Sábado 16 DE Febrero DE 2019
El Acordeón

Rebelión en la planta

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Fecha de publicación: 11-06-17
Por: Arturo Monterroso
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Este es el último artículo en el que transcribo parte del reportaje de Michael Grabell, publicado en ‘The New Yorker’ el pasado 8 de mayo. Me parece significativo porque nos ofrece una fotografía sin afeites de lo que sufren muchos inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos; una mirada a ese paraíso donde se supone que florece el “sueño americano”, una entelequia fabricada para justificar la explotación. Reducida al caso de Case Farms y a un buen número de indígenas de Huehuetenango, la historia de Grabell resulta a la vez ilustrativa y brutal; una muestra considerable de cinismo, retorcimiento de la ley y abuso de la condición precaria de los inmigrantes sin documentos. Case Farms está entre los lugares de trabajo más peligrosos de Estados Unidos. Tiene un récord de 25 años de incumplimiento con los estándares federales de seguridad en sus instalaciones de trabajo. Solo la supera Tyson Foods. He oído decir que en ese gran país la ley se cumple inexorablemente, pero a veces uno peca de ingenuo. Esto lo digo yo, no Grabell. Lo que sí dice el investigador de ProPublica es que el éxito de Case Farms se debe a que recluta a algunos de los inmigrantes más vulnerables del mundo, quienes soportan las más duras (y a veces ilegales) condiciones de trabajo que pocos estadounidenses podrían tolerar. Cuando los trabajadores han reclamado mejores salarios y condiciones laborales, la compañía ha utilizado su situación migratoria para despedir a sus representantes, no pagar por sus lesiones y aplastar a los inconformes. La ley de inmigración, que prohíbe contratar a inmigrantes ilegales, ha probado ser débil en su aplicación y las penas son insignificantes. Así que Tom Shelton, el dueño de Case Farms, aprobó desde el principio la contratación de inmigrantes sin documentos que, además, resultaron magníficos trabajadores y contribuyeron a aumentar la producción.

 

Durante la presidencia de Obama, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) acordó no investigar a trabajadores que se encontraran en disputas laborales, pero ahora Trump va a desechar ese acuerdo, alentando a los empleadores para que llamen al ICE apenas los empleados hagan algún reclamo. Así que mientras Trump fomenta el temor sobre los inmigrantes latinos y los refugiados –explica Grabell–, ignora la responsabilidad de las empresas –particularmente en la industria del pollo y las procesadoras de carne– que han traído a esos inmigrantes al medio oeste y al sureste de Estados Unidos. Por eso es importante mencionar a Juan Ixcoy, un guatemalteco que se rehusó a trabajar en condiciones de peligro inminente y participó en la organización de una huelga y un sindicato. Lo despidieron por insubordinación, pero un juez del National Labor Relations Board (una agencia federal independiente que protege los derechos de trabajadores del sector privado) determinó que había sido despedido ilegalmente y ordenó que fuera restituido en su puesto. No obstante, Case Farms “descubrió” que varios de los dirigentes del sindicato, incluido Ixcoy, eran indocumentados. Y los despidió. A la larga, Ixcoy recibió una visa especial para víctimas de crímenes debido a los abusos que había sufrido en la planta. Durante el otoño boreal de 2016, Grabell viajó a Huehuetenango para conversar con personas que habían trabajado en Case Farms. En Aguacatán habló con varios de los antiguos empleados de las plantas del millonario Shelton y en Tectitán encontró a Osiel López Pérez, el muchacho que había perdido la pierna en la planta de Canton Ohio. Todavía estaba tratando de acostumbrarse a la prótesis. Mientras tanto, en Case Farms han empezado a contratar refugiados birmanos y nepalíes expulsados de Bután. Los guatemaltecos han dejado de ser víctimas fáciles; se han organizado para defenderse.

 

Guatemala, 9 de junio de 2017

arturo.monterroso@gmail.com

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