Martes 22 DE Octubre DE 2019
El Acordeón

Resguardo de un patrimonio cultural en riesgo

Criterios y acciones de salvaguarda para preservar los sitios arqueológicos en Petén difieren debido a la escasez de fondos para su mantenimiento.

Fecha de publicación: 26-05-19
Por: Ana Lucía González

Petén resguarda uno de los mayores tesoros patrimoniales entre los casi seis mil sitios arqueológicos que se encuentran dispersos en todo el país. Solo en este departamento se encuentran cerca de 580 centros prehispánicos registrados, de acuerdo con el Atlas Arqueológico de Guatemala. De estos, solamente 45 sitios reciben vigilancia y mantenimiento por parte del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) que están bajo el cuidado de un promedio de 380 trabajadores.

La protección de decenas de ciudades mayas con más de 3 mil años de historia se encuentra en peligro debido a la constante depredación de sus bienes, invasiones y quemas. A esto se suma el peligro de que sigan en pie debido a los escasos fondos para su mantenimiento y conservación.

Sitios como Dos Pilas, en Sayaxché, ameritan acciones urgentes debido al avance de los incendios forestales y posibles saqueos; en tanto el arqueólogo Richard Hansen, director del proyecto El Mirador, demanda también respuestas prontas y manifiesta su preocupación hacia la demolición del patrimonio cultural que se da ahora mismo en Cuenca Mirador a manos de madereros, ganaderos, narcos y concesionarios “con licencia”.

Ante un presupuesto estatal de inversión de Q4.1 millones, la discusión se enfoca hacia cuál debería ser la visión y rol del Gobierno ante este patrimonio cultural, considerado también un pilar clave en la estrategia del sector turismo. Si por un lado, favorecer la investigación académica, donde una vez estudiados los hallazgos arqueológicos, se vuelven a cubrir para su mejor resguardo; o bien, restaurar las edificaciones y volver los sitios aptos para recibir visitantes, lo que permitiría que sean fuente de ingresos para las comunidades que viven a su alrededor.

De los sitios arqueológicos ubicados en Petén, solo los parques de Tikal y Yaxhá reúnen las condiciones idóneas para recibir turistas, según el doctor en arqueología Tomás Barrientos. Juan Carlos Ramírez, director técnico de IDAEH, añade el sitio de Ceibal e incluso los servicios en la Cuenca Mirador son limitados. “Se carece de certeza jurídica para invertir en terrenos que son propiedad privada”, explica.

En la Reserva de Biosfera Maya (RBM) se registran alrededor de 28 centros importantes, la mayoría ubicados en la zona de mayor riqueza arqueológica: el Noreste. “La RBM cuenta con la mayor cantidad de edificios intervenidos en todo el país, cerca de 238 en más de una veintena de ciudades mayas, pero solo seis de estos sitios están medianamente atendidos, el resto están en mantenimiento o en abandono”, afirma el doctor en arquitectura Óscar Quintana.

Más fondos para naturaleza que para cultura

El sexto Informe de Monitoreo de la Gobernabilidad en la RBM, actualización 2017, del Conap y Wildlife Conservation Society (WCS); muestra cuatro pilares relevantes para el manejo de esta emblemática zona considerada patrimonio mixto: natural y cultural.

El documento enumera 21 indicadores de manejo institucional de esta zona, así como las cifras de presupuesto, los cuales muestran mayor relevancia y cantidad de recursos destinados al tema ambiental sobre el cultural, el cual contempla un breve informe sobre cifras de visitantes a diez sitios arqueológicos en el periodo 2006 al 2017.

Solo dos parques destacan por la cantidad de visitantes y por las cifras de ingresos que representan: Tikal que recaudó más de Q27 millones en 2018 y recibió 302 mil visitas durante el año, conforme su administrador, Jorge Roldán. En el 2017, el parque Yaxhá-Nakúm-Naranjo tuvo un promedio de 27 mil visitas y reportó ingresos de Q1.8 millones, según el informe. De acuerdo con Roldán, las 300 personas que laboran solo en Tikal (funciona con fondos privativos), permiten darle un mantenimiento autosostenible y eficaz a las 78 estructuras de esta emblemática ciudad.

Este año, el presupuesto del IDAEH es de Q85 millones, de los cuales Q38 millones se destinan para pagos de nómina. Ramírez, director técnico del IDAEH, detalla que para proyectos de mantenimiento e inversión de todos los sitios arqueológicos del país se destinan Q4.1 millones, aunque en el 2018 estos fondos fueron de Q8 millones. “Necesitamos más asignación presupuestaria para encaminar los proyectos. Lo que sucedió este año es que no se presentaron oferentes para las cotizaciones subidas en Guatecompras”, explica.

“El área del Usumacinta es la que está más dañada en Petén: Dos Pilas, Petexbatún, el puesto de control de Conap en Sierra de Lacandón fue derribado meses atrás lo que permitió el ingreso de personas sin control, lo que ha permitido invasiones y quemas”, lamenta Ramírez.

De acuerdo con Quintana, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) debe recuperar protagonismo en la RBM. Si bien algunos sitios arqueológicos cuentan con planes maestros: Tikal, Yaxhá-Nakúm-Naranjo, Mirador-Río Azul, muchas urbes, que cuentan con una riqueza en arquitectura y urbanismo excepcionales, están desatendidas. Refiere cómo en los últimos años se han diluido recursos en financiamiento y personal. Por ejemplo, en el periodo 1983-1985 el parque Tikal contaba con cerca de 700 trabajadores, y para 1994 laboraban un promedio de 450 personas.

Enterrar o mostrar

El Acuerdo Ministerial 1-2012 del MCD define un reglamento para la investigación arqueológica y disciplinas afines, el cual establece un marco de trabajo para destinar un porcentaje de fondos para el estudio académico y otro para la restauración de estructuras.

De acuerdo con Barrientos, la problemática de mantenimiento y restauración de monumentos depende en gran parte de las propuestas de los proyectos de investigación, donde son los investigadores quienes reúnen los fondos. “No hay un criterio unificado sobre cómo se hace una restauración, y el Estado carece de una política sobre cuándo autorizar o no la apertura de los sitios al público. De manera que son decisiones aisladas, de acuerdo a los intereses de cada institución gubernamental”, expone.

Por experiencia, Barrientos sabe que descombrar una estructura prehispánica significa darle mantenimiento, y generalmente se carece del presupuesto, por lo que, una vez investigado y por la protección ante el ambiente y los depredadores, se decide volver a cubrir el hallazgo.

“Los proyectos no contemplan presupuesto para mantenimiento y si el MCD no tiene presupuesto suficiente, no se la va a agregar un problema más. Todos los proyectos se financian mayormente con fondos privados, por lo que el rol del Gobierno es la supervisión de los trabajos y procedimientos”, explica.

A esto se suma una amenaza más para los delicados hallazgos arqueológicos. El visitante que puede terminar por dañar más el edificio, sin que esto aporte fondos para su conservación, ya que no existe un mecanismo financiero que permita que los ingresos se puedan invertir directamente en los pocos sitios que cuentan con boletos.

En el sitio La Corona, a cargo de Barrientos, se prefiere que no llegue el turismo. “Abrir un sitio arqueológico al público quiere decir que este va acompañado de inversión pública que provea servicios básicos como buen acceso, agua y personal. De lo contrario, es mejor mantenerlos cerrados, pues incluso, no van a generar ingresos”, dice el especialista.

Uno de estos casos es la Cuenca Mirador, donde el Estado no percibe ingresos de los más de 2 mil 500 visitantes que llegan al año, conforme el Informe de Conap de 2017. Según Ramírez esto se debe a que no se tiene la capacidad instalada, pues la Contraloría General de Cuentas obliga a depositar los fondos por ingreso en forma diaria, y en ese sitio tan alejado, es imposible hacerlo.

Barrientos cuestiona además los criterios de restauración, donde muchas veces prevalece la visión de un producto turístico por encima de la investigación, lo que ha llevado a que muchos edificios se restauren parcial o totalmente, sin conocer a fondo su historia. “A los arqueólogos nos pagan por investigar y es nuestra responsabilidad conservar lo que se ha intervenido. Tal vez no sea muy pragmático para muchos, pero es lo que hacemos. En cierto modo justifica lo que viene después con la restauración y la visitación turística. Pero el espectáculo puede quedarse corto si la investigación no es buena”, argumenta.

La antigua ciudad maya de Río Azul, en la esquina noroeste de la RBM, es un ejemplo del escaso mantenimiento. Esta urbe conserva muros, bóvedas y torres de crestería expuestas en peligro de colapso (edificios AI al AV), según los registros de Quintana. Refiere que desde el 2008 se realizó un proyecto de rescate de tumbas, las cuales fueron restauradas y luego cubiertas para su conservación. Desde entonces solo tiene vigilancia y carece de actividades científicas. “En el 2016 se derrumbó un árbol en la fachada del edificio A-II causando pérdida de arquitectura: grietas y derrumbes en sus muros, daños que a la fecha no han sido atendidos”, informa.

La arqueóloga Liwy Grazioso, quien trabajó en el rescate de este sitio, relata cómo las visitas, con ingresos no autorizados a las 18 tumbas, –después del saqueo– terminaron por dañar las valiosas estructuras. Esto lo hace muy vulnerable para recibir turistas, pues hay peligro de que se deterioren pinturas murales de más de 2 mil años de antigüedad.  

La administración del patrimonio

Richard Hansen considera que la preservación de los sitios arqueológicos, muchos de ellos amenazados actualmente, tiene que ver con la creación de nuevos modelos económicos donde estos centros sean generadores de ingresos para las comunidades cercanas.

Barrientos en cambio considera que los criterios para la apertura de cada sitio arqueológico son diversos, y va a depender del contexto y variables de cada lugar, como la capacidad de cuido en el largo plazo, acceso y seguridad. De manera que si no se tienen fondos para la conservación y mantenimiento, lo mejor es no restaurar si no es necesario.

Grazioso defiende la postura de un arqueólogo de proteger los sitios arqueológicos de los visitantes, que por lo general, no son conscientes de que no son parques temáticos. Si bien considera que se carece de una política de Estado que dé continuidad a los planes, menos que aporte fondos para la investigación, sabe que ante tantos intereses privados, el patrimonio es nacional y debe ser administrado por el Estado, por nadie más.

Ante la falta de una visión estratégica que desarrolle programas de funcionamiento, Quintana propone retomar el concepto de escuelas-taller que irradian desde los parques de Tikal y Yaxhá como centros de enseñanza, entrenamiento de personal y referentes de conservación hacia las demás ciudades mayas. Supone que esta visión permitiría proponer en conjunto toda la RBM como patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO.

Demolición de un edificio emblemático: el 5D-33

La magnificencia del conjunto de Tikal generó un ávido interés para los estudiosos desde su descubrimiento en 1848 por los peteneros Modesto Méndez y Ambrosio Tut. Posteriormente, exploradores como el inglés Alfred Maudslay lo visitaron en 1881 y levantaron los primeros registros fotográficos, informes que generaron el interés de la Universidad de Pennsylvania, que incursiona con el “Proyecto Tikal” durante el periodo de 1956 a 1969.

Fue una etapa “épica” en excavaciones monumentales, a decir de los arqueólogos. La Acrópolis Norte –la Gran Plaza– fue investigada abriendo una gran trinchera de unos cuatro metros de ancho, puesto que la excavación de túneles no era una técnica tan desarrollada en esos tiempos.

Hubo también intervenciones muy cuestionadas y que siguen siendo motivo de debate y estudio entre los especialistas. Fue el caso de la demolición del edificio 5D-33, decisión que contó con el aval del entonces director del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), Carlos Samayoa Chinchilla.

El edificio 5D-33, de unos 33 metros, era la edificación más alta de la Acrópolis Norte. Estaba aislado y constaba de cinco plataformas escalonas, escalinata central, un recinto interior con dos cámaras. “Los restos de crestería, techo, recinto interior y las dos últimas plataformas escalonadas fueron desmanteladas totalmente. La demolición cambió sensiblemente la imagen de la Gran Plaza como era en el Clásico Tardío”, refiere Quintana en el Anuario No. 13 del IDAEH del 2014.

El director del proyecto en ese periodo, 1963-1964 era William Coe, quien sustituyó al arqueólogo Edwin Shook, quien no tenía título académico, pero sí la experiencia, refiere Tomás Barrientos, director del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle (UVG). Coe decidió sacrificar el edificio 5D-33 por varios propósitos. Uno era agotar la investigación científica en el edificio principal y mostrar las etapas de construcción anteriores y, segundo, usar el escombro de la demolición para rellenar la enorme trinchera trabajada en el lado oeste del monumento, según el documento.

Barrientos recuerda que la U. de Pennsylvania había trabajado previamente en el sitio de Piedras Negras con una intervención bastante destructiva en algunos edificios como también han ocurrido en varios casos con ciudades mayas como Zaculeu, Chocolá y Uaxactún, donde las técnicas usadas en la década de los años treinta han sido cuestionadas. Refiere que en su momento hubo un debate serio entre Shook, Coe y otros especialistas sobre esta fallida decisión.

Reconoce que el 5D-33 era una estructura endeble, en peligro de caerse, pero que probablemente fue una decisión para ahorrarse costos y facilitar la investigación en ese momento. “Fue una respuesta fácil y apresurada, sin tomar en cuenta el impacto que tendría”, asevera.