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Internacionales

Justicia ordena proteger a víctimas de desplazamiento


La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el miércoles que se adopten medidas para proteger a las familias que por amenazas de las pandillas han tenido que abandonar sus hogares.

 

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La Sala de lo Constitucional de la Corte admitió dos demandas de amparo presentadas por familias acosadas por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, libertad de circulación y propiedad.
En ambas demandas se expuso que ni la Fiscalía General, ni la Policía Nacional Civil, ni la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Sector Justicia activaron las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley de Especial Para la Protección de Víctimas y Testigos.
En su resolución, la Sala ordena a la Fiscalía y a la Policía que adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto a las amenazas en su contra por parte de las pandillas, así como judicializar a los responsables de los delitos denunciados por las víctimas.
Además ordena a la Fiscalía y a la Policía, garantizar la seguridad para que estas familias “puedan retornar a su domicilio a efectos de recuperar los bienes materiales respectivos que se encuentran ahí y que no han podido recuperar por las amenazas sufridas”.
La Sala también ordena como medida de protección omitir la identidad de los demandantes, la reserva del caso y restringir el acceso al expediente judicial al público en general.
La resolución se produce días después que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zaid Ra´ad Al Hussein, declara al concluir una visita oficial al país que “los altos niveles de violencia han afectado seriamente las vidas de las personas y noté como la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración”.
El funcionario de la ONU agregó que “para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el gobierno necesita reconocer que está sucediendo”.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, respondió que el gobierno sí reconoce los desplazamientos forzados, pero dijo a los periodistas que no aceptan que la violencia sea la única causa para el desplazamiento.
“En el país la movilidad de personas es multicausal, no podemos decir que todas sean a causa de la violencia”, afirmó.

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