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Editorial de hoy

A un año del vencimiento del plazo de los magistrados

opinion

El 13 de octubre de 2019 venció el periodo constitucional de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), extremo que, conforme a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), es causa de la pérdida de la calidad como magistrados. No obstante, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el proceso de postulación de magistrados y habilitó un plazo para una evaluación extemporánea de los magistrados y jueces que aspiraban a las magistraturas. Esto supuso la prórroga de facto del plazo de los magistrados en funciones.

En todo caso, esta suspensión del proceso de postulación evitó que la Legislatura anterior (2016-20) no eligiera a los nuevos magistrados, que era el objetivo de quienes repudiaban a los diputados de dicha Legislatura y que, por ende, se oponían a que estos eligieran a los magistrados. Es decir que la pretensión política subyacente fue que los nuevos togados fueran elegidos por la siguiente Legislatura (2020-4), o sea por la que se instaló el 14 de enero de 2020, lo que se consiguió. 

Habiendo el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) realizado una evaluación exprés de los juzgadores, con base en un instructivo improvisado, sin contar con una unidad de evaluación de desempeño con la capacidad técnica requerida, sin acatar los estándares internacionales exigidos por la LCJ, así como limitándose a examinar, a rajatabla, la gestión de los juzgadores de uno de los 5 años del período de funciones, la CC recondujo el trabajo de las comisiones de postulación. Sin embargo, a finales de febrero de este año, la CC nuevamente suspendió el proceso, a petición del Ministerio Público (MP), esta vez cuando el Congreso se disponía a elegir a los togados. Esta suspensión obedeció a que se detectó un intento de manipular e influir en la elección de magistrados en torno a la figura de un ex funcionario que guarda prisión preventiva.

La CC, en la sentencia de amparo de fecha 6 de mayo de 2020 (expediente 1169-2020), ordenó al Congreso que excluyera a los candidatos a magistrados postulados por las comisiones que son sujetos de investigación criminal en el caso “manipulación e influencia”, y contra quienes existan “otros procesos penales, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal”, lo que implica la desintegración automática de las nóminas de candidatos a magistrados, elaboradas por las comisiones, porque redujo el número de candidatos exigido por la Constitución, entre quienes los diputados deben elegir a los togados, y que procedieran a elegir, mediante voto público razonado, a los nuevos magistrados. La desintegración de las nóminas de candidatos, así como la complicación que supone la emisión del voto público razonado de los 160 congresistas por cada uno de los más de 300 candidatos, redundó en que la elección cayera en un impasse.

De esa cuenta, el MP solicitó, sin éxito, la anulación de dicho fallo. Por otro lado, el MP, en un informe que la CC le ordenó que remitiera al Congreso, se descalifica no solo la nómina de candidatos a magistrados, sino que también la integración de las comisiones de postulación, el procedimiento de puntuaciones de aspirantes, así como las evaluaciones de magistrados y jueces llevadas a cabo por el CCJ. Es decir que, según el MP, todo el proceso de evaluación y postulación está viciado.

Lo cierto es que, después de más de un año desde la fecha en que venció el período constitucional de funciones de los magistrados rescindidos, no se han elegido a los nuevos togados y no se ve luz al final del túnel. 

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