Sábado 16 DE Febrero DE 2019
Inversión

Una relación civil que oculta un contrato laboral

La simulación de contratos es una práctica común en los sectores público y privado.

 

Fecha de publicación: 11-01-16
Por: Manuel Silva msilva@elperiodico.com
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En el Estado se  utilizan los contratos 029 y 018 para la contratación de servicios técnicos y profesionales en el Estado, pero en algunos casos se utilizan para disfrazar la relación laboral que debe contar con prestaciones como Aguinaldo, Bono 14 y vacaciones.

Según el Artículo 18 del Código de Trabajo, un contrato laboral se da cuando un trabajador presta sus servicios personales bajo la dependencia continuada y dirección inmediata a cambio de una retribución.

Los artículos 106 de la Constitución y 12 del Código determinan que son nulos y no obligarán a los trabajadores, aunque  se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley o en los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

En otras palabras, una relación civil pasa a ser laboral aunque se haya firmado otra cosa y si se cumplen las características propias de un contrato de este tipo: una jornada establecida, un lugar físico y herramientas para trabajar, una dependencia continuada, una actividad permanente y no puntual, explica el exministro de Trabajo, Luis Linares.

Una opción mal utilizada

Este tipo de relación nació en el ámbito público como una forma de contratar a personas específicas con sueldos superiores, porque los salarios fijos se habían quedado rezagados pero luego se convirtió en una práctica habitual, refiere el exfuncionario.

“Esto que debe ser la excepción se convirtió en regla y dejó un gran espacio para la corrupción y los favores políticos”, opina Diana Monroy, hasta hace unos días asesora jurídica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), entidad que dejó sin contrato a alrededor de 140 personas de las 270 que estaban contratadas bajo el 029 en la entidad, explicó Monroy.

En el caso del sector privado, añade Linares que se usa para evadir pagar prestaciones, pero mucha gente sigue negándose a denunciar por miedo a que los metan en una lista negra de cara a futuros trabajos.

Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras  (Cacif) comentó que no puede hablar por todas las empresas, pero que a nivel personal y como empresario cree que la mayoría de contrataciones se hacen de buena fe y no para perjudicar a una de las partes. Y añade que, en ocasiones, la línea que separa una relación por servicio de una laboral es difícil de definir.

Tergiversación del contrato

Se cae en una “tergiversación del contrato de servicio” como explica Luis Ricardo González, director del área de Derecho Laboral de la Universidad Rafael Landívar. Y esto es algo ilegal, como lo han dejado claro sentencias del Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo, el proceso es lento y puede tardar hasta cuatro años en las diferentes instancias, sentencia González.

Una resolución de la CC en respuesta a la apelación de sentencia, según el Expediente 857-2007, presentada por el Estado de Guatemala en un caso de simulación de contrato, se explica que un trabajador exigió el pago de su indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de su despido al comprobar que hubo una simulación, ya que se pretendía “eludir la verdadera naturaleza dependiente de la relación bajo el ropaje de figuras extralaborales” como prestación de servicios.

En ese caso se comprobó que entre 2001 y 2004 el trabajador laboró sucesivamente, una de las características esenciales en un contrato de trabajo. En la resolución  se evoca al jurista argentino Julio Armando Grisolía que resalta lo convenido entre las partes.

Más recaudación por multas

Todos los entrevistados coinciden en que cada vez los tribunales están luchando más contra este tipo de abusos y otros de materia laboral. Esta acción de los tribunales laborales se ve reflejado en el ingreso de pago por multas relacionadas con el ámbito laboral. Las cifras en 2012 fueron de Q1.11 millones. El año siguiente la cifra llegó a los Q1.48 millones. En 2014 se alcanzaron los Q3.8 millones y el año pasado se llegó a los Q4.88 millones.

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