Lunes 19 Diciembre 2016
Inversión

FMI: la corrupción y las demandas judiciales son riesgos fiscales

El organismo internacional publicó un informe en el que también señala desafíos como la fragmentación presupuestaria.

Por: Lorena Álvarez [email protected]

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio una calificación “menos que básica” a la gestión de los riesgos fiscales en la Evaluación de Transparencia Fiscal para Guatemala que publicó este mes y que incluye algunas recomendaciones para avanzar en esa materia.

El FMI evaluó 36 indicadores en los pilares de presentación de informes, elaboración de proyecciones fiscales y presupuestos; y análisis de riesgos fiscales. Destaca que Guatemala presenta prácticas “buenas y avanzadas en ocho indicadores, básicas en 17 y menos que básicas en diez indicadores”. No se incluyó el indicador de alianzas público privadas porque no existen contratos de ese tipo.

La recomendación del organismo internacional es publicar un informe de riesgos fiscales que incluya los aspectos macroeconómicos, por desastres naturales y los pasivos con la seguridad social. Además de que se realice un escenario de sostenibilidad fiscal de largo plazo, es decir con un horizonte de al menos diez años.

Riesgos específicos

En la evaluación se señala que los riesgos específicos están los que surgen por el marco legal; la corrupción y las demandas judiciales, en este último caso el país carece de una estimación de los posibles impactos financieros de las acciones judiciales contra el Estado. “Solo el número de acciones laborales a cargo de la Procuraduría General de la Nación sobrepasa los 2 mil 500 casos”, reseña el informe.

Al respecto de la corrupción el FMI indica que “en la medida en que la transparencia pone al descubierto los actos de las entidades públicas y se expande la capacidad de la población para conocer y controlar cómo se recaudan y gastan los recursos públicos” se contribuye a combatir este flagelo.

Hay 32 artículos en la Constitución Política de la República que definen normas presupuestarias y de finanzas públicas situación que complica innecesariamente implementar la política fiscal, presupuestaria y contable. El marco legal genera distorsiones al asignar presupuestos a distintas entidades y dar excepciones a entes autónomos, descentralizados y a la Universidad de San Carlos (Usac), señala el documento como parte de los riesgos ante el marco legal.

Guatemala tiene que avanzar mucho en el pilar de riesgos fiscales según el FMI que recomienda presentar un informe que incluya los riesgos macroeconómicos, por desastres naturales y de sostenibilidad de la deuda.

Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que el informe del FMI señala como desafíos la consolidación de las cuentas fiscales. El Ministerio de Finanzas (Minfin) publicó este mes las primeras estadísticas consolidadas, pero aún no es suficiente y se mantiene un déficit de integración de los sistemas.

El Minfin busca un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) con el que se consolidarán los presupuestos y los estados financieros. Actualmente hay tres módulos en el SIAF: el Sicoin para la administración central; el Sicoin-Des (Descentralizadas) y el Sicoin GL (Gobiernos locales).

Bajo el argumento de la autonomía entidades como la Usac y las alcaldías aún no utilizan el SIAF, comentó Barrientos.

Otros rezagos

– Los objetivos de la política fiscal no son explícitos

– Baja recaudación tributaria

– Clasificación económica de información sin actualizar

– No se reporta la deuda con el banco central ni el IGSS

– No existe una entidad independiente que evalúe las políticas fiscales

– Faltan análisis de sostenibilidad fiscal del largo plazo

– Hay muchas disposiciones contradictorias que generan conflictos de interpretación e impiden una gestión financiera eficaz

“El sistema presupuestario está muy fragmentado: solamente una porción de las entidades del Gobierno central tiene sus presupuestos aprobados por el Congreso”.

Informe FMI.