domingo 29 enero 2017
Investigación

Los favores del MARN a la hidroeléctrica Pontilá

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales autorizó el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontilá el cual pone en riesgo el ecosistema de la laguna Lachuá, en Alta Verapaz. El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado con irregularidades. El viceministro Alfonso Alonzo reconoció durante una citación en el Congreso que viajaron en el helicóptero de dicha empresa.

Aurelio Asturias junto a Sammy Morales, hermano del Presidente, en una de las giras durante la campaña presidencial de 2015. / El dictamen fue firmado solo por uno de los expertos, los otros dos se negaron a suscribirlo Por: Investigación [email protected]

La laguna Lachuá, considerada uno de los humedales de mayor relevancia a nivel mundial, se encuentra amenazada por un proyecto hidroeléctrico impulsado por la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá, Sociedad Anónima que dirige Aurelio Asturias Ekenberg.

Pese a que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Escuela de Biología de la Universidad San Carlos (Usac) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) opinaron, tras analizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que el proyecto hidroeléctrico de 40 megavatios pone en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Laguna Lachuá, Alta Verapaz, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) resolvió autorizar el EIA y otorgarle la licencia ambiental.

Dichas entidades opinaron que el EIA está incompleto, copia y pega información de otros estudios realizados para una zona completamente distinta a la que se evalúa, y lo declararon improcedente. No obstante, el MARN decidió que dichos argumentos no eran vinculantes y resolvió autorizar el proyecto hidroeléctrico.

Alfonso Alonzo, viceministro de Ambiente, acudió el pasado miércoles al Congreso a una citación con la bancada Todos, donde fue cuestionado respecto a la forma en que fue aprobado el EIA para el proyecto Central Rocja Pontilá. En todas sus respuestas asegura que no hizo más de lo que le manda la ley.

Un mal plagio

En el reportaje Una hidroeléctrica amenaza el Parque Nacional Laguna Lachuá publicado por Plaza Pública, se señala que la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá S.A. (de Hidro Energía S.A.) presentó al MARN en tres ocasiones el Estudio de Impacto Ambiental.

La primera vez fue en 2013, pero lo retiraron de inmediato. Lo volvieron a presentar en 2014, pero fue rechazado por el MARN por las múltiples debilidades que presentaba y, principalmente, porque ponía en riesgo el área protegida. El tercer intento fue en 2015 y logró su cometido el 4 de noviembre de 2016.

Tanto en el segundo y tercer intento, la Usac, el Conap y el Inab manifestaron su total desacuerdo, los argumentos son muchos. La Escuela de Biología indica respecto al último expediente presentado por la empresa que este “muestra de forma evidente copia e inclusión en el texto de un estudio que se localiza al sur y sureste de Fraijanes, al occidente, noroccidente y sur de Santa Cruz Naranjo en Barberena, Cuilapa y Oratorio, sin ninguna relación con el área del proyecto”. Por otro lado, “presenta nombres científicos de plantas y animales mal escritos”. Además de no utilizar información metereológica del mismo Parque Nacional Laguna Lachuá.

Por su parte, el Conap en su resolución del 18 de marzo de 2016 solicita que se notifique al colegio de profesionales correspondiente “el nombre del consultor a efecto pueda ser sancionado en un tribunal de honor, debido a las deficiencias del instrumento de evaluación ambiental”.

Alonzo: “Se puede oponer todo el país si quiere…

Las instituciones argumentan que si bien los trabajos se realizarán fuera de la reserva natural que protege la laguna Lachuá, esta afectará el caudal del río Icbolay que alimenta el parque nacional.

El Estado de Guatemala declaró como área protegida el Parque Nacional Laguna Lachuá y su área de influencia (una superficie de 145 kilómetros alrededor del lago declarada parque nacional en 1976), incluyendo el río Icbolay (cuyo caudal utilizará la hidroléctrica) para su inclusión como un humedal de importancia ante la Convención Internacional Ramsar, habiendo sido aceptada el 24 de mayo de 2006, siendo la ecorregión Lachuá reconocida a nivel internacional.

El río Icbolay es uno de los principales afluentes del Parque Nacional Lachuá. El afluente se sumerge entre las montañas antes de llegar a la laguna y un kilómetro después renace a borbotones en un resumidero que es considerado una maravilla natural. La hidroeléctrica pretende construir una represa y desviar el caudal del río a niveles que los expertos consideran mínimos y de riesgo.

El Inab opinó que es falso lo que dice el EIA respecto a que el proyecto no afectará la reserva natural por estar fuera de la misma. La institución asegura que esta afirmación no aplica a recursos hídricos, principalmente cuando este río alimenta la zona protegida a lo largo de 1,300 metros.

 

El helicóptero propiedad de la empresa promotora fue utilizado por el Viceministro para “ver“ el proyecto.

 

En la citación, el viceministro Alonzo insistió en que durante los últimos años este estudio se volvió un tema tabú en el Ministerio y que él solo hizo lo que debía hacer por ley. Pese a todas las advertencias, el MARN decidió aprobar el estudio, pues estos no son de carácter vinculatorio. “Aquí se puede oponer todo el país si quiere, pero si es técnicamente viable no podemos detener un proyecto, porque podemos caer en incumplimiento de deberes”.

¿Favores políticos?

Las anomalías en la aprobación del EIA van más allá de obviar las recomendaciones de las tres instituciones. En la citación, el diputado Rodrigo Valladares preguntó al viceministro Alonzo si era cierto que los inspectores del MARN utilizaron los vehículos de la empresa promotora.

Alonzo contestó con un “sí” rotundo, aunque después se tornó dubitativo. “Sí… en una ocasión. Se necesitaba ver el proyecto… En tres oportunidades se usó transporte terrestre y una vez aéreo”. El legislador cuestionó si eso no le creaba un conflicto de interés, el viceministro aseguró que no.

Esta no es la única ocasión en que Rocja Pontilá tuvo contacto con el actual gobierno. Durante la pasada campaña electoral, un fotógrafo de Prensa Libre captó el momento en que Aurelio Asturias Ekenberg, principal inversionista de Rocja Pontilá, acompañaba a Samuel, Sammy, Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, durante una gira proselitista por Alta Verapaz.

En la fotografía se observa al empresario detrás del hermano del Presidente al momento que saludaba a la gente, una posición que solo tenían acceso los miembros del partido FCN-Nación, o sus financistas.

Otras anomalías

El dictamen que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de Rocja Pontilá, por ser un proyecto de categoría A y alto impacto, debía ser firmado por un equipo multidisciplinario conformado por tres asesores ambientales. En la copia a la que tuvo acceso elPeriódico se observa la firma del ingeniero Omar Pedro Samayoa Allara, los otros dos asesores se negaron a firmar el estudio.

El viceministro Alonzo aseguró a los diputados que no existe conflicto en este punto pues, por ley, se especifica que puede firmar “el o los” técnicos que hicieron el estudio. Agrega que fueron nueve los profesionales que estuvieron involucrados en el análisis, aunque solo uno firmó.

El único asesor que firmó el estudio, Omar Pedro Samayoa Allara, laboraba hasta entonces en el MARN bajo un contrato temporal 029 con honorarios por Q8 mil mensuales. Despues de dar su aval al estudio, Samayoa fue contratado como delegado departamental del Ministerio en Sacatepéquez, con un sueldo de Q9 mil 884 y una plaza 011, que le garantiza su permanencia.

El dictamen fue avalado por César Oswaldo Díaz Castillo, quien tenía menos de un mes de haber asumido como director de Gestión Legal Ambiental. En 2015, Díaz Castillo fue candidato a alcalde de La Antigua Guatemala postulado por el partido FCN-Nación, pero apenas obtuvo 600 votos. Díaz Castillo, abogado de profesión, fue recomendado por Alonzo para ocupar dicho cargo.

Multas y denuncias

Otra de las anomalías del proyecto Rocja Pontilá fue que arrancó operaciones sin contar con la licencia ambiental del MARN y los permisos respectivos.

El 6 de enero pasado, el delegado del Conap presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la apertura de un camino de terracería de 1.4 kilómetros por cinco metros de ancho, el cual, según la denuncia, había ingresado 35 metros dentro del Parque Nacional Laguna Lachuá.

La apertura de este camino fue hecha sin contar con un instrumento ambiental y “con la ayuda de la empresa eléctrica ubicada en la aldea Pontilá”, se lee en la denuncia.

Según lo manifestado por el delegado del Conap, durante la apertura del camino se talaron árboles de diferentes especies y a su vez se afectaron varios cuerpos de agua. Además se construyó un puente Bailey para dar acceso al proyecto.

El Ministerio de Ambiente impuso una multa por Q100 mil, la máxima sanción que hay, por iniciar actividades antes de contar con licencia ambiental y una más por Q75 mil por la construcción de un puente Bailey sin autorización. Pero se abstuvo de iniciar una denuncia penal por las obras sin permiso.

El caso de la central Rocja Pontilá también está siendo analizado por la Procuraduría General de la Nación, por su papel como abogada del Estado, pero se ignora si ya presentó una denuncia al respecto.

 

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Un “Vice” con pasado cuestionado

El viceministro Alfonso Alonzo inició su carrera política en enero de 2001 como camarógrafo del presidente Alfonso Portillo, hasta abril de 2003.

De julio de 2003 a septiembre de 2008 laboró en el Congreso de la República como asesor. Entre 2009 y 2014 laboró como asesor del Consejo Nacional para el Cumplimiento Nacional de los Acuerdos de Paz y la Asociación Nacional de Municipalidades. De marzo a diciembre de 2013 fue asesor técnico de la Comisión para la Reforma Policial. Es contratista del Estado desde 2013, le arrenda un inmueble en Santiago Sacatepéquez al Ministerio de Gobernación, lugar donde funciona la subestación policial, por lo que percibe Q90 mil anuales.

Entre mayo y diciembre de 2015 fue asesor de la bancada Líder en el Congreso, con un salario de Q10 mil mensuales. Era asesor del entonces presidente del Congreso Luis Rabbé, sin embargo, se sospecha que era una plaza fantasma.

En septiembre de 2015 fue candidato a alcalde de Santiago Sacatepéquez, postulado por el partido Lider, pero solo logró 436 votos de los 10 mil 782 sufragios emitidos. Durante la segunda vuelta electoral colaboró con la campaña de Jimmy Morales, a quien le realizó varias entrevistas en un canal de cable local.

En marzo de 2016 fue nombrado como asesor del Ministerio de Ambiente con un contrato de Q220 mil anuales, de los cuales percibió dos pagos por Q99 mil por cinco meses. En mayo de 2016 fue nombrado Viceministro de Ambiente, a pesar de carecer de título profesional (afirma que es periodista profesional egresado de la Universidad Panamericana) y de conocimientos ambientales.

Afronta una denuncia por acoso sexual de una extrabajadora del Ministerio de Ambiente, a quien intentó sobornar para que retirara la denuncia.

 

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El dictamen fue firmado solo por uno de los expertos, los otros dos se negaron a suscribirlo