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Editoriales

Hay que continuar la presión ciudadana


El gobierno de Jimmy Morales, solo de dientes para afuera habla de ser diferente, pero la realidad es otra: ha nombrado dos ministros de Comunicaciones que son o han sido contratistas del Estado, acusados de evasión fiscal y desfalcos en instituciones. Se sabe también que está colocando a gente muy cuestionada en puestos claves en el Ministerio de Gobernación, Presidios y la SAAS, entre otros. Y, al menos su partido, FCN, no ha cumplido con su promesa de no aceptar diputados fugados de otros partidos políticos y ha reconocido estar negociando con varios diputados lo que siempre ha sido motivo de corrupción: instituciones, plazas y sus negocios. Estos asuntos evidencian que quieren asegurarse el pago de favores políticos, pero el Estado, la institucionalidad y la ciudadanía les sigue importando poco. Incluso Jimmy Morales se molesta de que le pregunten sobre diversas situaciones, cuando lo que es público, es de interés general y no solo de él ni de su partido. El Congreso, bajo el mando de Mario Taracena, ha dado muestras de querer tomar la iniciativa en las reformas que el país necesita, primero publicando los listados de empleados del Congreso y sus salarios, y luego con la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Legislativo, con lo cual se inicia un camino hacia la recuperación de una institución fuerte, sana y profesional. Tan solo es cuestionable eso de querer enviar a la cárcel a funcionarios del Ejecutivo que no asistan a citaciones, pero se entiende que es una medida para evitar que se repita que un Presidente prohíba a sus funcionarios asistir al Congreso. Pero más allá de ciertos partidos en el Parlamento, el Gobierno no da muestras de querer cambiar el tipo de gestión pública que impide el desarrollo del país a causa de los privilegios que se otorgan a ciertos grupos y sectores. La “recomendación” del vicepresidente Jafeth Cabrera, de utilizar medicamentos vencidos, es prueba de que no reorientan la gestión del Estado. Ante estos visos, no queda más que continuar la presión ciudadana sobre el Gobierno para que no nombren o despidan a gente con un pasado público cuestionable.

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