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Internacionales

Nicaragua avanza en proyecto de cadena perpetua para delitos de «odio»


Los legisladores sandinistas que promovieron la enmienda alegan que es necesario aumentar la penas debido a que la nación se encuentra preocupada por el incremento de los crímenes crueles.

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El parlamento nicaragüense instaló este martes una comisión especial encargada de un proyecto de reforma constitucional para instaurar la pena de cadena perpetua para quienes cometan delitos de «odio», informó el presidente legislativo, Gustavo Porras.

La comisión está conformada por 11 diputados, en su mayoría del gobernante partido Frente Sandinista, que impulsa la iniciativa y controla la mayoría de escaños de la Asamblea Nacional (parlamento).

Según la iniciativa, «excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles y degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo e indignación».

La enmienda reemplazaría la pena máxima de 30 años de prisión vigente para delitos graves en Nicaragua.

Los legisladores sandinistas que promovieron la enmienda alegan que es necesario aumentar la penas debido a que «la nación se encuentra preocupada por el incremento de los crímenes crueles, degradantes e inhumanos» que a su juicio son «extraños a la cultura» nicaragüense.

La oposición respondió que la enmienda, que debe ser aprobada en 2020 y luego de nuevo en 2021 para entrar en vigencia, busca perseguir y castigar a los opositores al gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde hace 13 años.

El gobierno ha acusado reiteradamente a la oposición de promover el odio y la violencia a raíz de las protestas que estallaron contra Ortega en 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y centenares de detenidos, según grupos humanitarios.

La enmienda avanza en el parlamento pese al rechazo de la comunidad internacional, en particular de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), que también han cuestionado la reciente aprobación de una ley de «agentes extranjeros», que permite a Ortega controlar las fuentes de financiamiento externo de personas y organizaciones civiles.

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