Jueves 17 DE Octubre DE 2019
Inversión

Se aplaza decisión para resolver litigio laboral

La entrega del informe inicial se trasladó para el 9 de septiembre. Su fecha inicial estaba programada para la próxima semana.

Fecha de publicación: 18-06-16
La demanda que se discute en el Panel Arbitral tuvo su origen en hechos que transgredieron el derecho a la libre sindicalización.
Por: Manuel Silva msilva@elperiodico.com.gt

El Panel Arbitral que media en el contencioso laboral entre Guatemala y Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) aplazó su decisión para el 9 de septiembre.

El tribunal tenía previsto entregar su informe inicial la próxima semana. Pero una carta fechada el 7 de junio y firmada por el presidente del panel Kevin Banks avisaba a ambos países del cambio.

En la carta se detalla que ya se ha elaborado una parte significativa del documento, pero teniendo en cuenta lo que faltaba se amplió el plazo para poder completarlo. Para esta decisión se valoró “el número y la complejidad” de los problemas expuestos.

El viceministro de Comercio Exterior, Enrique Lacs, comentó que esta es una decisión normal en estos casos, por la cantidad y la complejidad de los documentos que el Panel debe analizar, lo que supone una gran carga de trabajo.

Esta no es la primera vez que el Panel decide aplazar su decisión. En un principio, el informe debía estar listo en diciembre. Pero la renuncia del árbitro de Guatemala Mario Fuentes Destarac hizo que finalmente se pospusiera hasta marzo primero y hasta junio después.

Juan Pablo Carrasco, vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) cree que la resolución, a favor de Guatemala o de Estados Unidos, será algo positivo. Esto debido a que “pondría fin a la tensión que puede existir en diferentes sectores respecto al tema”.

Posibles escenarios

La decisión de panel puede dar la razón a Guatemala y  ahí  no habría sanción. Pero si da la razón a Estados Unidos, puede haber consecuencias económicas. Aunque la “contribución monetaria no superará los US$15 millones”, según lo especificado en el Capítulo 20 del DR- CAFTA, que hace referencia a la solución de controversias.

Esta contribución se depositaría en una especie de “fideicomiso”. Y el dinero se utilizaría para realizar iniciativas que ayuden a fortalecer la legislación laboral y su cumplimiento. Estos fondos podrían ir a instituciones como el Ministerio de Trabajo o el Organismo Judicial, según las deficiencias que se señalen.

En opinión del exministro de Trabajo Luis Linares, esta inversión que debe hacer el Estado en caso de perder el contencioso es más una “sanción moral que señala que no se cumplieron unos compromisos”.


“Si hay una sanción económica será una especie de reinversión al propio país para solventar las deficiencias señaladas por el panel”.

Enrique Lacs, viceministro de Exterior.