Hemos estado insistiendo en los niveles alarmantes de burocratización que se han venido dando en el sector público (que consumen el grueso de los gastos de funcionamiento del Estado), así como en la proliferación de fideicomisos, comisiones presidenciales, fondos, oenegés, secretarías de la Presidencia y demás entes que conforman el sistema paralelo de gasto público, que reciben y erogan fondos públicos a manos llenas, sin ninguna racionalidad, priorización y efectividad, y bajo el manto grotesco de la discrecionalidad y la opacidad. Conforme a la Constitución, el Congreso tiene la obligación de fiscalizar el gasto público. Empero, muchos congresistas son mercaderes…