Miércoles 23 Noviembre 2016
Inversión

Gafilat señaló los desafíos para enfrentar el lavado

Guatemala tiene 15 de las 40 recomendaciones cumplidas, según la evaluación publicada por ese organismo.

 

Las máximas autoridades de las entidades bancarias, fiscales, de telecomunicaciones, electorales y de la Contraloría suscribieron un convenio de intercambio de información para mejorar los controles del financiamiento de los partidos políticos. Por: Lorena Álvarez elPeriódico

Las principales amenazas para el país son narcotráfico, transporte transfronterizo de dinero ílicito, contrabando, extorsiones y delitos de cohecho, peculado y malversación, según el Informe de Evaluación Mutua publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

De las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, Guatemala cumplió con 15, tiene parcialmente cumplidas 11 y, según la evaluación, 14 fueron mayoritariamente cumplidas.

Entre los riesgos, el informe señala que Guatemala reúne las condiciones para ser utilizada por el narcotráfico para el almacenamiento y tránsito de drogas. “Las autoridades han identificado por lo menos diez rutas terrestres del narcotráfico por las cuales se movilizan drogas” desde Belice, Honduras y El Salvador hacia México.

Con respecto al contrabando, se explicó que hay cerca de 117 pasos en las fronteras donde se trasiegan diferentes productos, principalmente combustibles.

A nivel interno, en la evaluación se identificó que las extorsiones tienen un impacto en la actividad económica y social del país que afecta a sectores como el transporte público; el comercio y personas particulares.

Los delitos asociados a la corrupción son una amenaza para la prevención del lavado de dinero, indica el documento publicado, que reconoce algunos avances como la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, pero señala que en el caso de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) aún hace falta adoptar estándares internacionales para establecer el origen de la riqueza.

En este caso, las Personas Obligadas, que incluye a entidades del sistema financiero y empresas como joyerías, inmobiliarias y ventas de vehículos, deberían contar con un análisis de riesgo para fijar los montos que se considerarían elevados, tomando en cuenta los ingresos razonables de una PEP, recomienda el informe de Gafilat.

Los aspectos pendientes son la actualización en materia de financiamiento al terrorismo, videoloterías, bingos, casinos y la inclusión de los abogados y notarios como Personas Obligadas.

Al respecto, desde junio pasado, la Superintendencia de Bancos (SIB) presentó en la Comisión de Finanzas del Congreso la sugerencia de modificar cerca de ocho leyes para cumplir con recomendaciones de Gafilat. En los cambios se mencionó incluir entre las personas obligadas a abogados y notarios, contadores públicos y auditores que tengan actividades como directores de entidades jurídicas o de crear sociedades mercantiles.

También para tipificar el financiamiento de terroristas individuales y de organizaciones terroristas; y reforzar las multas en caso de incumplimiento de reportar a la SIB las transacciones sospechosas.

Denuncias

Desde 2011, Gafilat contabilizó 3 mil 748 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) que han servido para presentar al Ministerio Público más de 800 denuncias que involucran a más de 5 mil personas.

Por extorsión han sido 362 casos por Q28.4 millones; narcotráfico, 238 denuncias; cohecho y peculado tienen 111 casos por Q1.15 millardos; 16 denuncias por defraudación tributaria por Q743.1 millones y 40 casos de trata de personas por Q267.4 millones.

Fiscalización a partidos políticos

Ayer se firmó un convenio interinstitucional para el intercambio de información entre la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria, Contraloría General de Cuentas de la Nación, Superintendencia de Telecomunicaciones y Tribunal Supremo Electoral.

El convenio de cooperación permitirá mejorar el control y fiscalización de las organizaciones políticas. Los representantes de las entidades serán capacitados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 


11

Recomendaciones fueron cumplidas de forma parcial, según el informe del organismo latinoamericano. US$2.3 millardos se contabilizan en los RTS desde 2011 a 2015.