Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Inversión

“La inversión se movió a Perú y Canadá” Edie Hofmeister

Edie Hofmeister, vicepresidenta de asuntos corporativos de Tahoe Resource, se encuentra en Guatemala para realizar una visita al proyecto minero El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Fecha de publicación: 08-09-17
Por: Lorena Álvarez elPeriódico
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La vicepresidenta comentó que la inversión en la mina suma US$1 millardo para la construcción de un proyecto de clase mundial, que cuenta con todos los permisos en el Ministerio de Energía y Minas  y en el Ministerio de Ambiente. Se ha convertido en la segunda inversión estadounidense más grande en el país, pero luego de tres años de operación los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen en suspenso los trabajos.

¿Cuáles son los efectos de la decisión de la CSJ?

– Se han tenido dos impactos, el primero es con los trabajadores, vecinos y el comercio en el municipio, el segundo con los accionistas pues cuando se conoció la decisión de la CSJ se redujo el valor de la acción en 38 por ciento, hace dos semanas con el segundo fallo de la Corte se perdió un 18 por ciento más. En total los accionistas han perdido 45 por ciento, eso es más de US$1 millardo y ha llevado a la pregunta de qué pasará con la operación. Los accionistas están preocupados por la inversión y nos han preguntado por los mecanismos dentro del Tratado de Libre Comercio suscrito con  EE.UU. (DR-CAFTA)

¿En qué plazo podrían decidir si se presenta una demanda?

– Mientras más tarde el proceso para volver a operar más se piensa en tomar la decisión de utilizar el DR-CAFTA y lo mismo ocurre con los trabajadores, porque se hace más difícil mantenerlos en la nómina. Hasta ahora se tienen 1,600 empleos directos y cerca de 4 mil 600 indirectos. Además, se tienen impactos a las comunidades con los programas de sostenibilidad que ha beneficiado a 25 mil personas en seis años. No pedimos un trato especial, queremos que sea como en otros casos, como el de Oxec, que les han permitido continuar con las operaciones. En Washington he platicado con personas que conocen asuntos de Centroamérica y no se logra entender qué pasa con la CSJ, por qué nos da un trato diferente. Sé que existe temor a la minería en general y que se trata de un tema controversial, pero en el caso de San Rafael es una actividad totalmente responsable con estándares como los que se manejan en las minas que la empresa opera en Canadá.

¿Tienen inversionistas locales?

– El 45 por ciento es accionistas de EEUU., 50 por ciento son de Canadá y otros países, no se tienen guatemaltecos. Por ello se han buscado otros mecanismos y solo vemos que el DR-CAFTA es el que los accionistas podrían usar.

¿La experiencia de Marlin, puede contribuir a reducir los temores?

– Si Guatemala no quiere la minería debe decirlo a los inversionistas antes de que se traigan las inversiones al país, por ejemplo, Costa Rica tiene una prohibición minera y eso se respeta, pero en Guatemala nos dicen que se tiene la legislación para la minería y cumplimos con lo que se establece y ahora no entendemos por qué está cerrada nuestra operación.

¿En cuánto se estima la vida de la mina El Escobal?

– Se estima en 20 años y está en operación desde hace tres años, lo que supone pueda seguir 17 años más.

¿Estarían de acuerdo en una nueva consulta bajo el Convenio 169?

– La obligación de las consultas es del MEM y tenemos la disponibilidad de apoyar para hacer la consulta en las comunidades donde está la operación.

¿Cuánto ha dejado de percibir el Estado y qué monto de inversiones están suspenso?

– Cada día se dejan de percibir Q5 millones en regalías, impuestos, pago de proveedores y salarios. El tema de minería es controversial en Guatemala y no se ha podido realizar más exploraciones en el área. La inversión que se tenía para exploración en Guatemala se destinó a los proyectos en Perú y Canadá. Es importante indicar que por cada US$1 que la empresa vende US$0.53 se quedan en el país.

¿Luego de su visita qué se esperaría a nivel de accionistas?

– Después de este viaje se esperan reuniones con accionistas y autoridades de

EE UU. y hacer un análisis para establecer si se sigue operando. Decidir si se presenta una demanda bajo el DR-CAFTA sería una decisión de los accionistas no de la compañía y aún hay que agotar todas las instancias en Guatemala.

“Si Guatemala no quiere la minería debe decirlo a los inversionistas antes de que se traigan las inversiones al país”.

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