Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Investigación

Los negocios en el aeropuerto que olvidó contarle al juez Daniela Beltranena

Aunque en las pasadas audiencias la exasistente personal de Roxana Baldetti intentó desligarse de cualquier acusación, un correo electrónico enviado por Jair Samayoa muestra el interés que tuvo Beltranena en el proyecto de construcción de varios hangares en el Aeropuerto La Aurora.

Fecha de publicación: 23-04-17
Por: Investigación investigación@elperiodico.com.gt
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El mensaje del correo electrónico es puntual, “le parece como va”(sic) se lee. Fue enviado del email personal de Jair Samayoa, exinterventor de Aeronáutica Civil, el 24 de julio de 2014, en la barra de destinatario aparecen dos direcciones electrónicas de Daniela Beltranena. Adjunta, una presentación Power Point titulada “presentacion vice.pptxt” que contenía los planes para apropiarse de manera anómala de un espacio del aeropuerto La Aurora.

En las últimas dos audiencias en las que Daniela Beltranena se presentó ante el juez Miguel Ángel Gálvez, su extenso discurso se centró en insistir que ella fue manipulada por la ex Vicepresidenta “… trabajé con una persona sin principios, sin valores y sin escrúpulos y fui utilizada como empleada…”, declaró rodeada de leitz y cajas con documentos que respaldarían su declaración.

Para desvincularse de toda implicación legal, Beltranena hizo una serie de señalamientos contra quien fue su jefa y amiga. Por ejemplo, acusó a Baldetti de ser quien alertó al exsecretario Juan Carlos Monzón de la orden de aprehensión girada en su contra el 15 de abril de 2015, mientras los tres se encontraban de viaje en Corea.

Además, a lo largo de las audiencias de la última semana, Beltranena aseguró que si ella figura en los distintos documentos presentados por el contador de Juan Carlos Monzón y por este mismo, como responsable de los viajes aéreos, es porque esa era una de las funciones especificadas en su contrato laboral. Agregó que todos los viajes fueron pagados por la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS) y que ella nunca manejó el efectivo para cancelar las horas de vuelo.

En su primera declaración ante el juez, luego de ser detenida por las autoridades en junio de 2016, en reiteradas ocasiones aceptó que mantuvo comunicación con el ex Interventor, sin embargo, aseguró que lo hizo únicamente porque Samayoa fue elegido por Baldetti como el único piloto que conduciría el helicóptero utilizado para realizar giras oficiales.

Según sus propias palabras, nunca se acercó a Samayoa en su calidad de interventor de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), únicamente como piloto. El correo electrónico al que tuvo acceso elPeriódico pone en duda esta afirmación.

La adjudicación dirigida

La presentación que envió Samayoa a Beltranena cuenta los planes que estudiaban, junto con Baldetti, para obtener beneficio del reacomodamiento de un área del aeropuerto La Aurora.

La idea, según se ve en el Power Point, era construir uno de dos proyectos: El primero consistiría en construir dos hangares, uno para resguardar aeronaves y un área FBO (Operación de Base Fija, por sus siglas en inglés) en la cual se le daría mantenimiento a las mismas. La otra opción era construir un FBO más pequeño, una sala de descanso y oficinas administrativas.

El espacio donde se planificaba levantar los proyectos, según la presentación, ya estaba ocupado por dos empresas expendedoras de combustible. La razón para removerlos del lugar fue que era necesario, pues el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional La  Aurora requería de dicho reacomodo, la oportunidad no fue desaprovechada por Baldetti y compañía.

La presentación con el proyecto de reestructuración del aeropuerto fue enviado a Beltranena en julio de 2014. El plan se echó a andar el 24 de diciembre de ese año, cuando el despacho superior de la DGAC envió una invitación a varias empresas petroleras para participar en el “diseño, construcción, operación y mantenimiento del nuevo sistema de distribución de combustible, de conformidad con las recomendaciones vertidas en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional La Aurora por la Organización De Aviación Civil Internacional (OACI)”.

Un reportaje de elPeriódico reveló que la DGAC buscaba arrendar esta área de 13 mil 500 metros cuadrados para construir y operar la nueva terminal de combustible de aviación por un plazo de 15 años. Este proceso, opaco, según las petroleras internacionales, beneficiaban a una sola empresa y eliminaban la competencia. El concurso no fue publicado en el portal de Guatecompras.

Entre las empresas invitadas figuraron Puma Energy, Chevron (Texaco), Terminales del Atlántico (TASA) vinculada a Unopetrol, y Liquisa, cuyas plantas de combustibles operan dentro del aeropuerto en el área que pretendían despejar para construir alguno de los hangares que le interesaban a Baldetti.

La invitación fue la segunda oportunidad en que la DGAC bajo la administración de Samayoa intentaba arrendar el espacio para construir una nueva terminal de combustibles, luego de que a inicios de 2014 otorgó dicho proyecto a la empresa ASIG Guatemala, S.A., mediante un proceso en el que fue la única participante. El proceso fue rescindido debido a los múltiples vicios existentes en el proceso y por ello se convocó a otro concurso.

Las petroleras que operan en el aeropuerto fueron invitadas a participar en un nuevo concurso, pero se toparon con un requisito de acreditar experiencia operativa en recepción, almacenamiento y suministro de combustibles de aviación como mínimo en cuatro aeropuertos de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y haber despachado un volumen mínimo de 45 millones de galones en 2013.

Esta cláusula sorprendió a la mayoría de las compañías invitadas, excepto a Terminales del Atlántico, S. A. (TASA), del grupo Unopetrol, que es la única compañía que sí podía cumplir con este requerimiento técnico esencial.

Los ejecutivos de las compañías petroleras intentaron dialogar sobre esta cláusula con el interventor Jair Samayoa, sin embargo, este no los atendió.

El 8 de diciembre de 2014, las empresas presentaron sus ofertas, pero, dos de las tres propuestas fueron desestimadas por la DGAC, que argumentó que incumplían con el requisito de operar en al menos cuatro aeropuertos en Centroamérica y por no presentar documentación legal actualizada. La única oferta que cumplió los requisitos fue la de TASA.

Según la DGAC, la empresa beneficiada con el arrendamiento del terreno para diseñar, construir y administrar la nueva terminal de combustibles debía despachar una cantidad mínima de 12 millones 240 mil de galones al año –monto estimado en la presentación enviada a Beltranena– que representarían ventas millonarias.

Bajo el sistema manejado hasta ese entonces, Puma Energy y Chevron operaban una terminal conjunta para atender los contratos que poseen con las aerolíneas internacionales, mientras que TASA y Liquisa operan la otra terminal conjunta que provee el mismo tipo de combustible de aviación. La competencia entre las petroleras es un tema clave para las aerolíneas, ya que el combustible es el principal rubro de su costo de operación y su precio incide en el valor de los pasajes.

Al operar la nueva terminal de combustibles, petroleras como Puma Energy y Chevron ya no habrían podido atender directamente a las aerolíneas con las cuales tenían contratos a nivel internacional, por lo que debería, negociar y pagar una renta a la empresa que obtuviera su administración para poder seguir abasteciendo a las aerolíneas.

Beltranena olvidó mencionar estos pequeños negocios durante la audiencia con el juez Gálvez aunque a conveniencia cambió su primera declaración asegurando que había mantenido contacto con Samayoa a petición de Baldetti.

Proyecto que no despegó

Tras la publicación de elPeriódico que reveló las intenciones de otorgar de manera anómala el usufructo del combustible, el proyecto entero quedó detenido. Las acusaciones contra el gobierno del Partido Patriota (PP) empezaron a incrementar cada vez más hasta que, el 16 de abril de 2015, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron a Juan Carlos Monzón, entonces secretario de la Vicepresidencia, de dirigir la banda de defraudación aduanera conocida como La Línea. Baldetti renunció a la Vicepresidencia el 8 de mayo, y el 25 de agosto fue acusada de haber recibido la mitad de los beneficios de La Línea junto al presidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo.

Samayoa se mantuvo en el cargo de interventor de la DGAC hasta septiembre de 2015, sus declaraciones han ayudado a develar parte de la forma de operar de la estructura, en la cual pese a negarlo, participó Beltranena. Entre otros negocios, la exasistente fue parte del primer  intento de compra del TG-PES, helicóptero obsequiado al ex Presidente por medio de la Cooperacha.

La audiencia de ampliación de declaración de Beltratena continuará esta semana. Aún está pendiente conocer si se referirá a estos intentos de negocios en los que participó.

12.2

Millones galones de gasolina despachan anualmente las estaciones de combustible sobre las que Baldetti, Samayoa y Beltranena tenían interés.

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