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Internacionales

Asesinato de Romero cumple 40 años en la impunidad en El Salvador


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El asesinato del santo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero cumple este martes 40 años, con sus autores materiales e intelectuales en la impunidad, y sin que la población pueda acudir a los templos a rendirle honores debido a la pandemia de coronavirus.

«Es una situación clara de impunidad que se tiene desde hace cuarenta años. No quieren hacer justicia», reclamó el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro. «¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que pueda haber justicia?», cuestionó.

Para Rodolfo Cardenal, director del centro pastoral jesuita que lleva el nombre de Romero, el crimen no se investiga porque El Salvador «vive inmerso en una estructura» y una «cultura de impunidad».

Romero era un arzobispo conservador y cercano al poder antes de transformarse en la voz de los pobres, movido por el asesinato de su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande junto a dos campesinos en marzo de 1977.

Desde entonces se convirtió en el más encendido defensor de los marginados, con una contundente oratoria contra la injusticia social.

Tras varios intentos de la ultraderecha por acallarlo, Romero fue abatido por un francotirador el 24 de marzo de 1980 de un disparo en el corazón mientras oficiaba misa en la capilla del hospital de enfermos de cáncer La Divina Providencia, en el noroeste de San Salvador.

El asesinato encendió una guerra civil que en doce años dejó 75.000 muertos, más de 7.000 desaparecidos y millonarias pérdidas económicas.

El 14 de octubre de 2018, el papa Francisco canonizó a Romero y lo destacó como un férreo defensor de los derechos humanos y un ejemplo de la iglesia cercana a los pobres.

Para la religiosa Reina Angélica Zelaya, el cuadragésimo aniversario del martirio se conmemora en un ambiente de «zozobra y miedo» similar al de la guerra civil, pero ahora debido a la pandemia de coronavirus.

«Esta celebración nos permite conocer las circunstancias que le tocó vivir a monseñor Romero, porque cuando él fue asesinado había toque de queda y era el único que denunciaba los abusos. Hoy tenemos la bomba del coronavirus con el consiguiente miedo», destacó Zelaya.

En este aniversario, una cuarentena que busca contener el avance del nuevo coronavirus impedirá además a los salvadoreños rendir homenaje a Romero en la cripta de la Catedral, donde reposan sus restos, y en la capilla donde fue asesinado, ambos lugares tradicionales de peregrinación.

– Sin investigación –
Todos los esfuerzos por aclarar el crimen de Romero fracasaron durante décadas, hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró en julio de 2016 inconstitucional la ley de amnistía que encubrió las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1980-1992).

«Monseñor se merecía una investigación formal e imparcial», comentó a AFP el abogado Alejandro Lenin Díaz, quien junto con otros letrados de la organización defensora de los derechos humanos «Tutela Legal María Julia Hernández», solicitó la reapertura del juicio en marzo de 2017, luego de la derogación de la amnistía.

Desde 1980, el proceso judicial del caso del arzobispo «estuvo invisibilizado con varias estrategias para no procesar a nadie», lamentó Díaz.

Tres años después de la reapertura del proceso, la Fiscalía -según el abogado de Tutela- investiga a más de 10 personas que «nunca se investigaron», y ha incorporado «bastantes documentos nuevos», por lo que estima que el proceso penal ha caminado hacia «la normalidad».

En 1993, una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas señaló como autor intelectual del crimen al mayor del ejército Roberto D’Aubuisson, ya fallecido, fundador de la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).

El tribunal que ventila el caso ordenó el 23 de octubre de 2018 la detención del capitán Álvaro Saravia, quien figura como el único imputado en la causa penal por el asesinato de Romero.

Saravia, un lugarteniente de D’Aubuisson, confesó años atrás al periódico digital El Faro la manera en que se planificó y ejecutó el asesinato de Romero.

El abogado Díaz recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó «conocer bien los hechos y reparar» al pueblo, a la familia del pastor y a la Iglesia católica.

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