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Editoriales

¿Hasta cuándo más amnistías fiscales?


César Leonel Mejía Rodríguez / DPI 1876 03146 0101

El presidente de la República, Jimmy Morales, decretó una amnistía para las personas o empresas que tengan deudas atrasadas con el fisco guatemalteco, del año 2016 para atrás. Dicha amnistía solo aplica para las moras, multas, recargos o intereses que se hayan devengado producto del atraso en el pago de impuestos. La Constitución Política de la República, en el Artículo 183, inciso r, establece que entre las funciones del Presidente está exonerar de multas y recargos a quienes no hayan cumplido el pago de impuestos en el término legal establecido o por actos u omisiones en el orden administrativo. El presidente actúa dentro de la legalidad, eso es indiscutible. Sin embargo, tan solo en los últimos siete años, se han emitido decretos de exoneración al menos en cuatro ocasiones: en 2011 el gobierno de Colom, en 2013 y 2014 por el gobierno de Otto Pérez y ahora en 2017 por el gobierno de Jimmy Morales. Y no son solamente pequeños contribuyentes. Hablamos sobre todo de los grandes contribuyentes, esos que deben pagar decenas o centenas de millones de quetzales, que dejan de pagar y siempre se les beneficia con exoneraciones de multas y recargos. No es correcto para la moral tributaria que se den exoneraciones cada poco tiempo. Una exoneración solo debe ser una medida muy ocasional y cuando esté probado que por alguna razón válida no se pudo cubrir con los impuestos en el tiempo legal establecido. Pero aquí en Guatemala, exonerar multas y recargos se ha vuelto ya costumbre, con lo que se permite que no paguen impuestos, lo cual obviamente perjudica al Estado de una u otra manera, y después resulta muy cómodo exonerar, cuando el incumplimiento ya ha provocado daños inconmensurables al país. No está bien que el Estado de Guatemala siga asumiendo los costos de los que incumplen con el pago debido de impuestos. La SAT ha hecho un esfuerzo notable por recuperar los tributos no pagados o evadidos. Y eso debe seguir, pero que ya no se den las exoneraciones cada dos o tres años. Perjudica al Estado, a la institucionalidad y a la ciudadanía y hay que obligar a cumplir el pago de impuestos en los términos legalmente establecidos.

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