Domingo 5 DE Abril DE 2020
El Acordeón

El diccionario panhispánico del español jurídico

El siguiente texto fue escrito por D. Gustavo García Fong, de la Academia Guatemalteca de la Lengua (AGL), para la presentación del Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) en Guatemala, en un acto en donde también participó el principal promotor e impulsor de la obra, D. Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale)

Fecha de publicación: 15-03-20
Por: GUSTAVO GARCÍA FONG

Finalizando el siglo XX, en 1998 la Real Academia Española inició con la implementación de lo que se conoce como la política lingüística panhispánica. Para la implementación de esa política fue necesario establecer mecanismos diferentes respecto a la relación de la RAE y las academias, tanto en su funcionamiento como en cuanto a la metodología de trabajo, lo que incluyó la revisión, actualización y edición de las obras académicas fundamentales.

Atrás quedaban aquellos paradigmas que calificaron de peyorativo el uso del español dependiendo de las demarcaciones geográfi cas, adoptando el criterio de que, precisamente, nuestro idioma muestra varias normas de cultura, todas ellas válidas y generalmente aceptadas por la comunidad de hispanoparlantes. No es posible establecer para una zona geográfica o varias de ellas del extenso territorio en donde el español es la lengua oficial, el calificativo de un “buen uso del idioma” frente a otras zonas geográficas que quedarían eliminadas de ese “buen uso” del español. El “buen español” está presente en todas las latitudes donde se hable, siempre que exista una “norma de cultura” donde los hablantes se reconozcan en ella socialmente. Por ejemplo, hoy día y desde el punto de vista lingüístico, se reconoce que el registro culto estandarizado pertenece más a las áreas urbanas que a las rurales, que ciertas profesiones universitarias como los abogados, periodistas, médicos, ingenieros, informáticos, químicos y farmacéuticos, etcétera, conforman un determinado segmento social con prestigio lingüístico y académico, sea cual fuere la modalidad de español que utilicen, que fomentan determinados usos susceptibles de generalizarse y acercarse a otros usos de otras latitudes, al tener en cuenta los valores sociales y culturales de las diferentes comunidades de hispanohablantes.

Uno de los resultados de la implementación de dicha política lingüística panhispánica, fue la iniciativa para el reconocimiento de la coautoría de todas las corporaciones para las obras académicas que se publicarían en lo sucesivo. Solo en ese contexto es posible entender la plena y real participación de todas las academias, en un plano de igualdad en la elaboración de dichas obras.

EL LÉXICO JURÍDICO

En España, el precedente más cercano al Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) fue el Diccionario del español jurídico(DEJ), que surgió del interés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los temas de claridad y seguridad en el léxico del Derecho. Se elaboró con base en un convenio entre el CGPJ y la RAE y su novedad, ante los tradicionales diccionarios, es contar con la metodología y criterios lexicográficos tenidos en cuenta para la elaboración de los diccionarios del lenguaje en general.

El Diccionario del español jurídico mantiene la concepción de un modelo de diccionario con definiciones breves, complementadas con indicaciones de uso de cada locución o término y fundamentado en documentos provenientes del ámbito doctrinal, legal o jurisprudencial. Consta de un volumen de más de 1,660 páginas y contiene cerca de 30 mil entradas. En su elaboración participaron 130 profesores y catedráticos de universidades españolas, seleccionados por especialidades de las diferentes áreas o campos del derecho. Es el primero en su ámbito, en España y Europa y, a diferencia de los diccionarios convencionales, tiene en cuenta los criterios lexicográfi cos académicos, no así las explicaciones de naturaleza enciclopédica. Se presentó de forma ofi cial en abril de 2016 en la RAE y, desde enero de 2017, se puede consultar gratuitamente en la web de la RAE (www.rae.es).

Con el anterior antecedente, el siguiente paso fue la tarea de elaborar un Diccionario panhispánico del español jurídico, obra que, en los actuales contextos de mundialización y globalización y, teniendo en cuenta que los pueblos iberoamericanos, tanto de manera general como en el campo del Derecho, contamos con los sufi cientes elementos en común para poder entendernos, como también con los sufi cientes matices para poder aprender unos de otros, parte del hecho de que los sistemas jurídicos de los países hispanohablantes tienen en común, con las peculiaridades del caso, raíces comunes y no es de extrañar, por tanto, que los textos que provengan de los juristas de España o Hispanoamérica presenten una problemática similar: uso excesivo de fórmulas arcaicas, poca claridad expositiva, formas verbales superadas, entre otros problemas.

El léxico jurídico de cada Estado posee también sus propias particularidades, de manera que para un jurista guatemalteco, no se diga para cualquier ciudadano, leer una sentencia, resolución judicial, normativas o decretos de cualquier país latinoamericano o de España, suponga una dificultad adicional. Lo dicho anteriormente es válido también en sentido contrario: para un letrado de cualquier país sudamericano, analizar un texto proveniente de un juez español puede suponer un doble reto jurídico y lingüístico. De los lenguajes técnicos, el jurídico probablemente sea el que presente más puntos en discrepancia para un idioma con alrededor de 572 millones de hablantes que se empeña por preservar su unidad.

Con la motivación de mantener y fomentar la cultura jurídica común, en el Diccionarioparticiparon más de 400 juristas y filólogos de América y España, trabajando durante cuatro años para que el mismo viera la luz, presentándose oficialmente en la Universidad de Salamanca bajo la presidencia de su majestad el rey Felipe VI, en el paraninfo de la Universidad. La dirección y coordinación de la obra estuvo a cargo del catedrático de Derecho Administrativo y entonces secretario de la RAE, D. Santiago Muñoz Machado.

El Diccionario cuenta con un repertorio de 40 mil entradas, con expresiones procedentes de todos los países hispanohablantes, publicado bajo el sello de Santillana en dos volúmenes y consta de 2 mil 220 páginas. Además, como un excelente complemento al mismo, también se publicó el Libro de estilo de la justicia, dirigido también por D. Santiago Muñoz Machado, que aplica la misma metodología y criterios lexicográficos de los diccionarios comunes de la lengua. Cada locución o término, incluye una breve definición, fundamentada en textos legales, jurisprudenciales o doctrinales.

UNA JUSTICIA COMPRENSIBLE

Es la primera vez en la historia de nuestro idioma y del derecho, que se prepara y edita una obra de este carácter. Puede asegurarse en términos absolutos, que no hay ningún precedente de esta naturaleza, que comprenda el lenguaje jurídico de toda la comunidad hispanoamericana.

En Guatemala, tuve la honra de dirigir y coordinar el aporte de la Academia Guatemalteca de la Lengua para el Diccionario, para lo cual conté con el apoyo del abogado y notario Javier Antonio Sandoval Ruiz y, desde entonces, hemos continuado remitiendo a la RAE otras informaciones requeridas, con el fin de consolidar la actualización permanente de la obra, como también su proceso de informatización. Asimismo, también participaron en el Diccionario los juristas guatemaltecos: Juan Luis Cano Chávez y Oscar Aníbal Escobar, en su momento letrados de la Corte Suprema de Justicia; Julio César Cordón Aguilar, exdirector del Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad; y Juan Carlos Casellas Gálvez, profesor universitario y abogado en ejercicio.

Cabe resaltar también que en Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, Decreto No. 2-89 del Congreso de la República, en su Artículo 11 reconoce al Diccionario de la lengua española (aunque lo llama Diccionario de la Real Academia Española, como ha sido inveteradamente denominada esta obra), como una importante fuente para entender las palabras de la ley. Dice el artículo: “El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el Diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte, se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto”.

Y en el contexto actual nacional, ahora más que nunca ha vuelto a la mesa de discusión la urgente necesidad de considerar reformas legislativas, tendentes a procurar una administración de justicia más efi ciente. De concretarse tal posibilidad, entre esas reformas estaría, no solo actualizar el nombre correcto del diccionario, es decir, de Diccionario de la Real Academia Española al de Diccionario de la lengua española y además, de incluir, como referentes de insoslayable consulta, a los diccionarios, tanto del español jurídico como al panhispánico del español jurídico. Ojalá y el Congreso de la nación a través de las comisiones respectivas, tenga en cuenta y valore en su justa dimensión estas importantes obras académicas y la función que pueden desempeñar para una correcta interpretación del derecho y, con ello, contribuir con el derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos.

Y hablando del derecho de acceso a la justicia, me permito recordar el contenido de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano, producto de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2002), en el epígrafe titulado Una justicia moderna y accesible a todas las personas, subtítulo Una justicia comprensible, que en los puntos del 6 al 9 establece: “6. Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación (en el ámbito judicial) contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. 7. Todas las personas tienen derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean especialistas en derecho. Los jueces y magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la vigencia de este derecho. 8. Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”.

En virtud de lo anterior, puede apreciarse aquí el doble beneficio que implica la publicación de esta obra, tanto desde la perspectiva lingüística y su relación con el campo del derecho, como también para contribuir a la realización del derecho fundamental de acceso a la justicia de la comunidad iberoamericana, por lo cual puedo asegurar que por ahora es difícil alcanzar a vislumbrar su utilidad y proyección en el devenir de los tiempos, contribuyendo a la unificación del español a través del derecho. *Gustavo García Fong es abogado y miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua –AGL–, correspondiente de la Real Academia Española –RAE–. Responsable del aporte nacional para el “Diccionario panhispánico del español jurídico”. Actual secretario de junta directiva de la AGL.