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Editorial de hoy

Porqué el “Informe Menéndez” es relevante

opinion

Se violan leyes al criminalizar libertades civiles.

El informe “DHS Run Amok”, que hizo público antier el influyente senador demócrata Bob Menéndez, sobre la participación directa de oficiales de su gobierno en territorio guatemalteco para expulsar migrantes hondureños, tiene implicaciones para el país. El presidente Giammattei, que apenas horas antes de que ocurrieron los hechos había asumido el cargo, tendrá que esclarecer qué exactamente ocurrió y cuál es la cadena de mando en la Policía Nacional Civil y las responsabilidades de la oficina de Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos que le brinda asesoría y capacitación.

El contexto de esta operación ilícita lo ofrece el presidente Trump con sus disposiciones brutales y desproporcionadas en contra de los migrantes irregulares, que ha costado la vida de muchos paisanos a manos de los guardias de fronteras y la separación forzada e inhumana de sus padres, de niños migrantes no acompañados.

Pero inmediatamente debemos volver la mirada hacia dentro y recordar la vil actitud de alfombra que adoptó Jimmy Morales frente a Trump, en su ciego afán de expulsar a la CICIG. Fue Jimmy Morales –a través de sus representantes y delegados, como el ex embajador Manuel Espina en Washington y los ex ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, Enrique Degenhart y Sandra Jovel- quien sugirió a senadores trumpistas y a la Casa Blanca la firma del inconstitucional y bochornoso acuerdo de “Tercer País Seguro”.

Tras presiones de los medios y de la sociedad, apenas se conoció el texto general del acuerdo, firmado el 26 de julio de 2019, pero nunca los anexos que detallaban los compromisos que asumía el gobierno de Morales en nombre de Guatemala.

Por regla general, las agencias de seguridad de Estados Unidos firman acuerdos de cooperación con sus contrapartes locales, que incluyen asistencia técnica, capacitaciones, y compartir información sensible, mas no participar en operativos. Lo ocurrido es ilegal, para Estados Unidos por unas razones; para Guatemala, por otras.

A veces las propias autoridades guatemaltecas piden la presencia –como observadores- de los oficiales estadounidenses en operativos contra narcos y redes de trata de personas, para, dizque, generar confianza. Y a veces los propios oficiales extranjeros piden observar para mejor informar a sus agencias, pues no les fían a sus contrapartes locales. Pero, de todos modos, eso riñe con la ley. La diferencia esta vez es que el senador Menéndez lo descubrió y documentó, desde el enfoque de violación de la ley de Estados Unidos.

En nuestro caso, para acudir al ejemplo más cercano y conocido sobre cómo hay que actuar: los fiscales e investigadores de la CICIG jamás hubieran podido investigar un solo caso de aparatos clandestinos y redes de corrupción, a partir de su instalación a finales de 2007, sin la aprobación del Congreso de la República. Otro ejemplo son las operaciones marítimas contra el crimen transnacional –donde pueden participar agentes estadounidenses-, amparados en un Acuerdo aprobado por el Congreso en 2003, como parte del esfuerzo de certificación de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora estamos ante la insoslayable rendición de cuentas. El presidente Giammattei debería de actuar, pero, de oficio, tiene que hacerlo el Ministerio Público. La sociedad tiene a la mano la Ley de Libre Acceso a la Información Pública para conocer la cadena de mando de ese operativo anti-migrantes.

El caso es, además, relevante porque se trata de migrantes, no de delincuentes. Y mucho más relevante porque es preciso desmantelar todo el “programa” de criminalizar el ejercicio de libertades civiles en Guatemala.

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