Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Inversión

Intervenciones de SAT son para “los que quebrantan la ley”

El intendente de Asuntos Jurídicos, Adrián Zapata Alamilla, señala que no se debe ver como una gran oleada de persecuciones encarnizadas.

Fecha de publicación: 07-05-16
El personal de la SAT oficializó la intervención en la empresa Aceros de Guatemala la tarde del jueves en las oficinas centrales de la misma. Por: Braulio Palacios elPeriódico
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El intendente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Adrián Zapata Alamilla, publicó el jueves en su red social Twitter un mensaje en el cual hizo referencia a la decisión del ente recaudador de intervenir a la empresa Aceros de Guatemala y aclaró que no se busca afectar a un sector económico particular con ese tipo de acciones legales.

“El reto y compromiso es la recaudación en la legalidad. La persecución no es a sectores, es a quien quebranta la ley”, escribió Zapata Alamilla.

Esa publicación hace eco a lo expresado por el superintendente Juan Solórzano Foppa —cuando se dio a conocer la solicitud de intervención a Aceros de Guatemala—: “Se seguirán tomando (este tipo de) medidas en los casos que sean pertinentes, las veces que sea necesario”.

El Intendente explicó que el destinatario de las medidas legales no es un sector económico específico, sino quien infrinja la ley. Tampoco es terrorismo fiscal: “Eso es una práctica ilegal, aparejada a la discrecionalidad con fines espurios. La labor de la SAT es en el marco de la ley para recuperar lo que ha sido defraudado al Estado”.

En dos vías

Pero la línea de acción no es solo a lo externo. Zapata Alamilla señaló una segunda, a lo interno, para “arreglar la dinámica de la propia institución”. “No debe ser visto únicamente como una gran oleada de persecuciones encarnizadas. Debe estar acompañada de facilitación de procesos, optimización técnica y criterios aterrizados y coherentes”.

El objetivo cumple con el aspecto básico de recuperar la confianza en el esquema de recaudación tributaria. “Nuestra función es recaudar con un marco normativo, no una persecución encarnizada o terrorismo fiscal”.

En el sector empresarial afirman que respetarán las acciones del ente fiscal. El director ejecutivo de la Cámara de la Industria, Javier Zepeda, aseguró que respetan la línea de acción que ha tomado la SAT, como la que se fijó con Aceros de Guatemala. “Si esa es la decisión que ellos tomaron, y es la forma de resolver el tema pendiente (cancelar el adeudo fiscal), no debería existir ningún problema”.

“La SAT está haciendo su labor muy bien, ordenando por fuera y por
dentro la casa. Si eso son los caminos que se deben tomar para comprobar las denuncias, es correcta la decisión”, agregó.

Jaime Matus, presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, opinó que se están realizando las acciones, demostrando la situación y dando la opción de defensa y aclaración o pago. “Se está respetando el debido proceso, que es muy importante para dar certeza jurídica a la actuación”.

Al ser cuestionado sobre si lo actuado por la SAT es terrorismo fiscal, opinó: “No consideramos que tenga una moral de terrorismo fiscal, como un brazo político de un Gobierno. Es algo que nunca debe existir. Esperemos que no sea eso”.

Para Pedro Prado, miembro del G40, el actuar del ente recaudador es en un marco legal y las acciones son en la vía de fortalecer los ingresos del Estado. “Se pone en evidencia a empresas que no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Es para recuperar ingresos que el fisco no recibió y que representaron un costo muy alto de oportunidad para las finanzas públicas”.

Rechazan propuesta

El G40, grupo independiente de economistas y analistas fiscales, manifestó su apoyo a una reforma de la Ley Orgánica de la SAT. Pero rechazó la propuesta de establecer un Directorio conformado por ministros con funciones políticas, nombrados por el Ejecutivo. “Los miembros deben tener funciones más de dirección, sin vínculos políticos”, explicó Pedro Prado.


“Se está respetando el debido proceso, eso es certeza jurídica”.

Jaime Matus, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios.

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