Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Investigación

Cárcel Canadá: Un proyecto de US$100 millones cargado de anomalías

La constructora mexicana ICA cotizó por Q9 millones  una planta de tratamiento, según su precio de mercado, no debería sobrepasar los  Q1.5 millones. Entre otros costos dudosos, el contrato para ampliar el centro carcelario Canadá suma Q754 millones.

Fecha de publicación: 21-10-15
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
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Si en un escenario hipotético, el Ministerio de Gobernación hubiera tenido que costear la construcción de dos de los centros comerciales más grandes de Guatemala, lo cual incluiría instalaciones para restaurantes, baños, cines, decorado, vitrinas y otros detalles de infraestructura, al Estado le hubiera resultado Q62 millones más barato de lo que pagará con este contrato de ampliación del Centro de Cumplimiento de Condena Canadá.

 Este proyecto, ya firmado y adjudicado, contempla la construcción de 24 módulos dentro del preventivo para albergar a 3 mil 456 privados de libertad, con ello, reducir en parte el hacinamiento que padecen las cárceles del país. No obstante, el proceso está cargado de anomalías presupuestarias y de procedimiento en la adjudicación.

 El acuerdo gubernativo que hizo oficial el proyecto fue publicado en el diario oficial el 17 de septiembre de 2014. Mauricio López Bonilla, quien en ese entonces aún era ministro de Gobernación, explicó que esta era la primera fase de una ampliación de 40 módulos. Por el momento solo se construirían 24 con capacidad para 144 reos cada uno. La empresa que ejecutaría el proyecto sería elegida, mediante contrato por excepción, en los próximos tres meses de entre un grupo de constructoras invitadas.

 Nueve días después, la Dirección General del Sistema Penitenciario giró una sola invitación para presentar oferta. La carta fue dirigida a Raúl Guillermo Reyes Colón de la empresa Ingenieros Civiles Asociado S.A. de C.V (ICA), constructora mexicana en la que el empresario Carlos Slim es accionista. El 14 de noviembre de 2014 y sin competencia, esta empresa resultó favorecida con el millonario contrato.

El metro cuadrado más caro

El presupuesto que presentó ICA, y que fue aprobado por unanimidad por la comisión a cargo el 3 de noviembre de 2014, contempla un costo final de la obra de Q754 millones 196 mil 936 por un total de 19 mil 800 metros cuadrados construidos.

 Aunque la oferta de ICA está por debajo de lo que estimó la Dirección del Sistema Penitenciario, al dividir el costo entre el tamaño de la obra, resulta que el precio de cada metro cuadrado es de Q38 mil 133. En comparación, esta cantidad resulta más del doble de lo que podría costar un apartamento lujoso en una zona exclusiva de la ciudad capital, cuyo precio ronda los US$2mil (Q15 mil 500) por metro cuadrado y contempla finos acabados, algo que, definitivamente, no tendrán los futuros huéspedes de la cárcel Canadá

El desglosado de materiales y precios que presentó ICA fueron llevados por elPeriódico a un grupo de arquitectos especializados en análisis de costos. Su veredicto, detallado en la gráfica que ilustra este reportaje, revela algunos de los rubros donde existen fuertes indicios de sobrevaloración. La planta de tratamiento que detalla el presupuesto con una capacidad de 4.60 LPS (litros por segundo) fue cotizada en Q9 millones 201 mil. Una del doble de capacidad tiene un precio promedio de Q1.5 millones.

 Por otra parte, hay módulos para albergar seis presidiarios que, amueblados y de un tamaño de 4.96 por 3.09 metros, están valorados en Q576 mil 501. Un precio absurdo que no incluye la losa del techo, consideraron los expertos consultados.

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La ministra Mendizábal verificó la construcción de la primera fase, la misma fue ejecutada sin el control de una empresa supervisora./ Foto: Ministerio de Gobernación

 Una anomalía tras otra

La viceministra administrativa del Ministerio de Gobernación, Gladys Delgado, fue la delegada por la ministra Eunice Mendizábal para explicar por qué el contrato no ha sido rescindido. Delgado, quien desde el inicio asegura desconocer los detalles del proyecto pues no se firmó durante su gestión, afirma que el mismo se encuentra suspendido, aunque no por los indicios de sobrevaloración.

De acuerdo a las explicaciones de Delgado, es difícil rescindir el contrato por el hecho que ya se dio un anticipo de Q150 millones 839 mil 387 en marzo de este año. Según un dictamen de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el rubro de donde salió ese adelanto tenía un máximo de Q60 millones, es decir, la cartera de Gobernación extrajo de sus fondos Q90 millones que no estaban disponibles financieramente. El informe también señala que tampoco se tiene disponibilidad para pagar el resto del proyecto, lo que deja un pendiente de Q604 millones que se desconoce de dónde saldrán.

 En el punto dos, la CGC resalta el hecho que los trabajos empezaron sin que exista una empresa para supervisar el proyecto. Esto implica que los trabajos realizados hasta ahora, cuyo avance verificó el expresidente Otto Pérez en una de sus últimas actividades como mandatario, se han elaborado sin control de calidad alguno. Por último, se solicita un dictamen favorable por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para continuar los trabajos. Hasta no cumplir con estas recomendaciones la ampliación debe suspenderse, de los indicios de sobrevaloración no se menciona nada. Al respecto, la viceministra Delgado agregó que la contratación de la empresa supervisora será un proceso que concluirá el próximo gobierno.

 Por su parte, la ministra Mendizábal envió el 7 de julio pasado un oficio a la Dirección del Sistema Penitenciario para que se acaten las recomendaciones de la CGC y, además, “programar en el Presupuesto del ejercicio fiscal 2016 los recursos necesarios para concluir la obra”. No obstante, un mes después envió un requerimiento de opinión consultiva respecto a la legalidad del proyecto a la Procuraduría General de la Nación. Dicha solicitud no ha tenido respuesta hasta el momento.

 Se intentó conocer la opinión del contralor general, Carlos Mencos, pero no contestó las llamadas. También se buscaron las declaraciones del personal de ICA en Guatemala, con sede en la zona 7 capitalina, pero aseguraron que no estaban autorizados para dar declaraciones y cualquier información necesaria debía solicitarse en el Ministerio de Gobernación.

ICA, el gigante mexicano

La empresa Ingenieros Civiles Asociados existe en México desde 1947 y se especializa en la construcción de puertos, aeropuertos, transporte masivo, petróleo, gas y minería. Es catalogada como una de las más grandes de América Latina. En enero de 2004, el empresario Carlos Slim adquirió el 24 por ciento de las acciones.

 En marzo de 2014, la empresa se vio envuelta en un escándalo debido a serias fallas en la construcción de la Línea 12 del metro de México. ICA emitió comunicados para recalcar que los desperfectos se debieron a los trenes y no a la construcción hecha por ellos, no obstante, los señalamientos solo hundieron más a la compañía que arrastraba una mala racha financiera.

 Entre los años 2012 y 2015, El Financiero de México publicó que el valor de capitalización de ICA se redujo un 69 por ciento. Uno de sus mayores problemas, señala el diario, es su alta dependencia de la obra pública y la dificultar para hacer cobros pendientes.

“El Ministerio de Gobernación, al 19 de noviembre de 2014, fecha en que fue suscrito el contrato, no contaba con la disponibilidad financiera que cubriera el valor total del contrato ”.

Contraloría General de Cuentas, Fragmento de la nota de auditoría del 30 de junio de 2015.

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