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Editorial de hoy

Legislación y crisis financieras

opinion

Toca ahora a esta legislatura, conocer la iniciativa 5157 para proveer lo requerido por la autoridad monetaria desde el año 2016.

Desde 2016 se elevó al Congreso la iniciativa de Ley 5157 que contiene reformas a la Ley de Bancos y Grupos financieros que persigue dotar al sistema de banca central de instrumentos que permitan enfrentar problemas derivados de problemas de liquidez que presenten bancos locales, sin que el Honorable Congreso atienda hasta la fecha el requerimiento de la Junta Monetaria y de las entidades que conforman el sistema de Banca Central, constitucionalmente a cargo de estos temas. Desde 2008 a raíz de la crisis financiera experimentada en los principales mercados financieros se advirtieron en todo el mundo, los riesgos latentes sobre entidades bancarias aún si éstas mantuvieron buenas prácticas.

La atención legislativa a los requerimientos de la autoridad monetaria, después de la vigencia de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala (Decreto 215) y de la Ley de Bancos (Decreto 315) en 1945, ha sido otorgada y concedida mediante diversos decretos que han reformado estas leyes, o mediante leyes específicas. El 5 de abril de 1972, por urgencia nacional, se emitió el Decreto 7-72, promulgado ese mismo día por el presidente de la República, un tanto a la carrera, facultando al Banco de Guatemala, previa resolución de la Junta Monetaria, para intervenir entidades bancarias con problemas y prácticamente para asumir su administración, suspendiendo parcial o totalmente a los órganos directivos y para que, una vez superadas las deficiencias y manejos irregulares en la entidad intervenida, ésta pudiera regresar a sus accionistas quienes por disposición de la ley, mantuvieron derecho preferente para la readquisición de sus acciones.

El Decreto 7-72 fue derogado por el Decreto 23-95 promulgado el 18 de mayo de 1995, que reformó la Ley de Bancos (Decreto 315) facultando a la Junta Monetaria para aprobar la fusión de bancos y disponiendo nuevas normas prudenciales en materia de requerimientos de capital y de otorgamiento de créditos.  Más adelante, en 1999, el Congreso de nuevo atendió los requerimientos de las autoridades financieras, al aprobar la Ley para la protección del ahorro, contenida en el Decreto 5-99 promulgado el uno de marzo de 1999, cuya segunda parte, artículos del 15 al 24, desarrolla la normativa aplicable para la intervención de las instituciones bancarias. En el año 2002, las leyes de la reforma financiera integraron en un solo decreto todas las disposiciones relacionadas con el tratamiento de bancos con problemas incluyendo lo relativo a la Ley de Protección del ahorro, dándole a la autoridad monetaria nuevas y más eficientes facultades que, sin embargo, aún no facilitan el tratamiento de problemas financieros de bancos bien manejados, de gran tamaño que puedan sufrir los efectos de crisis internacionales o de eventos nacionales que afecten la confianza del público en el sistema financiero y que podrían causar desastres financieros, económicos, sociales y políticos. Posteriormente el Congreso atendió el requerimiento de las autoridades financieras del país en cuanto a la actualización y mejora de las disposiciones legales relacionadas con estos temas, emitiendo el Decreto 26-2012.

Toca ahora a esta legislatura, conocer la iniciativa 5157 para proveer lo requerido por la autoridad monetaria desde el año 2016, hace casi cinco años, y disponer cambios legales que viabilicen mejores prácticas en una amplia gama de temas financieros y prudenciales.

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