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Editorial de hoy

Antejuicio contra magistrado del TSE

opinion

Según informaciones de prensa, el 8 de octubre de 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público presentó una denuncia penal, así como la respectiva solicitud de retiro de inmunidad en contra del magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y hasta hace algunos meses magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo Rafael Rojas Cetina, a fin de que pueda ser investigado por la supuesta comisión de los delitos de obstrucción de la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, relacionados con el caso denominado Fénix, en el que se vincula a Gustavo Herrera, quien se encuentra asilado en Nicaragua.

Conforme la Constitución, los magistrados del TSE gozan del derecho de antejuicio, que, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”.

De acuerdo con nuestra Carta Magna, corresponde al Congreso determinar si ha lugar o no a formación de causa penal contra los magistrados del TSE, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de congresistas. Sin embargo, previamente a que el Congreso determine si se retira o no la inmunidad de los magistrados del TSE, la CSJ deberá calificar si el hecho punible imputado es o no ilegítimo, espurio o político. Si la CSJ determina que el hecho punible imputado no es espurio, ilegítimo o político, cursará el expediente al Congreso, en donde deberá integrarse una comisión pesquisidora con cinco diputados, que analizará la querella presentada y rendir su dictamen al Congreso.

Si el Congreso declara que ha lugar a formación de causa penal en contra del referido magistrado propietario del TSE, entonces procedería su encausamiento penal ante un tribunal competente. Si, por el contrario, el Congreso no retira la inmunidad a dicho magistrado, el expediente deberá archivarse, sin perjuicio, por supuesto, de que el mismo, al concluir su periodo de funciones, pueda ser procesado penalmente por el mismo hecho punible denunciado.

En el caso de que el Congreso declare que ha lugar a formación de causa penal en contra de dicho magistrado, si este, en el respectivo tribunal penal, quedare ligado a proceso penal y fuere enviado a prisión preventiva, automáticamente quedaría suspenso en sus funciones y el respectivo magistrado suplente del TSE tendría que asumir como magistrado en funciones hasta que el magistrado Rojas Cetina fuere condenado o absuelto en sentencia firme. Si resultare absuelto o, en su caso, quedare libre por falta de mérito, dicho magistrado reasumiría sus cargos. Por el contrario, si fuere condenado quedaría separado definitivamente de dicho cargo.

Si el indicado magistrado propietario del TSE, por virtud de sentencia condenatoria firme en su contra, fuere separado del cargo o si hubiere renunciado antes, entonces el respectivo magistrado suplente del TSE deberá asumir hasta que el Congreso elija al nuevo magistrado de la nómina de candidatos elaborada por la respectiva Comisión de Postulación.

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