función era proveer armas. Después de las acusaciones, Denis Paredes, representante legal de Visegua, dijo en el programa radial Con Criterio, que López Jiménez no tenía ningún vínculo con la empresa y que los detenidos actuaron en forma personal.

Tentación para el Ejército

Para David Martínez-Amador, experto en narcotráfico e investigador social afiliado a la Red de Insumisos de México, es difícil generalizar la relación entre pandillas y Ejército a nivel regional.

En México, por ejemplo, la vinculación se ha demostrado ser más cercana con el narcotráfico. Las pandillas centroamericanas, en cambio, se benefician de los malos controles de las propias armas del Ejército mexicano, y producto de la dificultad para auditar su uso, no se puede determinar una responsabilidad institucional.

“La evidencia más clara de esta relación de colusión apunta al caso de El Salvador. El Ejército salvadoreño ha expulsado durante los últimos siete años a 670 militares coludidos con pandillas y otros grupos delictivos. Al menos 15 de estos militares tenían rango de suboficial, lo que permitía tener personal de tropa bajo su mando” asegura. Esto fue posible, continúa el analista, porque existió voluntad institucional para hacer la purga.

Martínez-Amador concluye que casos como los anteriores representan dos problemas, si bien ocurrieron en el plano personal, el hecho de acercar al Ejército al crimen organizado fomenta la corrupción y la colusión, porque realmente no están entrenados para combatirlos. Por otro lado, “¿qué son los militares sino máquinas entrenadas para matar al enemigo y asegurar su botín? ¿Dónde ponen en práctica esta parte de la formación? La colusión con el narco y las pandillas por eso –además del dinero fácil– genera tanta tentación”.

 

 

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