Jueves 21 DE Febrero DE 2019
Investigación

Bufete de exCicig busca reclutar personal del MP

José Antonio Morales, subjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo del caso La Línea, renunció al Ministerio Público (MP) para incorporarse al bufete. La fiscal general Telma Aldana aún no acepta su renuncia.

Fecha de publicación: 27-11-15
José Antonio Morales, subjefe de la FECI, aseguró que renunció a la fiscalía por razones personales. Se sabe que será parte del bufete. Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
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El bufete de consultores formado por dos exabogados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el empresario José María Coma, buscó en los últimos meses ampliar su personal. Para ello puso su vista en el MP, específicamente en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), creada para trabajar en conjunto con la CICIG casos de alto impacto.

Según pudo constatar elPeriódico, el bufete que establece en sus objetivos de constitución “asesorar en materias empresariales, comerciales, financieras, de investigación y litigio de casos legales”, realizó una oferta laboral a al menos tres empleados de la FECI a quienes les ofrecieron salarios muy por encima del promedio de dicha institución.

La firma Gamboa, Ulate y Coma Consultores es cuestionada pues dos de sus fundadores, Cristhian Ulate y Cristian Gamboa, laboraron por varios años como coordinador legal y jefe del Departamento de Análisis de Información respectivamente, cargos que les permitieron conocer a fondo información confidencial que la CICIG utilizó para estructurar casos como el de la banda de defraudación aduanera La Línea, que involucra a los exmandatarios Otto Pérez y Roxana Baldetti, entre otros de alto impacto.

La contratación clave

El primer reclutado fue Danilo Porras, un experto en informática y bases de datos. Gamboa lo integró al equipo debido a que en la Unidad de Análisis de CICIG fue su asistente.

Entre las contrataciones pendientes se encuentra  José Antonio Morales, fiscal que ha laborado para el MP por más de 10 años, actual subjefe de la FECI y actualmente es quien tiene a su cargo el caso La Línea. Morales presentó ya su renuncia por “motivos personales”.

Gamboa y Ulate reconocieron a elPeriódico la oferta presentada a Morales: “queremos personal de primer nivel y para nosotros Morales es de primer nivel”, expresaron.

Ulate señaló que la oferta se le hizo tiempo atras a través de un correo electrónico, pero que hasta el momento no habían recibido una respuesta.

También negaron estar intentando contratar a otros miembros del MP o la FECI, sin embargo, elPeriódico confirmó que dos fiscales más admitieron haber recibido una oferta pero la rechazaron.

El jefe de la FECI, Francisco Sandoval, aseguró ayer que se mantendría en el cargo por “su compromiso profesional y como funcionario”.

Ante la inquietud de la incidencia que tendría en los casos de alto impacto la incorporación de los exabogados de CICIG al ejercicio privado, la fiscal general Thelma Aldana indicó que ellos “conocen a profundidad diferentes casos que se han investigado, por lo que tienen la obligación de guardar secreto mientras esté en curso el proceso penal en el que hayan intervenido como investigadores o litigantes”. De lo contrario podrían incurrir en delito, añadió.

Aldana manifestó que aún no ha aceptado la renuncia de Morales. “Tenemos varios fiscales con muy buena formación que se pueden hacer cargo del expediente”, precisó.

“Reconozco que no tienen los salarios adecuados, sin embargo, creo que una persona trabaja por un salario pero también por la convicción de que está sirviendo a la sociedad guatemalteca”, agregó la jefa del MP.

Personajes cuestionables

José María Coma, socio capitalista del bufete, fue gerente de Comcel cuando estalló el escándalo de la emisión de cinco cheques por US$3.5 millones para el expresidente Alfonso Portillo, donación que facilitó la compra de la frecuencia que utilizaba el Estado. Roberto López Villatoro es dueño de un bufete que asesora a grandes corporaciones e influyó en la integración de la actual Corte Suprema de Justicia y Magistrados de las Cortes de Apelaciones, fue quien hizo los contactos con al menos dos bancos y una empresa de telecomunicaciones para ofrecer los servicios de los exabogados de la CICIG.

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