Miércoles 26 DE Junio DE 2019
Investigación

Así lavó y adquirió algunos de sus bienes Roxana Baldetti

Fecha de publicación: 31-08-15
Por: investigación elPeriódico

A principios de mayo pasado, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) allanaron una vivienda en la colonia Lomas de Pamplona, zona 13, en busca de documentos y evidencias sobre la banda de defraudación aduanera denominada La Línea.

Cuando se preparaban para allanar la vivienda los investigadores se llevaron una sorpresa: Mariano Paz Montes, esposo de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, se presentó junto con su abogado Mario Cano, y aseguró ser el propietario de dicho inmueble.

Los investigadores se llevaron los documentos y estados de cuenta que encontraron en la vivienda.

Una investigación realizada por elPeriódico en el Registro General de la Propiedad reveló que dicha vivienda era propiedad de la empresa Representaciones Alliancee, S. A. y que esta además era dueña de un apartamento en el exclusivo edificio Casa Margarita, zona 10, así como de una enorme bodega ubicada en la 10a. avenida A 25-63 zona 13, a la vecindad del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Vínculos con Topsa

Representaciones Alliancee, S. A. fue creada el 20 de diciembre de 2006; como  socios fundadores figuran Cinthia Michelle Palacios Orellana, una perito contadora de 23 años, y  Gregorio Ismael Gramajo Mazariegos, contador de una empresa constructora.

Alliancee reportó como su domicilio la oficina número 10 del Edificio La Galería (ubicado en la  7a. avenida 14-44 zona 9); la misma  dirección que reporta Topsa Construcciones, S. A., una de las mayores contratistas del Estado.

Pero ambas empresas tienen algo más en común:  Gregorio Gramajo fue representante legal de Constructora Utatlán Limitada, una empresa de la cual también fue representante legal Raúl Osoy Penados, presidente de  Topsa.

¿Un regalo para la “Vice”?

Topsa  es una de las mayores contratistas del Estado, con contratos por Q594 millones entre 2004 y 2011, principalmente con el Ministerio de Comunicaciones y las portuarias (Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla); sin embargo, había sido inhabilitada por un dragado mal realizado para la Portuaria Quetzal y además de que el nuevo muelle construido para la Portuaria Santo Tomás de Castilla se rajó a los pocos meses de empezar a operar. En 2013 solo se le adjudicó una obra por  Q898 mil 500 para reparar el velódromo de la CDAG.

El 24 de enero de 2013, Gregorio Mazariegos, en representación de  Alliancee compró a E. Corp, S. A. un apartamento en el 7o. nivel del exclusivo edificio Casa Margarita, zona 10, y cuatro parqueos, por US$500 mil (Q3.97 millones), según la escritura número 6 faccionada por la notaria Wendy Karina González.

Cinco meses después (el 21 de junio), la asamblea de accionistas de Alliancee revocó el mandato de Mazariegos y nombró como nuevo gerente y representante legal a José Genaro Martínez Búcaro, quien prestaba sus  servicios en la unidad de apoyo jurídico del Registro de Información Catastral (RIC). Además cambió su sede a una oficina en el Edificio Torre Café, zona 4; elPeriódico visitó esa oficina y constató que la empresa nunca ha operado allí.

De acuerdo con varias fuentes consultadas, Martínez es amigo de Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien lo habría colocado en el RIC; en enero de 2014, Martínez obtuvo un contrato por cinco meses por Q90 mil en el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), una entidad de la cual Monzón  era directivo.  En su perfil en la red social Google+ Martínez   tiene en su círculo de amigos a Monzón.

Reactivan los contratos

Después de dicha operación, la suerte cambió para Topsa. El 30 de diciembre de 2013, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) le aprobó a Topsa un contrato por excepción (sin licitar) por un monto de Q64 millones 484 mil 040 para la construcción de un protector costero en el lado este del Puerto Quetzal; el cual fue ampliado ese mismo día en Q9 millones 498 mil 729.86, según el portal de compras electrónicas del Estado.  Este contrato recibió tres ampliaciones más en 2015, por Q3 millones 770 mil 490.44, Q4 millones 736 mil 260.44 y Q14 millones 259 mil 281.84 respectivamente, según el portal Guatecompras.

Y el 22 de mayo pasado, el Fideicomiso del Fondo Vial le otorgó un contrato de mantenimiento del tramo Chimaltenango-San Martín Jilotepeque, de 4.8 kilómetros por Q14 millones 463 mil 993.72, según el portal Guatecompras. Ese mismo día, el Ministerio de Comunicaciones le aprobó un desembolso por Q69.5 millones de un tramo que trabajaba en El Chol-Rabinal, Baja Verapaz.

Compran más inmuebles

El apartamento en Casa Margarita estaba arrendado por el dueño anterior y el contrato vencía en septiembre de 2014; Alliancee mantuvo dicho contrato vigente  y de acuerdo con  varias fuentes  quien acudía a cobrar las rentas era Jorge Balcáceres Quintanilla, exnovio del hijo de Roxana Baldetti, que reside en un apartamento en el nivel 13 que le fue financiado  por Proyectos Rentables de Inversión (Proinver), la inmobiliaria propiedad de Roxana Baldetti.

Bajo la dirección de Martínez Búcaro, Representaciones Alliancee continuó adquiriendo más inmuebles.

El 9 de septiembre de 2013, Martínez,  en representación de Alliancee, compró una enorme bodega en la 10a. avenida A 25-63 zona 13, a la vecindad del aeropuerto La Aurora; por ese inmueble  canceló la suma de Q1 millón a Grupo Mercadisa, según la escritura número 19 faccionada por el notario Lenin Iván Loarca Palencia, quien tiene contrato como asesor en el Ministerio de Gobernación.

Y tres días después (12 de septiembre), Martínez Búcaro, en representación de Alliancee, compra una antigua vivienda ubicada en la 4a. avenida 8-76 zona 13, colonia Lomas de Pamplona, por un monto de Q50 mil, según la escritura número 20 faccionada por el notario Loarca Palen

Cuentan los vecinos del sector que esta vivienda fue tomada como su residencia por el esposo de Roxana Baldetti, quien empezó a remodelarla. Agregan los vecinos que al parecer la primera remodelación no fue del agrado de Mariano Paz, quien ordenó destruir los trabajos y reconstruirla de nuevo.

El 26 de junio de 2014, el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) le otorgó una línea de crédito hipotecario a Alliancee hasta por Q7 millones, dejando como garantía los tres inmuebles adquiridos.  Según la escritura, dichos fondos le fueron depositados a Alliancee  en una cuenta abierta en dicho banco y sirvieron para cancelar un crédito por igual monto que tenía la empresa Construcciones y Caminos, S. A., la misma sociedad que en mayo de dicho año compró y remodeló el chalet en Monterrico, Santa Rosa, que posteriormente le fue obsequiado al presidente Otto Pérez Molina.

Construcciones y Caminos es representada por Samuel Aceituno Juárez, quien también es representante legal de  Proinver, la inmobiliaria de la cual es accionista Baldetti; ambas empresas operan en la misma oficina en la Torre Sur del Edificio Géminis 10, zona 10.

Acusan a otto pérez y baldetti

El 16 de abril pasado, el MP y la CICIG acusaron a Monzón Rojas y a  Estuardo González de liderar la banda de defraudación conocida como La Línea.

El 21 de agosto pasado, la CICIG y el MP ampliaron la investigación y acusaron a Baldetti y al presidente Otto Pérez Molina de ser las cabezas de la estructura de defraudación aduanera y que ambos recibían el 50 por ciento de lo recaudado por la banda por permitir el ingreso de contenedores de mercancías subvaluadas por las aduanas.

CONSTRUCTORA CUESTIONADA

Topsa Construcciones es una de las mayores contratistas del Estado; durante el actual gobierno patriota ha recibido contratos de obras por Q324 millones de diversas  entidades públicas, principalmente de la Empresa Portuaria Quetzal, el Ministerio de Comunicaciones, el  Fideicomiso del Fondo Vial, y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). En el periodo entre 2004 y 2011 recibió contratos por Q594 millones, sin embargo, ha sido cuestionada por varias obras defectuosas entre las que figuran el dragado de Puerto Quetzal; el nuevo muelle de Santo Tomás de Castilla, que a los pocos meses de operar se hundió y rajó; así como el colapso de la bóveda de un puente en el tramo carretero Montúfar-Concuá-Granados-El Chol, en el departamento de Baja Verapaz.