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Editoriales

Sobre la vinculación jurídica de la opción al voto de rechazo y el peligro de precipitar modificaciones que ya no entrarán en vigor en las actuales elecciones


Ante la frustración que sufre gran parte del electorado guatemalteco, por el manifiesto deterioro y corrupción de partidos políticos, candidatos y gobiernos, y la necesidad consecuente de modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ha cobrado gran interés la aprobación de una iniciativa para dar a la ciudadanía el derecho de rechazar a todos los candidatos en las urnas, y ya se debate sobre si debería de incorporarse la anulación de la votación a partir de una mayoría simple, o de una mayoría absoluta de votos de rechazo (no de votos nulos, como contradictoriamente se les está denominando). Y pareciera que todos están pensando en que se aplicaría para la siguiente futura elección en una primera vuelta, quedando aún un gran vacío de consideraciones, sobre qué procedería a partir del momento en que un rechazo cobrara el derecho, de demandar nuevas elecciones (¿Cuándo? ¿Con quiénes con derecho a ser candidatos y con cuáles requisitos y limitantes? ¿Con qué plazos, campañas y techos y formas de financiamiento? Etcétera).

 

Pero parece que no se ha considerado la importancia de: que “el rechazo es más apropiado para una segunda vuelta que para una primera”, y tal vez con menos complicaciones (si la segunda vuelta fuera casi inmediata a la primera) porque el problema actual es que la segunda vuelta, fuerza al electorado a votar, no por el candidato que considera mejor, sino por el que le parezca menos malo, así sea pésimo, con tal de no favorecer al que le parece aún peor. “Recordemos las elecciones pasadas y cuáles fueron las alternativas de la segunda vuelta y sus consecuencias”.

 

Siendo que las propuestas de modificaciones a las leyes, en esto, no están aún suficientemente maduradas, y que “el actual Congreso como otros órganos del Estado, hasta ahora ha sido gran parte del problema y no de sus soluciones”, y que cualquier modificación que se haga precipitadamente, tampoco entrará ya en vigor para las presentes elecciones. “¿No será mejor darle tiempo a la ciudadanía para organizarse y participar mejor en la elaboración de las reformas y la fiscalización de la administración del Estado y la formulación de sus leyes?”.

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