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Editorial de hoy

Magistrados suplentes de la CC

opinion

Los magistrados de la CC no deben ejercer la abogacía.

En esta oportunidad, quiero reflexionar sobre la existencia de los cinco magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), los cuales son elegidos, al igual que los cinco titulares, por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Presidente en Consejo de Ministros, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Usac, a razón de un titular y un suplente cada uno.

En el texto constitucional original, además de las magistraturas suplentes de la CC, también se incorporaban magistrados suplentes de la CSJ, así como diputados suplentes. Por cierto, estas últimas suplencias quedaron suprimidas a raíz de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y ratificadas en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994.

Por cierto, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) establece que la CC debe integrarse con siete magistrados para conocer de las acciones de inconstitucionalidad generales en contra de leyes, reglamentos y disposiciones de observancia general, así como de las apelaciones de las sentencias de amparo dictadas por la CSJ. Por tanto, se justifica la existencia de, por lo menos, siete magistrados. Sin duda, las inhibitorias y las ausencias temporales de los magistrados de la CC también explican que el número de togados sea de diez.

Además, el volumen de trabajo de la CC ha aumentado significativamente, lo que, en la práctica, exige una participación permanente de los magistrados suplentes en la adopción de decisiones y demás actuaciones.

En todo caso, no es lógico ni razonable que los magistrados suplentes de la CC, integrantes del máximo tribunal constitucional del país, puedan, simultáneamente, desempeñar la magistratura y ejercer la profesión de abogado (práctica privada), que conlleva, incluso, el litigio en materia constitucional. Esta actuación simultánea en la magistratura y en el ejercicio de la abogacía da lugar a que se presenten incompatibilidades y a que ocurra una mayor posibilidad de conflicto de interés.

De suerte que, más temprano que tarde, debe ponerse fin a la dualidad de trabajo profesional de los magistrados suplentes de la CC, sea a través de: (i) Reformar la LAEPC, en el sentido de que dichos magistrados suplentes no puedan ejercer las profesiones de abogado y notario, lo que supondría que sean remunerados de la misma manera que los titulares; o (ii) Reformar la Constitución, en el sentido de que, en vez de cinco magistrados titulares y cinco suplentes de la CC, se designen diez magistrados propietarios, y que estos se distribuyan la gestión por sorteo o, en su caso, a través de cámaras especializadas.

Por otro lado, debería reflexionarse sobre lo siguiente: (i) Que el periodo de funciones de los magistrados de la CC sea personal y, asimismo, que el mismo sea de diez años; (ii) Que la integración de la CC se renueve parcialmente cada dos años, a razón de dos magistrados, un titular y un suplente, o, en su caso, de dos propietarios, con posibilidad de ser reelegidos; (iii) Que los aspirantes a las magistraturas de la CC, además de contar con 15 años de graduación universitaria, ostenten créditos profesionales registrados en el CANG, que demuestren fehacientemente su capacidad, idoneidad, experiencia y honradez.

 

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