Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Investigación

La estafa de Baldetti en la SIT

Un software que serviría para registrar e inhabilitar los celulares robados fue vendido a la SIT por Q11 millones 891 mil. El sistema, según una denuncia de la Contraloría General de Cuentas, no era necesario. El negocio dejaría ganancias para la ex Vicepresidenta y su banquero, Julio Aldana Franco, aunque al final, solo ella ganó.

 

Fecha de publicación: 31-07-16
El edificio comprado por una empresa de Julio Aldana, es arrendado por la SIT por US$10 mil mensuales. Aldana por medio de Construgua vendió un software innecesario. Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
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Con la excusa de desalentar el robo de celulares, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) adjudicó en noviembre de 2012 un contrato para arrendar, con opción a compra, un software que registraría y anularía todos los teléfonos móviles reportados como robados. El negocio era una estafa que beneficiaría indirectamente a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien recibiría una comisión de Q7 millones; y a su banquero de confianza, Julio Aldana Franco, propietario de la empresa que supuestamente proveería el servicio.

 

En septiembre de 2012, la SIT sacó a licitación el “arrendamiento con opción a compra del equipo, integrado el registro, gestión, administración, control y consulta de teléfonos móviles robados y extraviados”. Las anomalías iniciaron desde ahí.

 

Según una denuncia penal hecha por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el software no tenía justificación para ser adquirido. En 2007, el Congreso de la República aprobó el Decreto 09-2007 en el que obligaba a todos los operadores de telefonía móvil a crear y mantener una base de datos de todos los teléfonos robados.

 

Eddy Padilla, entonces superintendente de la SIT, justificó la adquisición millonaria bajo este decreto, no obstante, la CGC en su denuncia señaló que la SIT “ha excedido las funciones determinadas en dicha ley toda vez que el artículo citado únicamente contiene la obligación para los operadores”, se lee.

 

El concurso registró otras anomalías. El mismo fue lanzado en septiembre de 2012, sin embargo, la constancia de disponibilidad presupuestaria, documento indispensable antes de hacer cualquier compra por encima de Q90 mil, fue emitida hasta dos meses después.

 

En cuanto al costo, no existió documento alguno que respaldara el precio que debía pagarse por el software. “El Gerente de Regulaciones de Telefonía de la SIT solicitó el arrendamiento… a un precio estimado de Q15 mil el cual, reitero, no se encuentra sustentado en ningún estudio de factibilidad”, dicta la denuncia.

 

Pese a esto, el 15 de noviembre de 2012 se contrató por un total de Q11 millones 891 mil 536.11 a la empresa Construgua S.A., la cual según la denuncia de la CGC no presentó documentación que respaldara su experiencia en este tipo de softwares. Hasta entonces, la sociedad solo había proveído arrendamientos de maquinaria y equipo electrónico.

 

Del monto total del contrato, la SIT emitió un cheque que equivalía al 15 por ciento, es decir, Q1 millón 783 mil 730.43, por los cuales Construgua emitió la factura número 900 mil.

 

Exempleados de la SIT cuentan cómo el software que adquirirían era solo una actualización de un sistema comprado durante la administración de Óscar Berger y por el cual se había pagado cerca de Q90 mil. Años después, en 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, las nuevas autoridades definieron que las compañías telefónicas debían apoyar para poner al día el sistema y para esto las tres principales empresas prestaron a sus ingenieros en sistemas, quienes actualizaron el programa con mejoras como compartir la base de datos de aparatos robados entre el Ministerio Público, las compañías de teléfono y la SIT, todo esto sin ningún costo para el Estado.

 

El nuevo sistema, señalan dos exempleados consultados y que pidieron omitir su nombre para evitar represalias, era en realidad un update, de aquel viejo software, con algunas nuevas opciones, como la posibilidad de enviar un mensaje de texto a través del IMEI (número de identificación del celular) para bloquear el aparato.

 

El soborno de la discordia

 

El negocio del software era exitoso para los involucrados por donde se le viera, tanta fue la confianza en el mismo que cuando en diciembre de 2012 Construgua recibió el adelanto del 15 por ciento (Q1 millón 783 mil 730.43), Aldana Franco transfirió a Baldetti Q3 millones en una cuenta en Panamá, aseguran fuentes vinculadas a la investigación, ese monto representaba una parte de los Q7 millones que acordaron ella y los responsables del negocio en la SIT recibirían.

 

Cuando las diferencias entre los viejos socios (Baldetti y Aldana) afloraron, el anticipo dado fue uno de los puntos en discordia.

 

Fuentes cercanas a la investigación confirman que en Panamá sí fueron transferidos los Q3 millones, no obstante, Construgua S.A., pese a la insistencia del Superintendente de la SIT, no recibió el restante 85 por ciento porque la institución nunca contó con el espacio presupuestario que le permitiría completar la deuda. Las mismas fuentes confirman que este fue un hecho que marcó la desconfianza entre los socios Baldetti y Aldana, aunque a ella le tenía con poco cuidado, pues sabía que algunas de las propiedades que él le vendió costaban en realidad la mitad de lo que ella pagó.

 

Entre los documentos decomisados en los allanamientos por el caso La Línea, varios informes hacen referencia a la intención de Baldetti de que se le devolviera una inversión concretada con Aldana en el residencial Valle de Las Gardenias, en Coatepeque, Quetzaltenango.

 

Los documentos hacen referencia a la negativa de Aldana a devolverle el total de la inversión y la intención de este de cobrarse de ahí el anticipo depositado en Panamá. Baldetti, molesta por que había descubierto que el proyecto del cual era socia en un 40 por ciento, estaba en realidad sobrevalorado, buscaba terminar la relación de negocios con quien le había ayudado a lavar millones de quetzales.

 

El 6 de agosto de 2015, ya con Baldetti fuera del poder y a pocas semanas de que fuera capturada, el contrato fue oficialmente rescindido por el nuevo ministro de Comunicaciones, Víctor Corado. Tras la resolución, Construgua S.A. fue obligada a reintegrar los Q1 millón 783 mil 730.43 que recibió como anticipo. El cheque fue depositado en el Banco de Guatemala el 15 de julio de 2015.

 

Las piezas detrás del contrato

 

La SIT es una institución clave para ejercer poder, pues controla las bandas de frecuencia del Estado, indispensable para el funcionamiento de grandes empresas de telefonía y televisión.

 

Cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti asumieron los cargos de Presidente y Vicepresidenta en 2012, André Pozuelos, hijo del jefe del Estado Mayor de Álvaro Arzú, Rudy Pozuelos, fue presentado como nuevo Superintendente por orden de Baldetti. No obstante, debido a que no tenía un título universitario no pudo asumir. En su lugar, días después, fue nombrado Eddy Padilla, mientras Pozuelos fue contratado como asesor, y era en realidad el poder detrás del trono, recuerdan los empleados de la Superintendencia. En los cuatro años, según los detalles de Guatecompras, André Pozuelos cobró Q1.3 millones. Junto con André, también fungió como asesor su hermano David Pozuelos, entre junio de 2012 y junio de 2013, devengando Q408 mil 600.

 

Baldetti controlaba la SIT y, por el otro lado, también al proveedor del software. La empresa Construgua S.A. era representada en ese entonces por Eunice Marilú Aldana Franco, hermana de Aldana Franco, sindicado de haber servido a la ex Vicepresidenta para lavar millones de quetzales y así justificar su ascendente patrimonio. Por esta razón la semana pasada el banquero fue ligado a proceso señalado de lavado de dinero y asociación ilícita por el caso Cooptación del Estado.

Además de los servicios financieros, Aldana Franco y Baldetti eran socios en la empresa Proinver S.A. constituida por el abogado del banquero y representada por el sobrino del mismo, Jorge Alberto Orellana Aldana.

André Pozuelos, Adolfo Gómez Pappa (Fito), y el hijo mayor de Roxana Baldetti, Luis Pedro Paz.

André Pozuelos, Adolfo Gómez Pappa (Fito), y el hijo mayor de Roxana Baldetti, Luis Pedro Paz.

 

Los negocios de los amigos

 

Tras la salida de la gente de Baldetti de la SIT, los empleados empezaron a dar a conocer lo que durante años se había mantenido como un secreto. El verdadero negocio de André Pozuelos y su socio Adolfo Gómez Pappa, mejor conocido como Fito, descrito por los trabajadores como el operador de los negocios en la SIT, se encontraba en los beneficios que para ellos tenía contar con empresas vinculadas a las telecomunicaciones.

 

Tras la aprobación del Decreto 12-2014 que permitió a las empresas de telecomunicaciones instalar antenas de telefonía en donde mejor les pareciera, una lluvia de solicitudes llegó a la SIT.

 

La mayoría de ellas despachadas a prisa y presentadas por dos de las empresas en donde Pozuelos y Gómez aparecen como socios fundadores, Golden Proyectos y Construcciones, Sociedad Anónima y Soluciones Técnicas en Comunicaciones, Sociedad Anónima.

 

Ambas con el mismo representante legal Axel Mauricio González. Los empleados de la SIT aseguran que tenían instrucciones de elaborar las resoluciones de forma express, uno de los documentos da muestra de ello. Según la resolución SIT-4006-2014 de fecha 19 de noviembre de 2014, la solicitud para dicha autorización había sido presentada por Golden Proyectos y Construcciones un día antes. Esta agilidad en los trámites de la empresa del asesor Pozuelos permitía a las empresas negociar mejores resultados con las empresas de telefonía y garantizar su contratación. Ambos son socios en Panamá de la empresa Gold Bet Telecomunications.

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