domingo 8 enero 2017
Investigación

CIV sigue sin accionar en contra de Bioenerg, la empresa incumplida vinculada a Galdámez

La Constructora recibió más de Q28 millones en pagos durante el gobierno del Partido Patriota con la finalidad de construir un puente y rehabilitar un tramo en la ruta nacional 7E, que atraviesa el Valle del Polochic, sin embargo, dejó inconclusa la obra.

El puente sobre el río Cahaboncito continúa deteriorándose al igual que el material que la empresa dejó al abandonar la obra. Por: Investigación [email protected]

Los pilotes del puente que debió haberse construido hace más de tres años en el Valle del Polochic para mejorar la comunicación vial del sector, continúan oxidándose al estar expuestos a las inclemencias del tiempo.

Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones (CIV) sigue sin tomar acciones para intentar recuperar la inversión que se perdió, cuando la empresa Biotecnologías Energéticas de Guatemala, S. A. (Bioenerg), vinculada al diputado Estuardo Galdámez, ahora del partido del presidente Jimmy Morales, dejó abandonada la obra.

La Constructora Bioenerg se contrató durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para habilitar un tramo en dicha ruta y durante el gobierno del Partido Patriota (PP) recibió una ampliación por Q22.7 millones para la construcción del puente Cahaboncito; sin embargo, además del puente dejó abandonado también el tramo que pavimentaba entre Panzós y El Estor, Izabal, sin ninguna explicación.

Ni las autoridades del PP ni las actuales, después de 11 meses de haber tomado el gobierno han hecho nada para intentar subsanar el incumplimiento, pese a que la Dirección General de Caminos (Caminos) asegura que envió desde el gobierno anterior un informe a los responsables de la cartera, para que estos interpusieran una denuncia en contra de esta empresa por el incumplimiento.

Mientras tanto, las actuales autoridades aún “evalúan” qué acciones tomarán para velar por los intereses del país.

La obra arrancó en 2009 con un préstamo otorgado por el Gobierno de Japón. La obra de 39.37 kilómetros de extensión tendría un costo de Q132.2 millones, a la fecha se han ejecutado Q56.8 millones que equivalen al 43 por ciento del costo, pero el avance físico es del 39.59 por ciento. El tramo se encuentra suspendido desde hace varios años debido a los incumplimientos de la constructora.

En marzo de 2014, elPeriódico dio a conocer el incumplimiento de la constructora.

En marzo de 2014, elPeriódico dio a conocer el incumplimiento de la constructora.

Una fianza sin cobrar

Pese a que la obra estaba abandonada desde finales de 2013, como lo evidenció una publicación de elPeriódico, en marzo de 2014, y a pesar de que en ese momento la fianza de cumplimiento seguía vigente, el CIV de ese entonces no exigió la ejecución y antes se venció la misma.

“Lo que se perdió fue la oportunidad de cobrar daños y perjuicios por el proyecto; no es nada favorable para los intereses del Estado tener parado un proyecto durante tantos años”, señaló Delfino Mendoza, director de Planificación de Caminos.

Las anteriores autoridades dejaron que la fianza venciera antes de exigir el pago y tampoco denunciaron ante el Ministerio Público el incumplimiento de esta. Mientras tanto, el actual ministro de Comunicaciones, Aldo García, señala que esperan el pronunciamiento del departamento jurídico del CIV para determinar qué acciones tomarán en contra de la empresa.

Vinculada a Los Lorenzana

Bioenerg fue fundada en agosto de 1985 por Guillermo Duarte Monroy, y trabajó varios proyectos de Estudios de Impacto Ambiental y rehabilitación de caminos rurales para el Banco Mundial entre 2001 y 2002. Según fuentes cercanas, en 2004 Duarte vendió la empresa a la familia Lorenzana, señalados por el Gobierno de Estados Unidos de narcotráfico.

Como presidente y representante legal fue inscrito César Augusto Ávalos Sánchez, un comerciante originario de Huité, Zacapa. La empresa empezó a ejecutar obras de mejoramiento de calles y carreteras para las municipalidades de Huité, Cahabón, Panzós y Estanzuela, el Instituto de Fomento Municipal (Infom), el Ministerio de Comunicaciones, el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), entre otros.

Entre 2004 y 2011 se le adjudicaron 36 proyectos por Q211.8 millones, en muchos de los concursos competía contra otras empresas de la familia Lorenzana como Constructora WL (de Waldemar Lorenzana Cordón) o Constructora H.L.P. (de Elio Lorenzana Cordón). También fue subcontratada por la japonesa Tokura para trabajar en los tramos I y II de la Ruta 7E.

La carretera también fue dejada abandonada, la empresa solo terminó de construir uno de los carriles.

La carretera también fue dejada abandonada, la empresa solo terminó de construir uno de los carriles.

Mientras estuvo vinculada a la familia Lorenzana, Bioenerg cumplió con todos sus proyectos. “Nunca tuvimos problemas con ellos (Los Lorenzana). Como constructora siempre cumplieron los trabajos y tiempos de entrega”, recuerda un exfuncionario de Comunicaciones que solicitó el anonimato.

En 2009, el Gobierno de EE. UU. solicitó la extradición de Waldemar Lorenzana Lima, acusado de conspirar para enviar drogas hacia ese país, y de su hijo Waldemar Lorenzana Cordón. La persecución en contra de los integrantes de la familia Lorenzana afectó las operaciones de sus constructoras y exportadoras, que fueron incluidas en la Lista Kingpin, que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con ellas.

Los dueños desconocidos

Con el cambio de dueños, también iniciaron los atrasos de las obras. “Los nuevos propietarios que asumieron el control de Bioenerg nunca pensaron en los compromisos que estaban adquiriendo”, agregó el exfuncionario.

En el Ministerio de Comunicaciones los actuales representantes indicaron “entendemos que la empresa ya no existe” mientras al ser consultados sobre si sabían quiénes eran los dueños señalaron que el fundador había sido un “arquitecto Guillermo”, pero que la misma había cambiado de dueños y desconocían quiénes fueron los que incumplieron los compromisos.

La empresa reportaba como dirección el edificio Europlaza, en la zona 14, tenía como representante legal a Luz Irene Vargas Castañeda, una abogada que al mismo tiempo que dirigía la empresa trabajó para Galdámez como “asesora en auditoría” en el Congreso de la República.

También se trató de ubicar a Jong Wong Choi, representante legal de Samkye, la constructora de capital surcoreano que ganó la licitación del proyecto junto a Bioenerg; sin embargo, en la dirección reportada por esta indicaron que la empresa se había retirado desde hacía tres años, y que su representante ya no estaba en el país.

En 2014, elPeriódico visitó las oficinas de Katahira & Engineers International, la empresa japonesa que supervisa la construcción de los tramos de la Ruta 7E, allí, todo era hermetismo al indagar sobre la identidad de los nuevos propietarios de Bioenerg.

Sin embargo, una conversación con uno de los ingenieros japoneses reveló la identidad de quién estaba detrás de la empresa: ¿Por qué no avanza la construcción del tramo III? ¿Ustedes conocen al diputado Galdámez?, repreguntó. –Sí. Pues entonces pregúntenle a él, nosotros queremos trabajar, espetó. Galdámez siempre ha negado tener vinculación con la empresa.