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Editorial de hoy

De nuevo: militares a reprimir civiles

opinion

Asumen su papel histórico

Desde la suscripción de la paz, los diferentes gobiernos transcurridos, han tratado de encontrarle que hacer a los militares, tanto para que estén ocupados, como para justificar su existencia ante la población y poder duplicarles el salario a milicos de alto rango. A tal punto los Acuerdos de Paz han ido disminuyéndose en rigor, que desde el gobierno del soldado asimilado Jimmy Morales, se fraguó la resurrección de la Policía Militar, aquella fuerza que con fondos públicos operó al servicio de empresas privadas y mecanismos de represión social. Este gobierno, en seguimiento al montaje de esta fuerza represiva y con desprecio absoluto por el derecho de organización y manifestación popular, justifica su equipamiento, afirmando que es para: “contrarrestar o disolver cualquier manifestación civil en el territorio nacional” -EP 13.10.2020. La intención es indubitable.

Se trata, señala la nota de ‘elPeriódico’ de dos brigadas. Llama la atención que una de ellas se aloje en San Juan Sacatepéquez en donde está vivo el conflicto por derechos entre población Kaqchiquel y una empresa cementera. La pregunta es obligada: ¿vislumbra el gobierno que nos aproximamos a un desborde social, que no podrá administrar por vía pacífica y no ve otra opción que armarse de soldados para contenerlo? Si es así, estaríamos frente a la claudicación -por incapacidad- de resolver con políticas y presupuesto, los déficit sociales y económicos de esta sociedad, ciertamente, agravados por la pandemia. Lo cual sería una constatación del fracaso del modelo económico y político, aplicado hasta hoy en el país. De qué otra forma entenderlo, si asistimos a una justificación de fuerza bruta en contra de la razón y los procedimientos democráticos. Así el ejército en este país ha realizado cualquier cantidad de oficios. Así, les hemos encontrado en patrullajes combinados -seis soldados y un policía-, repartiendo bolsas seguras y solidarias, intermediando compras públicas, fabricando escritorios escolares, tapando baches. Siete oficios, como dirían las abuelas. Lo que ningún gobierno ha podido hacer -extrañamente- es que la milicia cumpla con cuidar la integridad territorial. Los ilícitos pasan por aire, mar y tierra y aquellos valerosos defensores de la patria no se percatan de ello.  

Ahora nos aproximamos a la reconfiguración de la milicia como históricamente ha sido: un aparato de represión social, oneroso e innecesario, que solamente atiende dictados de las élites y de su propia nomenclatura. Tiene razón el PDH cuando solicita la disolución de esta nueva fuerza represiva y que se constituye en una grave amenaza a los derechos constitucionales de la ciudadanía honrada.

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