La normativa aprobada con 112 votos el pasado 5 de noviembre todavía está en análisis para que el presidente Alejandro Maldonado la sancione y se publique en el diario oficial. Por aparte, la Asociación de Medios de Pago de Guatemala realiza los análisis respectivos para impugnar la Ley y resaltar las fallas de la normativa. “Estamos de acuerdo con la iniciativa que presentó la Superintendencia de Bancos en la que se resaltan normas para regular la transparencia”, indicaron los directores de la gremial que agrupa a 15 emisores.

También es previsible un impacto en la economía por la limitación al acceso de un crédito más inmediato. “Las personas con ingreso mensual de Q12 mil no podrán contar con una tarjeta, pues el costo de usuarios es superior al límite de tasa que se pretende imponer”, afirma el presidente de la Asociación de Emisores, Juan Bernardo Rivera.

El director del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Hugo Maul, refiere a que la ley “aprobada de un plumazo” no considera los riesgos en el mercado y en la recaudación tributaria. En 2013 en su papel de retenedores del Impuesto al Valor Agregado (IVA) logró el cobro de Q453 millones. Se calcula que 66 por ciento tiene tarjeta clásica; Oro, 20 por ciento y Platino 14 por ciento.

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