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Internacionales

Congreso de Costa Rica aprueba polémica ley de pesca de arrastre


La nueva legislación pone en marcha el proceso para retomar esa forma de pesca en Costa Rica, un país que se precia de sus políticas ambientales.

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El congreso de Costa Rica aprobó este jueves una polémica ley que autoriza la pesca con redes de arrastre, un método cuestionado por ambientalistas y pequeños pescadores que temen la destrucción de la vida marítima.

La norma, defendida por empresas de pesca industrial, fue aprobada en segundo debate con 28 votos a favor y 18 en contra, de los 57 integrantes de la Asamblea Legislativo. Los restantes se abstuvieron o ausentaron.

«Día triste para el país», escribió en Twitter la diputada Paola Vega, del oficialista Partido Acción Ciudadana, una de las más activas adversarias del proyecto.

La nueva legislación instruye al estatal Instituto Costarricense de Pesca a elaborar en el plazo de un año un estudio para determinar la forma en que el uso de redes de arrastre para la captura de camarones no afecte la sostenibilidad de los oceanos.

Ese método de pesca fue cuestionado por ambientalistas y académicos, incluyendo la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar (Cimar), ambos de la Universidad de Costa Rica, principal centro de estudios superiores del país.

Estas últimas instituciones advirtieron en un estudio que la pesca de arrastre «no es selectiva», y captura en la red otras especies que no son aprovechados, y perjudican a los pequeños pescadores artesanales.

Señalaron que el uso de redes causa la muerte de aves marítimas, tiburones y tortugas, entre otras especies.

«No se justifica el daño ambiental tan amplio e irrestricto que la actividad produce y su impacto a otros sectores productivos del país, de los cuales dependen miles de personas», dijeron ambas instituciones universitarias.

El diputado evangélico Melvin Núñez, del opositor partido Restauración Nacional, defendió la pesca de arrastre al señalar que genera al menos 3.000 empleos en áreas costeras, que presentan los mayores índices de pobreza en el país.

La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió en 2013 el otorgamiento de licencias para la pesca de arrastre y pidió mayores estudios para retomar esta práctica.

 

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