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Editoriales

Una resolución incomprensible


Arturo Martínez Gálvez / DPI 2330 50132 0101

Incomprensible la resolución de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual elimina la última parte del Artículo 132 del Código Penal que dice: “…sin embargo, impondrán la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente”. El fundamento de la eliminación, a juicio de la CC, es que se impone dicha pena máxima con base a una presunción, violando el Artículo 14 de la Constitución Política, pues no se establece en forma objetiva la peligrosidad del acusado.

Nada más lejano que esto, pues la objetividad de la peligrosidad del agente debe quedar plenamente establecida en el proceso, esto es, al dictar sentencia en el caso concreto, y no es cuestión de presunciones sino del examen de los hechos probados en donde queda plenamente probada la conducta del hechor, las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes que revelen (objetivamente) la mayor y particular peligrosidad del agente. Tal es el caso de la niña Toti, por ejemplo, ocurrido hace algún tiempo. Estas circunstancias son una agravante que deben estar reveladas en el proceso de manera indubitable, no por vía de presunción o de una decisión discrecional, sino establecidas plenamente, en donde el juez está obligado a interpretar la norma conducente y aplicar la pena de muerte. Sin embargo, la CC le ha quitado de las manos a los jueces la justicia, la justicia que recoge el Artículo 132.

Por otro lado, en cualquiera de las siete causales que establece el Artículo 132, con ocasión de las cuales se produzca el asesinato puede realizarse con un total menosprecio a la vida humana, donde el causante obra con plena conciencia, con total y absoluta ventaja, ocasionándole dolores y sufrimientos indecibles a la víctima, poniendo de relieve su alto grado de criminalidad. La resolución de la CC en cierto modo incentiva el asesinato al saber el agente que solo irá a prisión y que eventualmente puede salir libre, antes del tiempo de la condena.

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