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Editoriales

Una manera de lavarse las manos


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En medio del conflicto político entre la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, organizaciones civiles y el sector privado organizado, el Ministerio Público presentó 111 solicitudes de antejuicio a 92 diputados del Congreso, entre ellos la Junta Directiva del Congreso, 13 magistrados de la Corte de Apelaciones que supuestamente integraron ilegalmente la Corte Suprema de Justicia para conocer un proceso de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y contra seis magistrados de la Corte Constitucional, por presuntamente cometer prevaricato en sus resoluciones, entre otros delitos que les imputan. De cualquier manera, es una manera del Ministerio Público de lavarse las manos y dejar que todo se resuelva en un pulso y enfrentamiento político entre las Cortes Constitucional y de Justicia, organizaciones civiles de derecha e izquierda y el sector privado organizado. Las organizaciones civiles de derecha y el sector privado emiten denuncias y comunicados, presionando por situaciones que a ellos de una manera o de otra no les han favorecido en la Corte de Constitucionalidad. Es muy difícil que alguien pueda resolver y retirar 111 antejuicios, lo cual volvería un proceso muy largo y engorroso. En definitiva, el Ministerio Público no ayudará a resolver nada y sencillamente las resoluciones y fallos de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia legal de Guatemala, tienen que ser acatados. Y el Congreso, que quiere evadir su responsabilidad, tiene que proceder inmediatamente a elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Las instituciones tienen solo que acatar y ejecutar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y los demás sectores simplemente obedecer. No intenten romper el orden constitucional.

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